El Gobierno ya última su Real Decreto por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, que supondrá que las empresas dejarán de cotizar por las prácticas de universitarios, una obligación que introdujo el anterior Gobierno socialista en su reforma de las pensiones, y que estableció que los becarios tenían que cotizar siempre que percibieran una remuneración económica.

Sin embargo, el proyecto de Real Decreto del actual Gobierno dispone en su disposición adicional primera, relativa al Régimen General de la Seguridad Social de estos estudiantes, que “los mecanismos de inclusión al sistema no serán de aplicación a los estudiantes que realicen prácticas académicas externas”, lo que supondrá dejar de abonar la cuota de 40 euros mensuales (34,72 euros al mes para el empresario y 6,09 para el becario), por la que el becario genera derechos para jubilación, invalidez e incapacidad temporal, accidente de trabajo o enfermedad común, pero no para desempleo.

En un artículo de “El País”, del pasado 22 de diciembre, subraya que, de las prácticas universitarias, “no se derivarán en ningún caso obligaciones propias de una relación laboral”, y que esto cuenta con la oposición tanto de CCOO como de UGT, si bien hay voces de su federación de enseñanza (FETE), que sostienen que el pago frena la disposición de algunas pequeñas empresas a esta experiencia dentro del currículo. Así lo creen también los rectores, que afirman que “no es tanto una cuestión económica como de gestión. Las altas y las bajas suponen una complicación para las empresas. Las condiciones no están claras y eso crea inquietud”, en palabras del coordinador del área de Empleo de la Conferencia de Rectores, Nicolás Díaz de Lezcano.

CEOE considera que las cotizaciones suponen una barrera para los estudiantes

La Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de CEOE, analizó, el pasado mes de noviembre, este proyecto de Real Decreto, y consideró que cotizar por las prácticas externas de estudiantes universitarios no es acorde con la necesaria política de facilitar formación y empleo a los más jóvenes. Además, entiende que supondrá un problema de gestión para las empresas y una barrera para la incorporación de estudiantes al mercado laboral.

Esta comisión indicó que cotizar por estas prácticas representará también una dificultad para las universidades, al no poder dar respuesta a la demanda de prácticas que realizan los estudiantes. Además, considera necesario preservar el carácter no laboral de estas prácticas porque, en caso contrario, perderían todo su sentido y virtualidad, teniendo en cuenta que ya existen otras modalidades de contratación laboral a las que podrían sumarse los universitarios.

Según informa el propio Ministerio de Educación, el proyecto de Real Decreto recoge y precisa los fines que se pretenden alcanzar con la realización de las prácticas: la contribución a la formación integral de los estudiantes, el complemento de su aprendizaje, la adquisición de una experiencia práctica favorecedora, no sólo de su inserción en el mercado de trabajo sino también de mejora de su empleabilidad futura, y el fomento de los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento.

De esta forma, se regulan tanto las prácticas curriculares como las extracurriculares. Para ello se establecen criterios para la conformación del proyecto formativo en que se concreta la realización de cada práctica con especial mención a la relación directa que ha de existir entre sus contenidos y competencias a adquirir por los estudiantes, todo ello presidido por los principios de inclusión, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, tal y como señala el propio Gobierno.

Por otra parte, también se definen los destinatarios de las prácticas y los requisitos que han de cumplir para su realización, se regulan los derechos y deberes de los estudiantes en prácticas, las tutorías, requisitos para su ejercicio, derechos y deberes de los tutores, contenidos de los informes y memorias en los que se expresan los resultados de las prácticas y normas sobre el reconocimiento académico y acreditación de las mismas así como su oferta, difusión y adjudicación.

También, y en línea con la aplicación del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, y una mayor seguridad jurídica, el Gobierno estima que resulta necesario detallar determinados aspectos relacionados con los programas de formación que dan lugar a la asimilación de los estudiantes a trabajadores por cuenta ajena y la correspondiente inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.