“España es uno de los países que más castiga a las rentas altas” (Libertad Digital, 15 de octubre)

De esta forma, Libertad Digital se hace eco de los datos de la OCDE, recogidos por la Tax Foundation, y que demuestran que España es el cuarto país rico con un mayor nivel de IRPF para las rentas altas. Tan solo estaría por detrás de Suecia, Dinamarca y Francia, con tasas del 56,7%, 56,2% y 54,1%, respectivamente. De media, el tipo de España es del 52%, aunque si atendemos a los recargos autonómicos vigentes, Cataluña, por ejemplo, elevaría su tramo hasta el 56%. Por el contrario, países como Austria, Luxemburgo y Noruega no alcanzan el 45%.

“Al acecho del fraude en las ayudas a parados” (editorial de Expansión, 13 de octubre)

Así titulaba el editorial de Expansión, que anunciaba que “el Gobierno se ha marcado como objetivo en la lucha contra el fraude conseguir dar de baja en 2015 a unos 400.000 perceptores irregulares de ayudas al desempleo”, y añadía: “una cifra llamativa, pues supone una sexta parte de los actuales beneficiarios de prestaciones por desempleo, lo que permite hacerse una idea de los niveles de fraude que el Ministerio de Empleo estima que se están produciendo en el mercado laboral”.

En concreto, el Gobierno esperaría ahorrar 2.100 millones de euros por combatir las infracciones en el desempleo, casi el 50% de los 4.426 millones de euros previstos de reducción del gasto en la protección por desempleo para 2015. El presupuesto total es de 25.003 millones de euros, con un descenso del 15% respecto a este año. El diario económico también subraya que “se hace necesario un compromiso político para que las ayudas y los subsidios pasen a estar vinculados de forma taxativa a que los beneficiarios se dediquen de una forma activa a la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo y a formarse para aumentar de esta manera su empleabilidad”.

“Los autónomos que contraten no perderán la ayuda de 50 euros” (Expansión, 16 de octubre)

Expansión se hizo eco ayer de otro anuncio del Gobierno, relativo a los beneficios para autónomos. Tal y como anuncio la ministra de Empleo, Fátima Báñez, los autónomos que contraten a un asalariado mantendrán el pago de 50 euros mensuales a la Seguridad Social en concepto de cotizaciones sociales. Lo que popularmente se conoce como la “tarifa plana”. Hasta ahora, el autónomo que contrataba al primer asalariado perdía esta ventaja en las cotizaciones sociales, lo que es una barrera más para la creación de empleo.

“Control a empresas que hinchan las bajas” (El Mundo, 15 de octubre)

Esta semana, el diario El Mundo también informaba de que “la Seguridad Social pretende utilizar la aplicación del nuevo sistema de liquidación de cuotas sociales, por el que las sociedades recibirán una factura con el cargo de las cotizaciones a pagar en lugar de proceder a su autoliquidación, para evitar que las empresas hinchen el número de días de baja por enfermedad de los trabajadores y así reducirse el pago de cotizaciones que se compensan”.

De esta forma, se hacía eco de unas declaraciones del secretario de Estado, Tomás Burgos, en las que señalaba que la Tesorería diseña un nuevo protocolo para controlar las situaciones de incapacidad temporal “que absorben al año un gasto de casi 1.200 millones. De esta forma, se sigue las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que hace unos meses denunció que entre octubre de 2010 y diciembre de 2012 se habían producido 1,9 millones de bajas laborales (el 64% del total) sin control por ‘la falta de comprobación’”.

“Bañez afirma que España ‘no competirá en salarios bajos, sino en talento’” (ABC, 14 de octubre)

Además de en talento, nuestro país también será competitivo en “capital humano” e “innovación”, así lo recogió ABC. La ministra también aseguró: “cuando llegué a este cargo, uno de cada dos jóvenes no tenía una oportunidad laboral; ahora, la tasa de empleo de los jóvenes crece el doble que el resto”. Báñez añadió que, en la actualidad, hay 74.700 parados menores de 30 años menos que cuando empezó la legislatura y que la estrategia de emprendimiento y empleo joven ya beneficia a 180.000 personas”.

“La CEOE avanza que España creó durante el tercer trimestre 110.000 empleos” (El Economista, 14 de octubre)

También son optimistas los análisis de la patronal, para la que el panorama general de la economía española percibe una “gradual recuperación” del mercado laboral. Según recogió El Economista, el último informe elaborado por el Servicio de Estudios de CEOE estima que la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de este año, que el Ministerio de Economía hará pública a finales de octubre, registrará “un aumento de los ocupados de unas 110.000 personas”, mientras que la tasa de paro se reducirá hasta el 23,9% de la población activa.

CEOE también crítica los Presupuestos Generales del Estado para 2015, en el sentido de las políticas que afectan a la actividad empresarial, que pese a registrar un aumento presupuestario “todavía están muy lejos de recuperar los niveles de gasto anteriores a la crisis”.

“El despido tributará a partir de 180.000 euros” (Expansión, 11 de octubre)

Según publicó el fin de semana Expansión, Hacienda ha rectificado uno de los puntos más polémicos de su reforma fiscal: la tributación de la indemnización por despido. En su Anteproyecto de ley, estableció en 2.000 euros el umbral mínimo exento de tributación por año trabajado a partir del 20 de junio de 2014. Ya a mediados de julio, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció un cambio radical en el modelo previsto: la cantidad exenta de tributar se eleva a 180.000 euros y se convierte en una cuantía fija, siguiendo así el modelo foral vasco y navarro.

“Las eléctricas rechazan los requisitos de Soria para ceder el déficit de 2013” (Cinco Días, 13 de octubre)

Cinco Días se hacía eco esta semana del informe remitido por Industria a la CNMC, con la propuesta de real decreto por el que se regulará el procedimiento de cesión de los derechos de cobro del déficit de tarifa del año pasado y que desarrolla la metodología de cálculo del tipo de interés que devengarán los citados derechos de cobro. Según asegura este diario, las eléctricas han rechazado las condiciones que impone Industria para la titulización de la deuda porque temen que, con ellas, carezcan de garantías para la completa recuperación de la deuda.

En concreto, el anexo del real decreto establece que las eléctricas deben titulizar esa deuda con un interés referenciado al euríbor a ocho años más el 0,85%. “¿Y si no se consiguen estas condiciones en el mercado?”, se preguntan las afectadas, que consideran que este mecanismo es discriminatorio respecto al que se ha permitido a Escal UGS en el rescate de almacenamiento de gas Castor.