“CEOE y sindicatos acercan posturas para el pacto salarial” (Expansión, 29 de enero)

Los agentes sociales tratan de cerrar el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, “que debía haber entrado en vigor el pasado día 1 de este mes, tras caducar el que ha estado vigente en el periodo 2012 y 2014”. Según informaba el lunes ABC, “como era de esperar, el principal escollo está siendo la revisión salarial que recomendará el nuevo acuerdo”. El rotativo cita a “fuentes conocedoras de las negociaciones” que revelan que, “mientras los sindicatos pretenden recuperar rápidamente el poder adquisitivo perdido por los trabajadores durante los últimos años, la patronal plantea una revisión al alza, pero suave, de los salarios”.

En concreto, CEOE propone que “la revisión salarial debería vincularse fundamentalmente al PIB (Producto Interior Bruto), pues es el indicador que mejor refleja la situación del país”. Según las fuentes consultadas por el periódico, “si la economía va bien, va bien para todos, empresarios y trabajadores”. Por la otra parte, “los sindicatos no quieren en esta ocasión que se fijen horquillas a los incrementos de salarios para que sean los propios sectores los que negocien las subidas”. Tal y como apunta una fuente de CCOO, “en unos se podrán incrementar más y en otros menos”.

Por su parte, el diario Cinco Días señalaba el miércoles, según fuentes sindicales consultadas, que “los responsables de CCOO y UGT estiman que los trabajadores, en cualquier caso deben ganar poder adquisitivo. Y para ello creen que la recomendación salarial debe partir de las previsiones de inflación de los Presupuestos Generales del Estado (0,6%) y sumar las del aumento previsto de la productividad (0,7%). De esta forma, ‘habría que partir como mínimo de alzas salariales del 1,3%’, siempre y cuando la economía crezca en los parámetros previstos por el Gobierno”.

Según ABC, “otra cuestión que tampoco se ha resuelto aún es la duración del nuevo acuerdo, que en las anteriores ocasiones fue de tres años y en esta se han barajado las dos opciones. Que fuesen tres o dos años. La última propuesta es que sea para 2015, 2016 y 2017”. A modo de conclusión, en su editorial del lunes, ABC afirmaba que, en líneas generales, “se impone la prudencia y la contención en los incrementos salariales, porque no se pueden echar las campanas al vuelo” y, sin embargo, tras años de congelación, añade: “estamos en el punto de partida de una etapa distinta”

Por otra parte, el acuerdo también se ha visto afectado por la reciente sentencia por la que el Tribunal Supremo defiende que, tras la pérdida de vigencia del convenio, se siguieran aplicando las mismas condiciones laborales que regían hasta ese momento. Según señalaba el pasado martes, Diario de Navarra, los agentes sociales respetarán “el periodo de vigencia de sus efectos (que la reforma laboral fija en un año a partir del fin del convenio si no se ha acordado otro plazo entre las partes)” y, una vez transcurrido, recomiendan acudir “a la mediación o al arbitraje”. Por su parte, el diario La Razón adelantaba que “lo más probable es que el acuerdo que regirá el destino de los salarios de los españoles durante 2015 y 2016 se concrete a lo largo de la próxima semana, durante los primeros días de febrero”.

Finalmente, tras una semana de múltiples versiones acerca de esta negociación, el diario Expansión concluía ayer jueves que  “los agentes sociales esperan que la semana que viene se pueda cerrar la renovación del acuerdo de los convenios para el próximo trienio”. Según esta última información, los sindicatos habrían “cedido un poco” y habrían admitido la propuesta de la CEOE de poner cifras concretas a la recomendación de los salarios para 2015. Ayer también, el diario El Economista adelantaba que el pacto recogerá una subida salarial mínima del 0,6% para este año”.

