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Revista de prensa - 13 de feb.
"Grecia debe 1.500 euros a cada familia española" (Juan Ramón Rallo, en Libre Mercado, 11 de febrero)
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“Un pacto salarial que conviene a todos” (El Economista, 17 de febrero)

Mientras continuaban las negociaciones del acuerdo salarial para el periodo 2015-2017, el diario económico Expansión ponía de relieve, en su editorial, que “los agentes sociales deben evitar la fijación de aumentos salariales excesivos que puedan asfixiar a las pequeñas y medianas empresas que se referencian a este acuerdo –las grandes pactan directamente con sus trabajadores- justo cuando han comenzado a tomar aire gracias a la mejora del crédito y del consumo interno tras años de fuerte restricción de la liquidez bancaria y caídas de las ventas”.

El editorial, además, advierte del actual contexto social y político, y se refiere a las “mejoras” en materias tales como flexibilidad que ha introducido la reforma laboral. “Una senda en la que conviene seguir avanzando frente a las propuestas regresivas del POSE y de otras formaciones populistas de izquierda para evitar que en el futuro los ajustes internos que deban realizar las empresas vuelvan a provocar una intensa destrucción de empleo”.

Por su parte, el diario El Economista también dedicó su editorial del pasado martes a la relevancia que alcanza “un pacto salarial que conviene a todos”. Aunque este medio reconoce que el acuerdo, de cara al alza contemplada para este año, se acerca al 1%, sí apunta que “los escollos surgen en relación a 2016 por la insistencia de CCOO y UGT de aprovechar la recuperación. Sin embargo, conviene seguir sacando réditos de la actual inflación negativa, que contribuye a mejorar la renta de las familias y el consumo, sin alzas salariales comprometedoras”. Y es que, como también destacó esta semana el diario Expansión, gracias a la caída de los precios, y pese a la moderación salarial, se ha ganado poder adquisitivo.

En concreto, según publicó este medio, el incremento salarial medio pactado en los convenios es del 0,63%. Se trata de la subida más elevada de las retribuciones desde 2012, cuando subieron un 1,16%. Sin embargo, la subida del 0,63% está en línea con las recomendaciones que está haciendo a sus afiliados la patronal CEOE, hasta una horquilla del 0,8%. Con todo, la subida del 0,63% es 1,9 puntos más que la inflación, que en tasa interanual cayó en enero un 1,3%.

Sin embargo, por la parte empresarial, esta semana también ha habido una advertencia de la CEOE, que, según publicó El Economista, “detecta caída de competitividad por el repunte de los costes laborales”. Así, en el último informe sobre el panorama general de la economía española, el Servicio de Estudios de la CEOE señala que una de las consecuencias del notable repunte del empleo es “el agotamiento de las ganancias de productividad”, de forma que cualquier aumento de los costes laborales “se trasladaría a los costes laborales unitarios con la consiguiente pérdida de competitividad de la economía española”.

Así, en la Junta Directiva que la patronal celebró el pasado miércoles, varios empresarios coincidieron en “pedir a los negociadores patronales que no tengan prisa por firmar”, ya que “es mejor firmar un buen pacto, aunque sea tardando más, y a nosotros no nos urge”, tal y como recogió el diario Cinco Días. Según estas fuentes, se puede superar el planteamiento inicial que proponía subidas salariales del 0,6% este año y del 0,8% en 2016, “pero no más allá del 1% en ninguno de los dos años”.

“Una sugerencia de discurso para Alexis Tsipras” (Expansión, 17 de febrero)

Hoy viernes concluye el plazo que dio el Eurogrupo a Grecia para pedir una prórroga del rescate, que vence el 28 de febrero. “Si el programa actual, expira, Atenas perderá acceso a los últimos desembolsos (unos 3.600 millones de euros y 11.000 millones para recapitalizar sus bancos) y quedará a su suerte financiera”. El diario Expansión también recogió la propuesta del Gobierno griego para extender el préstamo del rescate, “aunque no su condicionalidad”. Sin embargo, “desde Bruselas el mensaje es claro: para ampliar el préstamo es necesario ampliar también las condiciones bajo las que este se concede”. Según el economista Juan Pedro Marín, “está claro que el Gobierno heleno desea estirar la cuerda hasta el límite, apostando todo al sentido de responsabilidad de sus socios. De eso trata esencialmente la actual partida de ajedrez que enfrenta al ministro Varufakis con sus colegas de un Eurogrupo resignado a ofrecer un dinero que Grecia necesita urgentemente a cambio tan solo de reconocer el cumplimiento de sus obligaciones como punto de partida”.

