Así lo manifiesta CEOE en su documento “Las reformas necesarias para salir de la crisis”, que presentó la patronal en su Asamblea General de la semana pasada, y en el que analiza la coyuntura y recomienda una serie de medidas tanto en el ámbito económico como en el sociolaboral. Por ejemplo, en el ámbito fiscal, España tiene un tipo máximo en su IRPF del 52% (la media de la Europa de los 27 está en el 38,1%); el tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades en el 30% (la media europea está en 23,5%); y un tipo del IVA en el 21% (países como Alemania tienen el IVA en el 19%).

En definitiva, “la carga fiscal ha aumentado hasta límites difícilmente sostenibles y por encima de los países de nuestro entorno”. Así, CEOE, aunque apoya la necesidad de alcanzar la consolidación entre ingresos y gastos, considera que “la presión fiscal es ya excesiva e incompatible con la lucha por la competitividad de las empresas tan necesaria en este momento”. Por ello, entre otras propuestas, CEOE llama a “eliminar el distinto tratamiento fiscal a empresarios según su condición de persona física o jurídica, mediante la asimilación de la tributación de los rendimientos de actividades económicas en el IRPF a la tributación por el Impuesto de Sociedades”.

En conjunto, Hacienda se embolsó 11.237 millones en 2012, que sirvieron para taponar 1,2 puntos de déficit. Por lo tanto, si la reducción total del déficit en este año fue de dos puntos (del 9% al 7% del PIB), esto significaría que el mayor esfuerzo en la consolidación fiscal se ha debido al alza de los impuestos, y no tanto al ajuste en los gastos, que se ha concentrado en la fuerte reducción de inversión pública, con la consiguiente aportación a la contracción económica.

De hecho, el año pasado, España no sólo no pudo cumplir su objetivo de déficit del 6% sino que la caída de su PIB fue del 1,4%. Por otra parte, el propio Gobierno de Mariano Rajoy reconoce en su Programa Nacional de Reformas que las medidas de consolidación fiscal para este año (por ejemplo, la subida de impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol) aportarán un decrecimiento de la economía del 2,58%.

Así lo refleja “El Mundo” en un artículo del pasado 6 de mayo en el que incide en que el Gobierno popular ha subido 30 veces los impuestos en tan sólo 16 meses. De hecho, ha modificado cinco veces el IRPF, cuatro el de Sociedades y dos el de IVA. Además, ha creado 11 tributos casi totalmente nuevos (entre otros, el impuesto a las Loterías) y prepara otro de carácter medioambiental.

Sin embargo, el programa electoral del PP con el que ganó las elecciones en 2011  concretaba medidas fiscales como el desembolso del IVA para pymes sólo cuando cobraran sus facturas, aplicación del IVA superreducido a la compra de vivienda habitual, generalización del tipo del 25% para grandes empresas y del 20% para pymes, tratamiento fiscal favorable a beneficios reinvertidos e incremento del mínimo familiar exento en el IRPF. Incluso se difundió la idea de rebajar cotizaciones sociales a las empresas a cambio de subir el IVA.

También, desde CEOE aseguran que “resulta imprescindible rebajar la imposición indirecta, que está afectando de manera muy negativa al consumo interno impidiendo su recuperación y, a la vez, perjudicando la competitividad exterior de sectores claves como el turismo. Son necesarias las bajadas inmediatas del Impuesto sobre el Valor Añadido y no deben incrementarse los Impuestos Especiales”.

El informe de reformas de la patronal también reclama la creación de “un marco tributario estable que favorezca la inversión”, ya que, desde el inicio de la crisis, “España ha venido sufriendo una fuga de capitales cada vez mayor y más acentuada en 2012. Según fuentes del FMI, entre junio de 2011 y junio de 2012, esta fuga ascendió a 296.000 millones de dólares, lo que representa el 27% del PIB de 2011”.

CEOE denuncia  además que, en la actualidad, “existen aproximadamente 100 impuestos propios de las Comunidades Autónomas y la cifra crece cada año”, por lo que “resulta imprescindible organizar y coordinar esta dispersión tributaria que afecta sobremanera al concepto de mercado único”. Según el informe, los tributos medioambientales no deberían recaer sobre actividades cuyo efecto negativo sobre el Medio Ambiente “no esté suficientemente justificado y cuantificado”.

Reestructuración del gasto público

En definitiva, se recuerda que el ajuste fiscal no sólo puede hacerse por la vía de los ingresos, sino también por la de los gastos. En este sentido, CEOE lamenta que, en 2012, España fue uno de los países europeos con mayor déficit público (un 7% sin tener en cuenta la ayuda a las entidades financieras) y que el ratio de deuda pública aumentó el año pasado hasta el 84,2%.

