“El difícil equilibrio salarial” (Suplemento Dinero, de La Vanguardia, 1 de febrero)

Este fin de semana, mientras patronal y sindicatos negociaban el pacto de rentas, el periodista económico Mariano Guindal ponía de relieve los beneficios económicos que ha tenido la moderación salarial de los últimos años. En su balance, explicaba que, en 2012, “los salarios sometidos a la negociación colectiva subieron un exiguo 0,5% con una inflación del 2,4%. Aquel año se perdieron 363.000 empleos, la mitad de los que se habían destruido un año antes durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando los salarios crecían más que la economía”.

Asimismo, “el siguiente ejercicio volvía a repetirse la situación, las rentas salariales aumentaron un 0,6% con un IPC del 1,4%. Esta pérdida adicional del poder adquisitivo de los salarios limitó la destrucción de empleo en el 2013 a unos 189.000 puestos de trabajo”. Según Guindal, también el año pasado, los salarios cayeron una décima y “esa fue una de las razones que permitieron ganar competitividad a la economía española y que se convirtió en una de las principales palancas para que el PIB creciera el 1,4% y se crearan 430.000 empleos netos”. Además, Guindal añade que, paradójicamente, “a pesar de la moderación en el incremento de los sueldos, las rentas de los trabajadores no perdieron poder de compra, dado que los precios en España disminuyeron más de un punto”.

En cuanto al avance de las negociaciones, la prensa nacional se ha hecho eco de las todavía posturas enfrentadas de patronal y sindicatos en materia de subidas salariales contempladas en el futuro acuerdo. Por ejemplo, según reflejaba Expansión, “CCOO y UGT proponen a los empresarios que en 2015 haya una subida salarial del 1,5%, más cláusula de revisión frente a la inflación”. Por la otra parte, El Economista señalaba el miércoles que CEOE propone una subida salarial del 0,6% para este año y del 0,8% en 2016.

Este medio, que señala haber tenido acceso al documento con los criterios salariales de CEOE, recoge que, para la patronal, cualquier negociación salarial deberá tener en cuenta tres elementos esenciales:

1. La fluctuación que introduce cualquier variación en el precio del petróleo en la inflación y las medidas del Banco Central Europeo (BCE), que “pueden hacer que la inflación comience a subir a finales de 2015 y, en consecuencia, cualquier referencia al IPC en el criterio salarial, traslada toda la incertidumbre y el coste asociado al sector empresarial, mientras que asegura a los trabajadores el poder adquisitivo”.

2. Recurrir a la inflación como variable de incremento salarial “retroalimenta el crecimiento de los precios”.

3. El “escenario de incertidumbre” en el que se encuentra la economía española, con elecciones generales a finales de 2015, y “la bastante volatilidad” de los mercados financieros por la propia inestabilidad del entorno europeo, que “pueden afectar a la recuperación del ciclo económico”.

Además, según este documento, CEOE alerta de que una subida significativa de los salarios supondría un aumento de los costes laborales y, por lo tanto, además de perjudicar a la competitividad, conllevaría una barrera de entrada al mercado laboral para los desempleados. La patronal también advierte de que no respetar la moderación salarial daría “menos margen a los negociadores” si quieren introducir criterios de salario variable. Es decir, “si el punto de referencia de incremento salarial en el AENC es, por ejemplo, un 1% y un sector quiere introducir criterios de negociación variable y tiene cláusula de garantía, el coste salarial podría aumentar, por lo menos, entre el 1,5 y 2%”.

CEOE también reconoce que, “en España, para reactivar el consumo, la creación de empleo pesa más que el incremento de los salarios”.  De hecho, señala que, a falta de conocer los datos definitivos de 2014, en un contexto de moderación salarial y creación de empleo, “la demanda interna podría aportar un crecimiento al PIB de 2 puntos porcentuales y el consumo privado aumentaría alrededor del 2%”.

“El coste laboral, alineado con Europa” (Cinco Días, 2 de febrero)

En línea con la moderación salarial, el diario Cinco Días puso de relieve que, tras años en los que los costes laborales crecieron fuertemente en España, provocando un menoscabo en nuestra competitividad frente a los socios europeos, por fin se ha absorbido este sobrecoste. Según el artículo publicado el lunes, “el exigente ejercicio de devaluación interna de costes y la consiguiente moderación salarial llevada a cabo en los tres últimos años no ha sido en balde”.

Así, y aunque “la entrada en la moneda única desató un desaforado avance de los costes laborales unitarios (CLU) en España, muy superior a los de los competidores de la zona euro”, la “fuerte y sostenida contracción que aún continúa y que ha sido suficiente para absorber el sobrecoste acumulado respecto a Europa”. De hecho, desde 2000, los CLU han avanzado en España el 22,23% y en la zona euro, el 22,76%.

Además, según los datos del Banco de España, “los costes laborales unitarios acumulan ya en España cinco años de descensos, con una contracción nominal agregada del 7,8%, lo que supone una media de caída anual del 1,56%”. El reportaje también incide en la importancia que ha tenido la reforma laboral para el cambio de tendencia: “la reforma laboral y la presión de una crisis interminable facilitó el entendimiento de empresas y sus plantillas para rebajar los salarios y, en la medida de lo posible, mantener el empleo existente”.