Mientras, en el análisis del corresponsal en Bruselas de este medio, Miguel Roig, se señala que “Grecia no tiene un deadline el 28 de febrero para llegar a un acuerdo con el Eurogrupo, tiene dos, y están relativamente fuera de su control: cuándo se quedará sin dinero y cuándo se le acabará la paciencia al BCE”. Dicho esto, Roig añade: “cuando uno de estos dos ocurra, Tsipras se verá probablemente obligado a aplicar controles de capital a sus bancos –una especie de corralito a la argentina-, especialmente si el deadline que salta es el del BCE desenchufando a la banca griega del sistema. Entonces, el Gobierno de Syriza decidirá qué hacer. Y no tendrá muchas opciones para elegir”.

Este autor también sugiere un discurso a Alexis Tsipras en el que asuma que “no queda otra opción” que aceptar un acuerdo del Eurogrupo. En ese hipotético mensaje, el primer ministro griego aceptaría a sus conciudadanos que, “para cumplir el programa electoral que os prometí, necesito el dinero de los contribuyentes del resto de países del euro” y “la mejor forma para pedir más dinero a nuestros socios no es amenazar con quitas de deuda a los 195.000 millones que ya nos han prestado”.

Por su parte, el diario La Razón recogía los datos del Instituto de estudios Bruegel, en los que “Atenas tiene vencimientos en marzo de unos 4.500 millones de euros, de los que alrededor de 2.300 millones de euros irían para pagar al FMI y a otros acreedores. Por lo tanto, la necesidad de financiación para Grecia es más que urgente”. Según este medio, hasta el verano, Grecia necesita 10.000 millones, para lo que ha propuesto a Europa obtener un “crédito puente” que le permita hacer frente a los pagos y ganar tiempo para pensar en una reestructuración de la deuda a largo plazo.

El diario también recuerda que Europa ha prestado a Grecia desde la crisis unos 240.000 millones de euros, dinero aportado por los socios europeos, el BCE y el FMI. En total, la deuda de Grecia supera los 300.000 millones de euros, equivalente al 170% de su PIB este año, según datos de la Comisión Europea.

“Vuelva usted mañana: la burocracia sigue instalada en las autonomías” (ABC, 15 de febrero)

De esta forma, el diario ABC se hacía eco del reciente estudio de CEOE para la eliminación de trabas administrativas. Según este documento, solo en 2014 se editaron 813.256 páginas en sus boletines oficiales, un 1,6% más, mientras que el Estado las redujo un 3% aunque aprobó 706 normas estatales. La apuesta del informe es “legislar menos y de manera más sencilla, pensando en los empresarios y ciudadanos que deben cumplir las normas”.

La conclusión del estudio es que la legislación española es “densa, prolija, y, en no pocos casos, confusa”. “Hay muchas cuestiones que pudieran y debieran modificarse para que sea un instrumento de competitividad y productividad. En España, existen 17 ordenamientos jurídicos además del estatal (y el local), dando lugar a diferencias importantes en la forma de desarrollar diversas materias y, en ocasiones, a conflictos con normas de aplicación general”.

“El 32% de los jóvenes se plantean ser funcionarios” (ABC, 18 de febrero)

El diario recoge los datos del informe “Young Business Talents”, en el que se indica que los jóvenes españoles son los europeos que más se plantean ser funcionarios como mejor opción de futuro profesional, con un 32%, por encima del resto de los países del sur de Europa: los italianos (17%), los griegos (13%) y los portugueses (11%).

“La tarifa plana de 100 euros permite crear 200.000 contratos fijos” (La Vanguardia, 18 de febrero)

Así lo aseguró esta semana la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, en referencia a esta medida que consiste en una reducción a cien euros en las cotizaciones por contingencias comunes para nuevos contratos indefinidos. En concreto, esta medida, prorrogada hasta el 31 de marzo, ha beneficiado a 200.951 personas, según informó la ministra.

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