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Revista de prensa - 06 de feb.
"El difícil equilibrio salarial" (Suplemento Dinero, de La Vanguardia, 1 de febrero)
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“Grecia debe 1.500 euros a cada familia española” (Juan Ramón Rallo, en Libre Mercado, 11 de febrero)

Así titulaba la sección económica de Libertad Digital el artículo publicado por el economista Juan Ramón Rallo, que contabiliza la parte de la deuda griega correspondiente a la economía española. En primer lugar, en forma de “préstamos bilaterales”, y según la participación española en el capital del Fondo Monetario Internacional, durante el primer rescate a Grecia, la exposición española sería de 7.000 millones de euros.

En segundo lugar, por la participación española en el Banco Central Europeo, durante la compra de deuda griega a través del programa Securities Market Purchase, entre 2010 y 2012, habría que añadir un total de 2.500 millones de euros. Por último, y en tercer lugar, estaría la exposición española al segundo rescate griego, a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF) y el FMI, que sumaría 18.775 millones de euros más. Con todo, “llegamos a una exposición total de España a Grecia de más de 28.000 millones de euros”, apunta Rallo.

El experto asegura, por tanto, que, “si Grecia no paga su deuda, cada familia española experimentará un empobrecimiento adicional de 1.500 euros como media. Eso, claro, siempre que optemos por seguir pagando la deuda pública: si hacemos default, entonces no pagaremos nada por el agujero griego. Mas, en tal escenario, ése sería con diferencia el menor de nuestro problemas”.

El plan griego choca con el Eurogrupo

Las alarmas de los socios europeos se encendieron este pasado fin de semana, cuando el primer ministro griego, Alexis Tsipras, cumplió “a rajatabla” su programa electoral y anunció, en el Parlamento de Atenas, medidas tales como “ayuda alimentaria, electricidad gratuita y pleno acceso a la sanidad de los más castigados por la crisis”. En su intervención, Tsipras rechazó una ampliación del rescate. Según recogió Expansión, “solo pide un crédito puente hasta concluir las negociaciones para elaborar un programa de crecimiento”. Este medio también apuntaba que, según fuentes consultadas por Financial Times, “el Gobierno de Barack Obama está presionando a los líderes europeos para que den algo de manga ancha al país heleno, ya que el miedo a un enfrentamiento prolongado podría dañar la economía global”.

Sobre la cuestión griega, también se pronunció, el pasado martes, el presidente fundador de la patronal madrileña CEIM, en su columna habitual en ABC, que apuntaba: “los responsables de Syriza del nuevo Gobierno radical-populista de Grecia, “de raíces comunistas”, según The Economist, han encontrado el rechazo frontal de las máximas autoridades europeas –parlamentarias, de la Comisión y bancarias- a sus pretensiones de quita de la deuda y unas impecables, a mi juicio, respuestas alemanas a sus primeras medidas: ‘a nosotros también nos han elegido’, ‘tomar decisiones con el dinero de los demás es muy aventurado’, ‘estamos de acuerdo en que estamos profundamente en desacuerdo”. Es esencial que Bruselas no ceda en lo fundamental pues crearía un gravísimo precedente e impulsaría movimientos radicales de izquierdas como Podemos en España o de derechas como el Frente Nacional en Francia”.

Mientras, el diario El Economista preguntaba al consejero ejecutivo del BBVA, José Manuel González-Páramo, acerca de la hipótesis de una Grecia fuera del euro. Este reconoció que “es el menos probable de los escenarios, pero desafortunadamente su probabilidad no es cero”. En tal caso, ¿habrá contagio? Según el experto, “a corto plazo, el contagio será pequeño, pero a medio y largo plazo no sería bueno que se probara que el euro es reversible”. Eso sí, González Páramo incide en que no se puede establecer paralelismos entre Grecia y España: “se mire como se mire: en tamaño de la economía, del sistema financiero, situación económica, posición en el ciclo, ritmo de creación de empleo, solidez del sistema bancario… no es posible ver ese paralelo, y el mercado no lo ve tampoco”.

Sin embargo, ya el martes, diarios como El País anunciaban que Atenas “rebajaba sus exigencias”. Por ejemplo, en materia de negociación de la deuda, “Atenas pretende renegociar hasta finales de agosto un alivio financiero de la deuda, con 240.000 millones en manos de la UE y del FMI. E insiste en acabar con la troika. El ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis propone un canje de los bonos actuales por deuda ligada al crecimiento o deuda perpetua”. Sin embargo, los socios “apenas ven margen para rebajar intereses y ampliar plazos”. Finalmente, el pasado miércoles, llegó el día de la reunión del Eurogrupo, en la que las propuestas griegas “chocaron de frente”. Tal y como informaba Expansión, al día siguiente: “nadie esperaba un acuerdo ayer por la noche y, por supuesto, no lo hubo, pero la reunión se torció tanto que no se consensuó ni un comunicado conjunto”.

“La OCDE insta al Gobierno a unificar la indemnización por despido” (El País, 10 de febrero)

El pasado lunes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) insistió en “la necesidad de volver a modificar la regulación laboral, tres años después de la amplia reforma puesta en marcha por el Gobierno del PP”. Tal y como recogió el diario El País, “los expertos del foro de los países industrializados reclaman cambiar otra vez la indemnización por despido, la negociación colectiva y el sistema de políticas activas de empleo”.