“Una reforma ‘razonable’” (El Mundo, 3 febrero)

Así se refiere el Tribunal Constitucional a la reforma laboral, que esta semana ha tumbado los recursos del PSOE y de IU, que planteaban que el hecho de que el empresario pueda modificar unilateralmente las condiciones de trabajo previstas, en “acuerdos o pactos colectivos”, vulneraba el derecho a la negociación y a la libertad sindical.

Según informa el diario La Razón. El Constitucional rechaza que se produzcan esas infracciones constitucionales por dos motivos principales (puede descargar la sentencia del Constitucional aquí). En primer lugar, al entender que la limitación del derecho a la negociación colectiva persigue “procurar el mantenimiento del puesto de trabajo en lugar de su destrucción”; y, en segundo lugar, porque la facultad del empresario de modificación unilateral de las condiciones de trabajo “se concibe únicamente como alternativa al fracaso de la negociación previa y preceptiva con los representantes de los trabajadores”, esto es, a los sindicatos.

Del mismo modo, el Constitucional también rechaza que la reforma laboral suprima la obligación del empresario de acreditar la “concurrencia de la causa extintiva” y de justificar la “razonabilidad del despido”. En este punto, el Alto Tribunal desestima de plano que se haya implantado un despido “basado en una libérrima discrecionalidad empresarial”.

Por su parte, el diario El Mundo recoge que el recurso también cuestionaba el cambio del artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores para conceder prioridad al convenio de empresa con respecto al convenio sectorial. En cambio, la sentencia explica que la norma “parte de la consideración de la empresa como un espacio especialmente propicio para la negociación colectiva de cara a la fijación de las condiciones de trabajo que resulten ajustadas a las concretas características y necesidades de la empresa y sus trabajadores”. Por esa razón, “ha optado por dar preferencia al resultado de una negociación descentralizada”, mediante un convenio de empresa.

“La banca de inversión, en alerta por el ‘efecto Syriza’ en España” (El Mundo, 3 de febrero)

Los acontecimientos en Grecia tienen “ramificaciones especialmente sustanciales en España”. Así lo apuntaba el martes el diario El Mundo, haciéndose eco del aviso de JP Morgan. También, Citi alertó de que “la victoria de Syriza supone “un nuevo impulso” para los Partidos Nuevos, Alternativos y, a menudo, Extremistas (NEAP, por sus siglas en inglés)”. Por otra parte, un informe de Goldman Sachs difundido el lunes “ayudó a ahuyentar a los inversores”, al recomendar “cerrar exposiciones a la periferia (Italia y España) hasta que haya más claridad sobre las negociaciones entre Grecia y las autoridades europeas”. Mientras, Barclays subrayó que “las negociaciones (entre el Gobierno de Grecia y la troika) serán seguidas muy de cerca desde España, en especial en lo que a la reestructuración de la deuda respecta”.

Precisamente, en su columna habitual en ABC, el presidente de honor y fundador de la patronal madrileña CEIM, José Antonio Segurado, se hacía eco de las nuevas condiciones planteadas por el nuevo gobierno griego con relación a su deuda. A este respecto, el empresario recuerda que “la ayuda total entregada hasta hoy de 240.000 millones de euros –de ellos, 26.000 millones aportados por España- requiere su devolución, con las facilidades posibles si hay compromisos serios, pero sin quitas”.

El pasado miércoles, tanto el Gobierno alemán, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, se mantuvieron “inflexibles” al planteamiento griego de una renegociación de su rescate, y, según informa Cinco Días, “emplazan a Grecia a cumplir con lo pactado”. Por ejemplo, en cuanto a la propuesta del ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, de transformar los 27.000 millones de euros en bonos griegos comprados por BCE en deuda perpetua, el presidente del emisor, Mario Draghi, según fuentes citadas por Efe, dejó claro al ministro griego que Fráncfort no aceptará ni ese  ni ningún tipo de reestructuración”. Además, “el BCE podría vetar o restringir las líneas de liquidez del Banco de Grecia si Atenas no alcanza algún tipo de acuerdo con sus acreedores, aunque sea provisional”.

Por otra parte, y tal y como informa El País, “el Gobierno de Rajoy se ha colocado en los últimos meses más cerca de las posiciones de Angela Merkel que de las reclamaciones de más flexibilidad de los gobiernos liderados por socialdemócratas en Francia e Italia. En esta nueva crisis, Rajoy no se coloca abiertamente con Alemania que rechaza la disolución de la troika, pero casi”.

Esta semana también fue la primera subasta de deuda griega con el Gobierno de Alexis Tsipras, que, según Cinco Días, “sufrió” al colocar 812,5 millones de euros en letras a seis meses por las que pagó un interés del 2,75%, por encima del 2,3% que ofreció este tipo de deuda en su anterior emisión.

“Los autónomos podrán librarse de su deuda a los tres años de ir a concurso” (El País, 5 de febrero)

“El Gobierno dará a los trabajadores autónomos que hayan presentado concurso de acreedores tres años para pagar sus deudas. Y si en ese plazo no las han podido afrontar en su totalidad, y un juez da su visto bueno, podrán quedar totalmente liberados de pagarlas. Todo el pasivo a excepción del que tenga con la Seguridad Social, del que solo se podrá librar de la mitad”. De esta forma, El País se hacía eco, ayer jueves, en un borrador de ley en el que el Ministerio de Justicia recoge “las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional”.