“Tsipras reta a la UE con subidas de gasto y el freno a las privatizaciones” (ABC, 29 de enero)

En un artículo publicado el lunes, el director general de El Confidencial, Alberto Artero (con el seudónimo “S.McCoy”) advertía, ante el triunfo de Syriza en las elecciones griegas, que “cuidado con los que desde España valoran las políticas rupturistas del que se perfila como nuevo primer ministro como un acto de liberación, de ruptura con el yugo opresor de Europa. A esa esperanza se puede oponer a corto plazo una terrible experiencia: la de ser expoliados si Syriza se niega a repagar lo debido en tiempo y forma”.

Artero apunta a la deuda helena, de 320.000 millones de euros (equivalente a un 175% del PIB) y de cómo “Grecia nos debe un 3% de nuestro Producto Interior Bruto”. Es decir, “entre los participantes en el pool de organismos públicos financiadores, se encuentra España, con una exposición de 33.000 millones de euros entre préstamos, garantías, saldo en el Target 2 o participación en bonos del Eurosistema”.

Un reflejo de esta preocupación también asoma en el desafío planteado esta semana por el Gobierno de Alexis Tsipras a las instituciones europeas. El diario ABC recogía ayer que, “en el primer consejo de ministros celebrado tras las elecciones, se ha anunciado que habrá un alto a las privatizaciones, y se ha reafirmado la puesta en marcha de las promesas electorales con un mayor coste económico: subida del sueldo mínimo a los 751 euros, electricidad gratis para 300.000 familias necesitadas, subida de las jubilaciones y readmisión de numerosos funcionarios despedidos. Además de su insistencia en renegociar sin muchas concesiones la deuda pública”.

“La reforma laboral dispara los descuelgues salariales en las pymes” (ABC, 26 de enero)

La reforma laboral (Ley 3/2012) flexibilizó la posibilidad de acogerse a los descuelgues salariales. Así, y tal y como reflejó el lunes el diario ABC, “los convenios pierden peso hasta el punto de que la inaplicación de las cláusulas salariales se ha disparado. Cada vez, son más las empresas que deciden desmarcarse de los incrementos salariales pactados en convenios de ámbito superior y que, por lo tanto, son de aplicación obligada”.

El reportaje arroja datos como los de que, “si entre marzo y diciembre de 2012, fueron 748 sociedades las que no aplicaron el convenio por razones económicas –lo que afectó a 29.352 trabajadores-, el año pasado se llevaron a cabo más de 2.000 descuelgues de convenios por 1.831 empresas distintas- una misma empresa puede haber llevado a cabo varios descuelgues- que afectaron a 66.203 trabajadores, según refleja el balance de negociación colectiva que ha elaborado CEOE.

La ley prevé cuatro causas para que una empresa pueda descolgarse de un determinado convenio colectivo: económicas, técnicas, organizativas y productivas. Y se entiende que “concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas”.

“El gasto en pensiones crece hasta 8.164 millones” (La Razón, 28 de enero)

“Mes tras mes, tanto el número de pensionistas como el gasto para mantener sus prestaciones aumentan batiendo récords”. De esta forma, el diario La Razón se hacía eco de que la nómina de las pensiones contributivas alcanzó en enero los 8.164 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 3,1% respecto al mismo mes del año pasado. Por otra parte, el importe medio de la pensión de jubilación alcanzó los 1.011 euros mensuales, un 2,1% más que en enero de 2014.

“El gasto en bajas laborales retrocede un 35,2% desde el inicio de la crisis” (Cinco Días, 27 de enero)

“El miedo a perder el empleo, la caída del número de trabajadores por la crisis y los cambios habidos en el sector público respecto a cómo se retribuye a los trabajadores cuando causan baja han hecho que el gasto por incapacidad temporal (IT) cerrara el año pasado con un nuevo descenso del 2,72% respecto al ejercicio anterior. Desde 2008, el desplome es del 35,2%, si bien para este año ya se espera un alza del 1,32% por la mejora del mercado laboral”. En el año 2008, la Seguridad Social gastó 7.533,9 millones de euros en incapacidad temporal, el volumen más elevado de la serie histórica.

