Se exige la retirada del Decreto Ley 16/2013, que incluyó nuevas cotizaciones sobre retribuciones en especie
Enfado en CEOE a causa de las nuevas imposiciones de la política recaudatoria del Gobierno. Ésta fue la sensación el pasado miércoles en la patronal que, tras la sesión de su Junta Directiva, se trasladó por unanimidad un mensaje contundente al Gobierno: que retire el Real Decreto Ley 16/2013, que incrementó las cotizaciones sociales sobre retribuciones en especie e incluyó otras por conceptos que hasta ahora estaban excluidos como las aportaciones a planes de pensiones, seguros médicos o incluso vales de guardería. Los empresarios también reclaman que se constituya una comisión con los agentes sociales para "analizar el impacto económico y social y las consecuencias legales de integrar en el salario los conceptos que no lo son".
Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contrataciķn estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores BOE
Y es que, según CEOE, las medidas que se incluyeron, casi de tapadillo, en el BOE del pasado 21 de diciembre, conllevan un “castigo recaudatorio con el que no estamos de acuerdo”, según fuentes recogidas por el diario Cinco Días, y suponen un grave perjuicio tanto para empresarios como para trabajadores y, por tanto, al conjunto de la actividad económica. Además, la patronal advierte de que esta iniciativa “debería haber estado precedida de la preceptiva consulta como es habitual en este ámbito, y no de forma precipitada como ha sucedido en este caso, especialmente cuando el coste puede representar, como mínimo, un punto de cotización de Seguridad Social”.
Impacto económico de la medida: 3600 millones de euros
Concretamente, según este cálculo, el impacto que tendría esta subida de cotizaciones estaría en 3.600 millones de euros, una estimación muy alejada de los 900 millones que barajó el Ministerio de Empleo. Las nuevas cotizaciones suponen, además, una “puntilla adicional” al incremento en cinco puntos de las bases máximas de cotización que aprobó el Gobierno por segundo año consecutivo y que, de por sí, representa un impacto de 750 millones al año.
Además, algunos sectores, como el de la Federación Estatal de Hostelería y Restauración (que será muy perjudicada por el incremento de retribuciones sobre los vales de comida), han denunciado los efectos que la medida va a tener para su sector: en este caso, podría suponer la pérdida de 275.400 clientes, además de una reducción de facturación en 498 millones de euros y, en consecuencia, una destrucción de 10.000 empleos en bares y restaurantes, según las fuentes de Cinco Días.
El plante de CEOE a la política impositiva del Gobierno
“Indignación y hartazgo contra la política impositiva del Gobierno”, así describió el clima en CEOE ayer jueves 16 de enero, en portada, el diario El Economista, que en su editorial señala que “el plante de CEOE, que piensa expresar al Gobierno por carta su malestar, es el mejor termómetro para señalar el profundo desacuerdo de la patronal con la política fiscal y de cotizaciones del Ejecutivo. Las empresas, que han hecho un gran esfuerzo para superar las vicisitudes de la crisis, se sienten defraudadas por el incumplimiento sistemático de las promesas electorales”, y añade: “el Ejecutivo debe rectificar y, por lo menos, no subir más las cotizaciones”.
Las críticas de CEOE fueron respondidas por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, quien simplifica la denuncia de los empresarios cuando, obviando el verdadero alcance económico de la medida, afirma que “la competitividad no depende los vales de comida”, según declaraciones recogidas por el diario El País. En una entrevista ayer en la Cadena SER, Burgos mantiene que “el trabajador tiene derecho a cotizar por la globalidad del salario percibido y esto adquiere una dimensión que les acaba perjudicando y que es incompatible con la sostenibilidad del sistema”.