Según CEOE, “la reducción del déficit público es vital para recuperar la confianza de los mercados y la credibilidad de la economía española. El equilibrio presupuestario contribuye al crecimiento económico, impide la acumulación de deuda pública y disminuye la prima de riesgo”.

Además, la Confederación apunta que la política presupuestaria debería seguir la estrategia de “priorizar aquellas políticas que impulsen el crecimiento a medio y largo plazo de la economía española y racionalizar aquellas políticas que impulsen el crecimiento a medio y largo plazo de la economía española y racionalicen el gasto del Estado del Bienestar”. De hecho, CEOE advierte de que la austeridad del gasto no puede recaer constantemente en “políticas destinadas a mejorar la competitividad y el potencial de crecimiento de la economía española”, como puede ser el gasto en formación.

Por el contrario, “deberían eliminarse aquellas políticas de gasto que generan ineficiencias, duplicidades y no supongan un servicio esencial ni para los ciudadanos ni para las empresas”. En este sentido, CEOE considera que queda “mucho camino por recorrer” en aspectos como el de “eliminar las duplicidades entre todos los niveles de las Administraciones Públicas para evitar las ineficiencias, mejorar la coordinación y reducir gastos improductivos”. También se llama a “reducir los organismos, agencias y empresas públicas de las Administraciones Públicas, sobre todo, aquellos que prestan servicios que no obedecen ni a criterios de necesidad ni de mejora de la eficacia”.

Poner en valor el sector industrial

El informe de propuestas de CEOE hace un llamamiento también a “la reindustrialización”. De hecho, apunta que, en España, el peso de la industria en el total del Valor Añadido Bruto fue en 2012 del 16,9%, lejos del 26% alemán, y por debajo de la media europea, que se sitúa en el 19,3%. A pesar de ello, la industria en nuestro país tiene un importante peso, ya que da trabajo a más de 2,4 millones de personas y es responsable del 91,5% de las exportaciones de bienes españoles. También, por cada 100 puestos de trabajo creados en la industria, se calcula que en el resto de la economía se crean entre 60 y 200 nuevos puestos de trabajo.

Sin embargo, la pérdida de tejido industrial está siendo más acusada en España, por lo que CEOE afirma que “se hace necesario trabajar en un plan estratégico industrial de largo plazo y con garantías de permanencia, que aporte seguridad jurídica a las empresas, y que contribuya a alcanzar el objetivo comunitario de que el peso de la industria manufacturera represente el 20% del total de la economía europea en 2020, frente al 15,3% actual”. Para esta reindustrialización, habría que aplicar medidas variadas en ámbitos como la formación, la internacionalización, la regulación, la financiación, la I+D+i o la energía.

Principios para la reforma energética

Precisamente, la reforma energética ocupa otro de los capítulos del informe de CEOE. Según señala la Confederación, “el exponencial incremento de costes regulados experimentado en los últimos años lleva inexorablemente a una caída de la competitividad de la industria nacional, al situar los precios finales eléctricos que afronta nuestra industria entre los más altos de la UE. Ello, pese a que los precios del mercado diario españoles se encuentran en el entorno de los de nuestros competidores directos”.

Por otra parte, desde CEOE se advierte de que “el imparable crecimiento del déficit eléctrico tarifario ha convertido al mismo en un problema para la sociedad española en su conjunto, al situarse en el entorno de los 26.000 millones de euros a finales de 2012. En el sector gasista, si bien amplía distancia, también se ha comenzado a generar déficit en las actividades reguladas: según la CNE en su informe a la propuesta de peajes gasistas, en 2013 el déficit podría alcanzar el entorno de los 390 millones de euros”.

Ante este panorama, se propone que, para contribuir a recuperar la competitividad que se ha perdido debido al incremento exponencial de los costes del sector, se debe estudiar cada una de las partidas de los costes regulados, “a fin de extraer de la tarifa eléctrica aquellas que sean exógenas al funcionamiento del sistema eléctrico como tal”.

La patronal también denuncia que, “en los últimos tiempos, el diseño de nuestro sistema energético se ha visto sometido a decisiones de carácter puramente político, que en muchas ocasiones no han tenido en cuenta de forma adecuada la afección de dichas decisiones a la competitividad de nuestra economía. Es necesario revertir esa tendencia, desplazando el peso de las decisiones adoptadas a favor de la defensa de la competitividad”.

