“No hay trabajadores para las pensiones” (Expansión, 11 de mayo)

 

En su columna habitual en Expansión, Miguel Valverde advertía, el pasado lunes, de que “la población lleva dos años descendiendo. En 2012, llegó a su techo histórico, con 47,2 millones de ciudadanos. En 2014, la cifra bajó a 46,7 millones y, por varias razones, es muy probable que continúe cayendo en los próximos años”. Así, el autor alertaba de la caída de la natalidad y el consiguiente envejecimiento de la población. Un efecto que, además, ha sido agravado en los últimos años por la pérdida de trabajadores, fruto de la crisis económica.

 

Valverde asegura que “España necesita ocupación y mucha población activa que la alimente. A medio plazo, será la única forma de que las pensiones públicas permitan que sus perceptores puedan vivir con una cierta dignidad. Que no continúe el proceso de recortes en el que han entrado en las dos últimas legislaturas, porque puede llegar un momento en el que las prestaciones contributivas sean iguales que una mera renta asistencial”. 

 

“Varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” (El Mundo, 14 de mayo)

 

De nuevo “varapalo” a la reforma laboral define el diario El Mundo al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocido esta semana, en el que determina que la norma española “infringe la directiva (sobre despidos colectivos)” al introducir “como única unidad de referencia a la empresa y no el centro de trabajo”. La aplicación de dicho criterio, según el fallo, “conlleva obstaculizar el procedimiento de información y consulta establecido en la directiva, cuando, de haberse utilizado como unidad de referencia el centro de trabajo, los despidos habrían debido calificarse de despido colectivo”.

 

Por su parte, el diario El País explica como, hasta ahora, “las empresas no han considerado despidos colectivos a muchos casos que se han llevado a cabo por no haber llegado al umbral del 10% necesario ya que la totalidad del referente era la empresa en su conjunto. Este medio también recoge la valoración del secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, que asegura que la sentencia es “una pega más a la reforma laboral. No es un problema de los jefes, sino de la deficiente arquitectura jurídica”.

 

“Los jueces de asalto” (Federico Durán, en Expansión, 13 de mayo)

 

Precisamente, y al hilo de otras sentencias que recientemente han cuestionado aspectos de la reforma laboral, el catedrático de Derecho del Trabajo, Federico Durán, de Garrigues Abogados, argumenta que “no cabe duda de que muy relevantes decisiones judiciales han supuesto una corrección significativa de las pretensiones del legislador, sobre todo en los aspectos fundamentales de la reforma: la flexibilidad interna, la flexibilidad externa a través de los despidos económicos y la negociación colectiva”.

 

Respecto a la flexibilidad interna, Durán señala que, pese a la intención del legislador de hacer más flexibles las modificaciones de condiciones de trabajo, “las novedades derivadas de la reforma se van reabsorbiendo en los viejos esquemas interpretativos. A lo cual no es ajeno el Gobierno, que, al regular el procedimiento de inaplicación de condiciones de trabajo, consagra los viejos planteamientos de sometimiento de la decisión empresarial a un juicio de adecuación y proporcionalidad, más allá de la simple comprobación de la concurrencia de la causa”. Mientras, en relación con los despidos económicos, “parece imponerse el criterio de que el control judicial no debe limitarse a comprobar la subsistencia de la causa (de los hechos) en que pretendan fundarse, sino que ha de alcanzar a la adecuación de la medida empresarial, valorando su razonabilidad y su proporcionalidad”.

 

Por último, según el autor, la negociación colectiva no ha cambiado, “ni parece que sus protagonistas tengan ninguna prisa por hacerlo. Y el impulso a su modernización mediante el punto final a la aplicabilidad del convenio vencido, ha cosechado un sonoro fracaso, tanto por el virtuosismo interpretativo de los jueces como por la actitud conservadora de los propios negociadores”, sostiene Durán.

 

“España tiene el doble de jefes que de jefas” (El País, 12 de mayo)

 

Uno de cada cinco empleados en España son jefes en distinto grado (con subordinados a su cargo en el trabajo), según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). En concreto, existen 3,387 millones de jefes de todo tipo. De ellos, 2,2 millones son hombres, y 1,1 millones son mujeres. Según los datos que refleja el diario El País, “la disminución de jefes se ha situado en el 18% desde el año 2008, en línea con el descenso de empleados, que ha sido del 16%”.