CEOE, CEPYME, UGT y CCOO suscribieron, el pasado miércoles, el "II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014". El acuerdo no sólo garantiza la moderación salarial, sino que contempla distintos aspectos de flexibilidad y de la estructura de los convenios colectivos.
"En el tema laboral, tratemos de hacer legal lo que ya es real". De esta forma, el presidente de CEOE, Juan Rosell, reclamó el pasado lunes, en Pamplona, una mayor flexibilidad para el mundo de la empresa, "tanto interna, como externa". Del mismo modo, el representante de los empresarios consideró que, en cuanto a la negociación colectiva, "que sea la empresa la que decida qué convenio es el que quiere tener".
Visita institucional Hay que motivar a los que quieran ser empresarios Juan Rosell
Hay que recortar, y, por otra parte, hay que estimular Juan Rosell
Asimismo, el presidente de CEOE reconoció que, en materia de salarios, estába próximo el acuerdo con los sindicatos, durante su visita a la sede de CEN, en la que mantuvo un encuentro con el Comité Ejecutivo de CEN, con su Junta Directiva y distintos representantes empresariales. Rosell también se reunió con la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, el consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, y la consejera de Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea.
Durante su participación en el encuentro, Rosell también reclamó una simplificación de la contratación: “tenemos una legislación laboral prácticamente ilegible y muy poco fácil de entender para los empresarios”. De esta forma, apuntó que existen en torno a cuarenta modalidades de contrato “con muchas aristas” y defendió una reducción a menos de diez. “Podría existir un contrato único indefinido, pero también deben seguir existiendo contratos como los de obra o a tiempo parcial”.
El presidente de CEOE también explicó “nuevos sistemas de contratación”, como pueden ser los “minijobs”. A este respecto, Rosell consideró que estos pueden suponer una buena vía para “introducirse en el mercado laboral”, además de suponer una oportunidad de formación, y relató como esta figura, a tiempo parcial y con cotización a la Seguridad Social, se implantó con éxito en Alemania tras la caída del muro de Berlín.
Destrucción de 190.000 empresas desde que comenzó la crisis
El presidente de la patronal también analizó la gravedad de la crisis actual, en la que “nos encontramos en una situación en la que no crecemos y tampoco creamos empleo”, y arrojó el dato de que, desde 2007 hasta diciembre del año pasado, “se han destruido 190.000 empresas”. Entendidas éstas como “empresas concretas, con centro de trabajo, y de alta en la Seguridad Social”. Además, Rosell mostró su preocupación por el hecho de que, así como en 2007, se creaban 150.000 empresas año, actualmente sólo se crean 75.000. “¿Quién va a crear empleo si no son las empresas?”, subrayó el presidente de CEOE.
Además, puso de relieve que “la mayoría de empleo se ha destruido en las empresas de entre diez y cincuenta trabajadores”. En resumen, “los empresarios lo estamos pasando muy mal”, porque, según Rosell, cuando cierra una empresa, “no sólo se pierde lo que se ha invertido, sino que se fracasa en un proyecto”. Por todo ello, el presidente de CEOE llamó al Gobierno, no a que “subvencione “, sino a que “dé confianza, facilite y no entorpezca” la labor de los empresarios. “Cuantos más empresarios tengamos, más posibilidades tenemos de salir adelante”, afirmó éste.
Es imprescindible reducir el déficit, pero también hay que estimular la economía
Rosell calificó de “difíciles” las medidas de ajuste que ha tomado el Gobierno, y apuntó que, algunas de ellas, como la subida de impuestos, “no podemos aplaudir desde el punto de vista patronal, pero sí comprendemos”. No obstante confió en que éstas sean “temporales”. Además, recordó que “es imprescindible reducir el déficit, pero, a la vez, es necesario estimular la economía”.
Por ejemplo, consideró fundamental que, en el plano financiero, llegue el crédito a las empresas. En concreto, el presidente de CEOE apuntó la posibilidad de que el ICO facilite dinero a las administraciones y a las empresas públicas para que puedan pagar a sus proveedores.