Por ejemplo, tal y como defiende el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, “la indemnización por despido tendría que establecerse de forma uniforme, con el fin de que en todos los tipos de contratos sea baja en un principio y aumente con la permanencia en el puesto”. Además, y pese a la devaluación salarial registrada en los últimos tres años, la OCDE tampoco cree que el sistema de negociación colectiva garantice que “los salarios respondan con mayor rapidez a las condiciones económicas en caso de choques adversos”, es decir, que bajen para evitar que lo que se produzcan sean despidos masivos.

“El empleo vuelve a reclamar a los seniors” (Suplemento ABC Empresa, 8 de febrero)

“De los 5,457 millones de desempleados en España, más de un millón tiene más de 50 años. Para ellos, la fecha de nacimiento es un impedimento para entrar en el mercado, una barrera prácticamente insalvable. ‘A mi edad…’, contesta el que ha llamado a muchas puertas cerradas en las narices. Muchos ya han perdido la esperanza de encontrar empleo tras años de búsqueda. Aunque ahora parece que para ellos se enciende una luz”.

Así lo demuestra un reportaje publicado, el pasado domingo, en el suplemento económico de ABC, en el que señala que “seis de cada diez empleos creados en 2014 fueron para mayores de 50 años”. Según los estudiosos consultados por este medio, “las compañías han comenzado a darse cuenta de que los trabajadores de más edad tienen mayor compromiso y fidelidad que otros colectivos, entre otras cuestiones porque la mayoría cuentan con cargas familiares y, en muchos casos, vienen de estar en el paro o de permanecer en él durante mucho tiempo”.

Para el responsable de asuntos laborales de CEIM, Francisco Aranda, “por un lado, las empresas empiezan a ver tímidas mejoras en los mercados, tras un largo periodo muy duro, así que buscan incorporar perfiles con experiencia, que se adapten rápido al puesto y sin necesidad de formación”. Este también manifiesta que “los perfiles más seniors tienen un mayor grado de compromiso y fidelidad con el proyecto, ya que suelen soportar cargas familiares”.

“Las micropymes son el segmento empresarial que menos tarda en pagar” (El Economista, 9 de febrero)

Y es que, “cuanto más pequeña es la empresa en número de empleados, menos tarda en pagar a sus proveedores”. De esta forma, El Economista se hizo eco del “limitado poder de negociación” de estas empresas (lo que les obliga a cumplir antes sus plazos de pago), a la luz de los datos aportados por el último estudio de Solunion, según los cuales, “mientras en Europa el plazo medio de pago es de 46 días (desde la fecha de emisión de factura hasta su cobro efectivo), en España se sitúa en torno a los 99”. Por el contrario, y como ya adelantó este mismo diario en noviembre, “las empresas del Ibex tardan más del doble que las pymes en pagar sus facturas”.

“Incapacidad temporal: el Supremo amplía la protección al interesado” (El Economista, 10 de febrero)

Tal y como dispone el Tribunal Supremo, en una sentencia del 2 de diciembre de 2014, “en los casos de agotamiento de la Incapacidad temporal (IT), una vez transcurrido el período de 365 días que la Ley permite, producida un alta médica por curación, se ha de mantener el percibo de la prestación por parte del interesado hasta la fecha en que la correspondiente resolución administrativa le sea notificada”. Así, el Alto Tribunal “zanja una controvertida cuestión: el momento en que el beneficiario de una prestación de la Seguridad Social por IT cesa su percibo”, informó El Economista.

“III aniversario de la reforma laboral” (Iñigo Sagardoy de Simón, Expansión, 12 de febrero)

Según el abogado y profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Francisco de Vitoria, Iñigo Sagardoy de Simón, “hay consenso” de que el cambio de ciclo del mercado de trabajo, fruto de la reforma laboral, se ha consolidado sobre todo en este último año 2014. El experto sostiene que “España es ahora el país que más empleo crea en toda la zona euro, dónde todavía existen países que siguen incrementando su desempleo. Por lo que se refiere a la calidad del empleo, la contratación indefinida creció en un 19% respecto al 2011, siendo en la actualidad las tres cuartas partes de la contratación total de carácter permanente”.

Sin embargo, Sagardoy de Simón advierte de que “la tasa de paro sigue siendo muy elevada, inaceptable para una economía como la nuestra, de nuestro tamaño y de nuestro tejido empresarial; todavía el paro juvenil es una lacra para nuestro mercado de trabajo y muchas personas siguen sin encontrar el empleo deseado y con las condiciones que preferirían. Por ello, hay que seguir con reformas que activen de forma más rápida el empleo, creen más estabilidad en el mismo y consigan hacer más empleables a los trabajadores que vuelven al trabajo.

“Los pequeños empresarios siguen sin acudir al concurso” (El Economista, 11 de febrero)

“Las pequeñas empresas, que suponen un 95% del tejido empresarial español, siguen sin acudir a este mecanismo ante dificultades en su solvencia. Los datos arrojan, además, que menos del 5% de los procedimientos corresponden a los autónomos”. Así reflejó el diario El Economista los datos del informe “Segunda Oportunidad. Situación actual y perspectiva de mejora”, del Consejo General de Economistas. Tal y como sostienen los economistas, la actual Ley Concursal y la Ley de Segunda Oportunidad no garantizan un acceso fácil para los pequeños empresarios y los autónomos. “Se ha legislado para las grandes empresas y no ha servido para las pymes”, según el presidente del Consejo, Valentín Pich.

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