Este mismo medio informaba ayer, además, de que, desde 2008, las bajas laborales caen un 18% en el sector público y un 28% en el privado. “Según la encuesta de costes laborales, que elabora trimestralmente el INE, los empleados de la Administración pública no trabajaron un promedio de 5,16 horas al mes por IT en el tercer trimestre de 2014, cuando en idéntico periodo de 2008 eran 6,29 horas. Esta reducción del 17,9% se eleva a una media del 28,3% en el sector privado”.

“El empleo temporal es inevitable” (Expansión, 29 de enero)

En su columna habitual en el diario Expansión, Miguel Valverde, se hace eco de los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y reconoce que “es verdad que la izquierda parlamentaria y los sindicatos critican con repetición que el empleo está creciendo de forma precaria: es decir, con el trabajo temporal y salarios bajos”. Según el autor, “son argumentos tautológicos. Siempre habrá trabajo temporal en una economía que tiene sectores muy potentes que actúan fundamentalmente con este tipo de empleo: el turismo y sus alrededores; la hostelería, el comercio o la agroalimentación, entre otros menos. Incluso, en este escenario es hasta lógico tener un 25% de los asalariados con trabajo temporal, y un 16%, con contratos a tiempo parcial específicos”. De hecho, añade: “en Holanda, un 50% de la población laboral trabaja con este tipo de empleo, y un 27% en Alemania y Reino Unido. Sin embargo, todo el mundo habla de sus bajas tasas de paro”.

“Hacienda movilizará 4.000 millones en créditos a tipos bajos para pymes” (Cinco Días, 27 de enero)

El pasado lunes, Hacienda firmó un acuerdo con la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones cuyo objetivo es movilizar 4.000 millones de euros en préstamos a pequeñas y medianas empresas españolas a tipos de interés más bajos que los del mercado. Para ello, se utilizarán como aval 800 millones que han aportado las autonomías procedentes de sus fondos estructurales hasta 2020.

Tal y como publicaba Cinco Días, está previsto que esta iniciativa beneficie a 32.001 pymes españolas, de las que 10.551 estarán situadas en Madrid, 3.932 en Andalucía, 3.556 en Valencia, 3.030 en Extremadura, 2.640 en Cataluña, 1.157 en Castilla-La Mancha y unas 1.121 en Castilla y León, entre otras comunidades.

“Mutación del mercado laboral” (Suplemento Tu Economía, de La Razón, 25 de enero)

Así, el pasado domingo, el suplemento económico del diario La Razón reflejaba cómo “la subcontratación de empresas constituye una tendencia imparable” y, paralelamente, “los autoempleados ganan protagonismo frente a los trabajadores por cuenta ajena”. Según las cifras aportadas en el reportaje, “en 2020, el 40% de la población ocupada en el sector privado será por cuenta propia”.

El diario también recoge una entrevista al presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, para el que “la externalización forma parte del dinamismo de la nueva economía, tanto en el sector servicios como en el industrial. Es otra forma de flexibilidad y de ajustar costes. Pero hay que hacer un buen diagnóstico que determine cuándo es eficiente externalizar procesos, y cuáles son los que forman parte de la actividad principal y del núcleo del negocio”.

“La producción de coches cierra el año con su mejor dato desde 2009” (Cinco Días, 27 de enero)

En concreto, “el repunte de las matriculaciones en España, la aprobación continuada de planes de estímulo a la renovación del parque automovilístico de turismos PIVE y de vehículos comerciales PIMA y la diversificación de los destinos de exportación de los vehículos españoles han conseguido que el año pasado las 17 fábricas españolas ensamblaran 240.000 vehículos más que el año anterior”. Según los datos de la patronal Anfac, “en total, 2,402 millones de unidades fabricadas, un 11,08% más de lo producido el año anterior”.