Entre los propósitos de la norma está el de acabar con una “regulación excesiva, obsoleta (con normas preconstitucionales) y conflictiva entre los profesionales", para lo cual, se establece un nuevo mapa de obligaciones de colegiación y se simplifican las reservas de actividad existentes.

En opinión del gobierno la nueva regulación, integrada en el Plan Nacional de Reformas,  es necesaria para mejorar la competitividad de un sector (el de servicios) que supone alrededor del 30% del empleo universitario. No obstante, su contenido ha desatado las airadas protestas de la totalidad de los sectores afectados, que la ven excesiva e innecesaria, además de poco eficaz para conseguir los fines que pretende.

Estos cambios no afectan por igual a cada colectivo, siendo la misma norma, beneficiosa para unos y perjudicial para otros. Según el diario “El País”, este anteproyecto de liberalización de distintos sectores profesionales prevé las siguientes novedades:

- Arquitectos. El anteproyecto eliminaría la reserva exclusiva de actividad que prevé la Ley de Ordenación de la Edificación, de forma que también los ingenieros con competencias en edificación podrían proyectar y dirigir obras de viviendas o edificios públicos. En este sentido, el propio presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Jordi Ludevid, alerta de que estas modificaciones “podrían poner en peligro el trabajo del sector productivo ligado a la arquitectura”. Algunas opiniones consideran que la reforma “favorecerá el intrusismo profesional”.

- Arquitectos técnicos. Se mantiene la colegiación obligatoria para la firma de proyectos y dirección de obras, pero se suprime la reserva exclusiva de la dirección de la ejecución de la obra.

- Ingenieros industriales. Se mantiene la colegiación obligatoria para la firma de proyectos y dirección de obras en las ingenierías, pero prevé la “supresión de restricciones horizontales” por especialidades: las nueve ingenierías existentes.

- Ingenieros de caminos, canales y puertos. Estos profesionales son los que más vehemente defienden su especialidad, ya que aseguran que no todo el mundo puede hacer un puente o una presa. En este sentido, el diario recoge unas declaraciones del presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan Antonio Santamera, que asegura que defenderá “dos reservas de actividad específicas: las obras hidráulicas y las infraestructuras de transporte”, por “razones de seguridad” y de respeto al medioambiente.

- Abogados y procuradores. Si el abogado es quien asesora y dirige un pleito, y el procurador quien le representa ante los tribunales, el anteproyecto prevé que los primeros puedan ejercer la profesión de los segundos sin necesidad de colegiarse como procuradores.

- Farmacéuticos. Según el diario, el cambio en este sector supone una “enorme preocupación, ya que se contempla suprimir “la reserva exclusiva de la propiedad y titularidad de las farmacias al farmacéutico”, por lo que cualquier persona podría abrir una farmacia, aunque detrás del mostrador tenga que haber un farmacéutico. Fuentes del sector consultadas por El País señalan que esta medida podría “mercantilizar” el sector: “en cuatro días, la mayoría de las farmacias podrían estar en manos de un par de grandes cadenas que además venderían sus propios fármacos genéricos”.

En definitiva, y según recogió el diario Cinco Días, cuando ya en mayo pasado el Gobierno avanzó ante la Comisión Europea la liberalización de estos servicios, el Plan Nacional de Reformas del Gobierno de Rajoy apuntó que el sector de los servicios profesionales “es uno de los de mayor capacidad de contribución al crecimiento económico”. Por lo tanto, el objetivo que se marca el Ejecutivo es el de “fortalecer el principio de libertad de acceso y ejercicio en todas las actividades profesionales”. Además, se pretende eliminar “las barreras injustificadas y desproporcionadas en la prestación de servicios profesionales”, lo que favorecería la competencia y la prestación de servicios a un mejor precio.

El editorial de este diario económico, considera, en cambio, que “se trata, a priori, de una tarea compleja y en la que será necesario conjugar bajo criterios de equilibrio y eficiencia, el mantenimiento de una especial tutela en aquellos ámbitos en los que la seguridad de las personas está especialmente expuesta con la exigencia de eliminar obstáculos que ahogan la actividad profesional”

Más contundente se muestra el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, que ha señalado al diario Expansión, que “lo mejor que podría pasarle a esta ley es que no saliera adelante, porque tiene más aspectos negativos que positivos”. De hecho, los decanos de los colegios de abogados ven con preocupación que la ley pueda permitir que sólo los letrados que ejercen ante los tribunales tengan que colegiarse. Por ejemplo, se opone el decano del Colegio de Abogados de Reus, Pere Lluis Huguet, ya que “la colegiación es obligatoria por la concurrencia de valores superiores que merecen protección, en nuestro caso los derechos fundamentales, y pueden vulnerarse dentro y fuera del ejercicio ante los tribunales, por ello resulta absurda la diferenciación”.

Por otra parte, el Instituto de la Ingeniería de España y la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros, ya emitieron un informe en septiembre, en el que recuerdan la reciente adaptación que ha supuesto en España la adaptación a las titulaciones universitarias para su adecuación al Plan Bolonia, y que “el núcleo general de conocimientos académicos es sumamente específico en cada una de las ramas de ingeniería. De esta forma, parecería absurdo que alguien que haya obtenido los conocimientos que le habilitan para ejercer una concreta profesión regulada de ingeniero pudiera disponer de atribuciones profesionales sobre un área ajena a sus conocimientos”.

Los ingenieros advierten, por tanto, de que “alcanzar conclusiones en sentido contrario supondría un serio desconocimiento de la realidad social actual y conllevaría una trasgresión clara del reciente esquema por el que España se ha adaptado al citado marco europeo de titulaciones del que, además, se podrían derivar consecuencias imprevisibles e irreparables. Además, sumiría en una incertidumbre e inseguridad jurídica a los titulados, por la extraña posibilidad de disponer atribuciones en materias que les son totalmente ajenas, con el evidente riesgo que esto supone cuando se está hablando de actividades que tienen una influencia directa en la seguridad de las personas”.

En un ámbito más concreto de la ingeniería, Juan Antonio Santamera, en un artículo publicado el pasado lunes en Cinco Días, asegura que “los ingenieros de caminos creemos que una mayor competencia en los servicios ha de ser positiva para la economía, pero no de manera desordenada ni exacerbada, si no queremos que la competitividad mal entendida termine deteriorando la solvencia de las prestaciones”.