Por otra parte, y según recoge Europa Press, incluso los partidos de la oposición en el Congreso creen que la decisión de obligar a que empresas y trabajadores coticen a la Seguridad Social también por las retribuciones en especie sólo provocará más paro y nuevas pérdidas salariales para los españoles, y critican que el Ministerio de Empleo no haya negociado con los agentes sociales antes de aprobar esta medida. Por ejemplo, la portavoz socialista de Seguridad Social, Isabel López i Chamosa, pronostica que la medida supondrá una pérdida de esos beneficios sociales (cheques restaurante, ayudas al transporte, etc.) y que supondrá “una rebaja más de los salarios en concepto de otros ingresos que tenían los trabajadores”.
Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, compareció ante los medios de comunicación y señaló que "en un momento en el que ya se inicia el crecimiento económico, nadie entendería que en una empresa la política social se realice en función de la cotización o no o de los recursos de la Seguridad Social". Según las declaraciones recogidas por la agencia EFE, si el cheque guardería o la aportación a un plan de pensiones "es bueno" para la conciliación del trabajador o para sus derechos futuros, la ministra dijo no entender que deje de serlo porque se tenga que cotizar por ello a la Seguridad Social.
Por ejemplo, la nueva normativa ha pasado a incluir las aportaciones que algunas empresas hacen a planes de pensiones en nombre de sus trabajadores. Así como, hasta el Real Decreto 16/2013, las mejoras de las prestaciones de la Seguridad Social distintas a la Incapacidad Temporal (que incluyen las contribuciones por planes de pensiones y sistemas alternativas) estaban exentas de computar en la base de cotización, ahora estas aportaciones tendrán un recargo adicional del 23,60% para la empresa, así como del 4,70% para el trabajador. Por otra parte, los pluses de transporte y de distancia, así como hasta ahora sólo computaba aquella cantidad que excediera sobre el 20% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), pasará ahora a cotizar por su importe íntegro. Esta medida, combinada con el aumento del tope de la tarifa máxima en un 5%, encarecerá notablemente esta medida complementaria de la acción protectora de la Seguridad Social, obligando a su cotización cuando, precisamente, desde el propio Gobierno se viene recomendando el establecimiento de estos planeas ante el incierto futuro del importe de las pensiones. En muchos casos se dará la paradoja de que el exceso de cotización ahora establecido, además de encarecer las aportaciones para la empresa y el trabajador, no tenga efecto alguno sobre la futura pensión de los ciudadanos, por estar limitada por unos topes que hacen inútil la sobrecotización.
Asimismo, pasarán a cotizar por su importe íntegro la entrega gratuita o a precio inferior al de mercado de acciones o participaciones de la empresa o empresas del grupo (hasta ahora, sólo cotizaba por la cantidad que excediera de 12.000 euros anuales), así como las entregas de productos a precios rebajados que se realicen en comedores de empresa (ahora la cotización era por la cantidad que excediera de nueve euros al día). También pasan a cotizar las asignaciones en forma de primas de contrato de seguro por accidente de trabajo o la prestación del servicio de guarderías.
Incremento de las cotizaciones a los autónomos
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ya emitió un comunicado la semana pasada en el que denunciaba las subidas de las cotizaciones empresariales aprobadas por el Gobierno durante las últimas semanas. En concreto, CEPYME considera que estos incrementos de las cotizaciones responden a la necesidad de aumentar los ingresos públicos, ya que si bien no se suben los tipos de cotización, sí lo hacen las bases mínimas y máximas para la inmensa mayoría de las empresas, con especial incidencia en las pymes y los autónomos.
En concreto, los incrementos aprobados por el Gobierno que recogió CEPYME en su comunicado son los siguientes:
1.- Sube un 2% la base mínima de cotización para los autónomos. Es decir, se pasa de los 858,60 euros de base mínima a los 875,70 euros. Esto significa que la cuota mínima mensual de 256,72 euros sube a 261,83 euros.
2.- Sube un 5% la base máxima de cotización, también para los autónomos, por lo que se eleva de 3.425,70 euros a los 3.597,00 euros.