Investigación, desarrollo e innovación

CEOE también recuerda el largo recorrido que le queda a España en I+D+i e incide en que uno de los objetivos de la Estrategia Europea 2020 es aumentar el gasto en I+D hasta el 3% del PIB, objetivo que algunos países de la UE, como Finlandia, Suecia y Dinamarca; ya han superado, mientras que en España todavía estamos en el 1,33%. Además, la recomendación de Europa es que el sector empresarial asuma la financiación de dos tercios del gasto en I+D, y actualmente es del 44,3%.

Evolución del gasto interno total en actividades I+D por sector de financiación (% sobre el total)

Por ello, entre otras propuestas, CEOE llama a “revisar las prioridades de gasto y reasignación de fondos a fin de que las restricciones presupuestarias no afecten a un área tan importante para la competitividad como es la I+D+i y el desarrollo de la sociedad del conocimiento”. También se reclama “adecuar la investigación que se realiza en la Universidad y Centros Públicos de Investigación para que se ajuste a las necesidades de las empresas y así rentabilizar la inversión en I+D.

Internacionalización de la empresa española

El documento también pone el acento en algunos datos positivos, como el de elevado ritmo de crecimiento de las exportaciones españolas. “En el año 2012, las exportaciones ascendieron a 222.643 millones de euros, lo que supuso un aumento del 3,8% interanual respecto al año 2011”. Del mismo modo, “la reducción del déficit del saldo comercial y de rentas y, en menor medida, la disminución del saldo negativo de las transferencias corrientes, así como la ampliación del superávit de servicios, contribuyeron a reducir el déficit por cuenta corriente hasta los 8.257 millones de euros. Sumando las balanzas por cuenta corriente y de capital el país redujo su posición deudora frente al exterior hasta los 1.890 millones de euros”.

Sin embargo, y ante el actual contexto de recortes, CEOE considera que “es necesario que las dotaciones presupuestarios destinadas al Instituto de Comercio Exterior (ICEX) se dediquen más a la financiación de las actividades de apoyo y fomento de la internacionalización que al mantenimiento de la estructura y gastos internos”. También llama a impulsar la cooperación empresarial “a través de los consorcios y agrupaciones que favorezcan la competitividad de nuestros productos, mediante mecanismos que faciliten la creación de Uniones Temporales de Empresas (UTE´s) y consorcios”.

En el ámbito europeo, se pone de manifiesto que se están desarrollando mecanismos para la defensa comercial (para hacer frente al dumping)  y se están negociando acuerdos comerciales con importantes socios a nivel internacional (Japón, India, Mercosur, Marruecos y, sobre todo, el alcanzado con Estados Unidos). “Si se concluyeran inmediatamente todas las negociaciones comerciales en curso, el PIB de la Unión Europea aumentaría un 2,2% y se generarían 2,2 millones de empleos, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea”.

Financiación y morosidad

El documento también se hace eco de la restricción en la financiación que sufren las empresas. “El saldo de la financiación total que llega a las sociedades no financieras residentes en España ha disminuido en 102.020.983 millones de euros desde que comenzó el periodo de crisis, para situarse en 1.111.734.547 miles de euros en la actualidad”.

Para paliar este efecto, CEOE señala que “urge la culminación de la reforma financiera” y añade: “la solidez de los estados contables y financieros de las entidades de crédito son un elemento esencial para la reactivación del crédito al resto del sistema económico. También apunta que “la ausencia de una unión bancaria ha provocado una fragmentación del sistema financiero europeo, de manera que el tipo de interés exigido al Estado español por deuda pública a diez años, durante el primer trimestre de 2013, se situó, en el 5,1%, frente al 1,5% exigido por la deuda de Alemania”.

Es fundamental, asimismo, que las reformas del sector financiero tengan el menor impacto sobre las provisiones adicionales de recursos financieros hacia los sectores no financieros”. Sin embargo, CEOE reconoce que se deben buscar medidas para mejorar el acceso a la financiación a través de fuentes e instrumentos financieros alternativos.

Por otra parte, en lo referente a la morosidad, CEOE incide en que el impago de las operaciones comerciales con las Administraciones Públicas es “un grave problema”, ya que “el aumento del retraso en los pagos genera dificultades añadidas de financiación del activo circulante para las empresas, aumentando las necesidades operativas de fondos y amplificando los efectos negativos sobre sus balances provenientes de la contracción de la actividad económica y de las restricciones del acceso a la financiación”.

