“Los tribunales rechazan la mitad de los ERE tras la reforma laboral” (ABC, 8 de diciembre)

El diario ABC recogía el lunes que “el largo y complicado proceso judicial, así como la disparidad de criterios jurídicos, crea una gran inseguridad a empresas y trabajadores”. En un reportaje, se informaba de que, “en las últimas semanas se ha conocido que los tribunales han rechazado despidos colectivos o Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que afectaban a un importante número de trabajadores de distintas empresas e incluso de un sindicato. Entre ellos están los casos de Coca-Cola (821 empleados), Transportes Buytrago (892), Atento (672), Ayuntamiento de Estepona (176), UGT de Andalucía (159), empresa de limpiezas del hospital de Ciudad Real (150) y Freimar (322)”.

A este respecto, “los motivos por los que los distintos tribunales han echado para atrás estos y otros ERE, aproximadamente el 50% del total de los presentados tras la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy en febrero de 2012, son dispares, aunque abundan los que responden a cuestiones puramente procedimentales y en los que ni siquiera se ha llegado a entrar en el fondo del expediente”.

En el artículo, ABC recoge la opinión de distintos expertos, como la del socio de Laboral de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Jordi Puigbó, que explica que “a lo largo de 2015 deberíamos tener ya una jurisprudencia importante del Tribunal Supremo sobre los requisitos formales para la tramitación de los ERE". Puigbó insiste en que la mayoría de las anulaciones son “por defectos formales” y esto ocasiona que “no se resuelva el despido, es un coste para la empresa y un sufrimiento para el trabajador”.

El experto subraya que, aunque los ERE “están muy trabajados técnicamente y jurídicamente, hay inseguridad jurídica por la dispersión de criterios. Las varas de medir no son siempre las mismas en los tribunales. Por eso esperamos que el Supremo empiece a clarificar criterios”. Este mismo medio también recoge una estadística que muestra que, en los nueve primeros meses del año un total de 8.493 empresas han adoptado medidas de regulación de empleo, un 50,3% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

“El Supremo falla que todos los trabajadores tienen derecho a la pausa del bocadillo” (El País, 10 de diciembre)

Siguiendo en el plano de la jurisprudencia laboral, el pasado miércoles, El País se hacía eco de un fallo del Tribunal Supremo, ratificando una sentencia de la Audiencia Nacional, en la que se aclaraba que estimaba una demanda de la Central General de Trabajadores (CGT) contra Logista por prohibir disfrutar de la pausa del bocadillo a los contratados tras 2010. Así, “la firma de un convenio nuevo no es excusa para que una empresa prohiíba a parte de su plantilla disfrutar de la pausa del bocadillo”.

“Coste laboral, competitividad y empleo” (Cinco Días, 11 de diciembre)

Así titulaba el diario Cinco Días un editorial en el que apuntaba que “la evolución de los costes laborales se ha desenvuelto en los tres últimos años en una horquilla que bien puede considerarse moderación salarial, ese concepto acuñado, pactado y practicado en la transición política y económica que facilitó la convivencia del avance del empleo y de los excedentes, en un clima de muy aceptable paz sociolaboral”. En concreto, desde la segunda mitad de 2012, el comportamiento de los salarios nominales ha estado oscilando entre el 0% y el 1%, con una muy buena parte de las actividades económicas en tasa negativa”. El artículo concluye apuntando que “la sociedad no puede admitir otra vuelta de tuerca con reducciones de costes, pero sí debe encadenar al menos otro trienio de moderación salarial, que con inflación cero puede proporcionar mayor poder adquisitivo, para consolidar la recuperación iniciada y trasladarla al empleo, la mejor fórmula para redistribuir la riqueza generada”.

“El Gobierno interviene en las mutuas” (Expansión, 9 de diciembre)

En la Ley de Mutuas, “que está a punto de aprobar el Senado, lejos de estimular su independencia, el Gobierno ha aumentado el control sobre estas entidades. Un análisis de la norma muestra que el Ejecutivo ha decidido profundizar en su intervención. Todo lo contrario de lo que prometió Mariano Rajoy”, tal y como firma Miguel Valverde, en su columna de Expansión.

Este se hace eco de dicha reforma y apunta que “el Gobierno ha prohibido a las mutuas que compitan entre ellas para captar más empresas clientes y, en consecuencia, las ha obligado a vender sus sociedades de prevención de riesgos laborales, para evitar que con recursos públicos, como las cotizaciones sociales, quiten mercado al sector privado. Es más, en la ley refuerza la obligación de las mutuas de seguir destinando sus excedentes por cotizaciones sociales a la Seguridad Social”.

Valverde también destaca que “las mutuas son más eficaces que la Seguridad Social y que la sanidad pública en el control de la prestación”. De hecho, “el proceso por enfermedades y accidentes de trabajo en estas entidades tiene una duración media de 33 días, mientras que con la sanidad pública es de 58 días. Si se trata de enfermedades comunes –una gripe, migraña, lumbago o trauma por causas deportivas, entre otras- el proceso en las mutuas es de 39 días, mientras que en la Seguridad Social, la duración media es de 47 días”.