3.- En cuanto a los autónomos societarios (que necesariamente deben de cotizar como tales por poseer un porcentaje significativo del capital de la empresa) y para los autónomos con más de 10 trabajadores, la base mínima de cotización se eleva hasta los 1.051,50 euros, por lo que la cotización mínima mensual sube desde los 256,72 euros a 313,34 euros; es decir, un dramático incremento del 22%.
4.- También, y en general, tanto empresas como autónomos y trabajadores cotizarán desde este mes de enero por conceptos hasta ahora excluidos, como son el plus de transporte, los cheques comida o determinados gastos de manutención, entre otros. Esta medida, que modifica el artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social, tiene también un claro objetivo recaudatorio, con el objeto de lograr la sostenibilidad del sistema.
A estos cuatro puntos se suman, además, otras dos medidas adoptadas por el Gobierno en diciembre pasado, que también empeoran el marco legal para las pymes.
Se trata, por un lado, de la supresión de la cobertura del FOGASA en caso de extinciones de contratos por causas objetivas, en empresas de menos de 25 trabajadores. Esta medida, denunciada en su momento por CEPYME, elimina uno de los criterios de solidaridad impulsados por los agentes económicos y sociales, cuyo principal objetivo era colaborar con las pequeñas empresas para que pudieran adaptar sus plantillas en momentos de dificultad y siempre por causas objetivas.
Y finalmente, la injustificada desaparición de los aplazamientos en los pagos de las retenciones del IRPF de trabajadores y profesionales (Modelo 111), tan importantes en muchos momentos del ejercicio para las pymes, debido a las frecuentes tensiones de tesorería que provoca la alta morosidad, fundamentalmente del sector público. Un nuevo perjuicio que, por el momento y muy lamentablemente, oscurece el posible impacto positivo del IVA de caja.
Comunicado de CEOE, 15 de enero de 2014
La Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de CEOE han analizado las consecuencias económicas y jurídicas del Real Decreto Ley 16/2013 y han acordado, de forma unánime, pedir al Gobierno la retirada del mismo y la constitución de una comisión con los agentes sociales para analizar detalladamente el impacto económico y social y las consecuencias legales de integrar en el salario los conceptos que no lo son.
CEOE considera que una iniciativa que afecta a las contribuciones sociales de empresarios y trabajadores debería haber estado precedida de la preceptiva consulta como es habitual en este ámbito, y no de forma precipitada como ha sucedido en este caso, especialmente cuando el coste puede representar, como mínimo, un punto de cotización de Seguridad Social.
Los empresarios quieren recordar que el incremento continuo que se está produciendo en las cotizaciones sociales con estas medidas y con el incremento del 5% de las bases máximas minan la competitividad de las empresas y la creación de empleo y ponen en riesgo la incipiente recuperación.
Comunicado de CEPYME, 15 de enero
El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEPYME, que se han reunido hoy en sesión conjunta en Madrid bajo la presidencia de Jesús Terciado, han acordado pedir al Gobierno la retirada del Real Decreto Ley 16/2013 de 20 de diciembre, que modifica el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, en cuanto a los conceptos computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social.
De esta manera, los órganos de gobierno de CEPYME ratifican y reiteran la petición formulada por el presidente de la Confederación a la ministra de Empleo el viernes pasado, fecha en la que Jesús Terciado remitió a la ministra Fátima Báñez una carta en estos mismos términos.
CEPYME considera que la aplicación del Real Decreto Ley 16/2013 tendría un impacto muy negativo en las pequeñas y medianas empresas, tanto en la situación de tesorería de las mismas, como en términos de competitividad. Y sería muy negativo, en este sentido, para el cumplimiento de las actuales expectativas de recuperación de la actividad empresarial y de generación de empleo.
Además de exigir al Gobierno la retirada del Real Decreto Ley, el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEPYME reclaman la constitución de una comisión con los agentes sociales para analizar detalladamente el impacto económico y social del mismo, así como las consecuencias legales de integrar en el salario los conceptos que no lo son.
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