Sin embargo, se reconoce que las medidas de financiación puestas a disposición del tejido empresarial español, tanto a través del Mecanismo de Pago a Proveedores como del Fondo de Liquidez Autonómico en el pago de facturas, han permitido la creación/mantenimiento de 174.542 empleos, así como un aumento del nivel de PIB de 1,3%. Dicho esto, CEOE reclama que el Gobierno “refuerce su compromiso y ejecute todas las acciones contenidas en la normativa vigente para eliminar de raíz la morosidad de estas administraciones”, así como que se instrumente un mecanismo que permita a los empresarios compensar sus deudas tributarias y de Seguridad Social con aquellas certificaciones o facturas que, a su vez, les sean debidas por cualquier Administración.

Unidad de Mercado

En 2011, y sin contar a la Administración local, se adoptaron 2.896 normas a nivel estatal y 10.261 normas a nivel autonómico. Además, las páginas publicadas por el Boletín Oficial del Estado en 2012 ascendieron a 151.133, a las que habría que añadir las 715.009 páginas de los Diarios y Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas. Esto, según CEOE, demuestra que “la actividad productiva española está lastrada por la excesiva burocracia, la infinidad y superposición de ventanillas, la complejidad procedimental y la ausencia de coordinación que frenan la creación de empleo y la generación de actividad económica tan necesaria para salir de la crisis”.

En este sentido, el informe recomienda “acelerar la aprobación de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, de forma que sea un instrumento práctico, ágil y eficaz a la hora de asegurar la unidad de mercado; evitar la profusión y dispersión legislativas, eliminar trabas y distorsiones, mejorar y simplificar la normativa, así como aumentar la coordinación entre Administraciones Públicas”. De esta forma, y según se anunció, la Ley establecerá “un principio de licencia única y de aceptación de la legislación de origen, de manera que una empresa pueda operar en todo el territorio nacional sin necesidad de cumplir con trámites adicionales”.

El Mercado Único también es una tarea pendiente en el ámbito europeo, donde CEOE reclama una “mejora de la legislación”. Según la patronal, “el Mercado Único ha generado, en el periodo de 1992 a 2008, un 1,3% del empleo total de la Unión Europea y ha elevado el PIB en 2,1%, según la Comisión Europea. De acuerdo con un informa del Gobierno del Reino Unido, la eliminación de todas las barreras existentes se traduciría, después de diez años, en un incremento de los ingresos nacionales de la Unión Europea del 14,1%. En España, este aumento sería del 9,5%.

Medio Ambiente

Actualmente, la legislación existente en materia medioambiental supone una cantidad de normativas y requisitos legales difícilmente asimilables para las empresas, con más de 3.000 disposiciones legislativas aplicables de ámbito estatal y autonómico, a la que habría que añadir la regulación a nivel europeo y local. Esto “no facilita la vida al administrado, incurriendo por ello las empresas en mayores gastos”.

Por eso, CEOE propone un “profundo ejercicio de simplificación normativa y de agilización de los trámites administrativos en torno a la legislación medioambiental existente, de forma que no suponga una barrera al desarrollo de la actividad empresarial”. Del mismo modo, a nivel comunitario, “se debe evitar un diseño inadecuado de las políticas medioambientales que generen elevadas cargas administrativas y expulsen a una parte del sector empresarial fuera de Europa”.

La patronal llama a tener en cuenta que, además, “el concepto de Desarrollo Sostenible se basa en tres pilares: la protección ambiental, el desarrollo social y el desarrollo económico”. Por lo tanto, una política sostenible debe cumplir los tres objetivos. Por ejemplo, CEOE considera adecuado el enfoque de la reciente modificación de la Ley de Costas de 1988, “donde se logran compatibilizar de una manera equilibrada la defensa del medio ambiente, la protección social y la actividad económica”.

También, “debería lograrse una articulación coherente de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas basadas en la cooperación y lealtad institucional”, de modo que todas las Administraciones concernidas participen en la toma de decisiones. Por ejemplo, en los asuntos relacionados con el agua, y más  específicamente en la planificación hidrológica, para minimizar los conflictos y alcanzar los objetivos de una correcta gestión de recursos.

En cuanto a la lucha contra el cambio climático, y el compromiso internacional de reducir las emisiones mundiales de CO2, CEOE señala que “es imprescindible que se eliminen las desventajas competitivas, actualmente existentes, en cuanto a la aplicación de las ayudas de Estado en los diferentes Estados miembros a pesar de que se discrecionalidad correspondería a cada uno de ellos”, de forma que no haya un tratamiento diferente entre instalaciones de un mismo sector que estén situadas en diferentes Estados miembro.