El Estudio Global sobre Blanqueo de Capitales 2011 de KPMG pone de relieve que un 62% de directivos del sector bancario considere el blanqueo de capitales un asunto de alta prioridad. Sin embargo, la crisis financiera ha provocado que los consejos de los bancos hayan dejado este aspecto en un segundo plano y otorgado más importancia a otras prioridades.
 
Enric Olcina, responsable para EMA de blanqueo de capitales de KPMG, opina que: “A pesar de que es comprensible que, a raíz de la crisis financiera, los consejos se hayan centrado en su propia supervivencia, es necesario que se aseguren de que la lucha contra el blanqueo de capitales continua siendo prioritaria, ya que de lo contrario se arriesgan a ser objeto de cuantiosas sanciones e interrupciones en el negocio, especialmente en lo referente al cumplimiento de las sanciones”.
 
El estudio señala además que los costes operativos de este tipo de fraude han aumentado de media un 45% desde 2007, y se prevé un incremento adicional del 28% durante los tres próximos años. Sin embargo, muchos profesionales especializados en este ámbito suelen subestimar los costes futuros estimados. En 2007, menos de uno de cada cinco participantes (un 17%) estimaba un incremento de un 51% o más, y casi una tercera parte (31%) afirma que sus costes se incrementaron realmente un 51% o más.
 
Para Enric Olcina “es sumamente importante que, en un entorno caracterizado por los problemas de liquidez, los profesionales especializados en el blanqueo de capitales proporcionen cifras realistas al consejo: y no únicamente por los importantes riesgos que han de gestionar, también para resultar creíbles ante los consejos que no ven con buenos ojos las nuevas solicitudes de financiación”.
 
A pesar del incremento en este tipo de gasto, sólo el 10% de los encuestados ha externalizado o subcontratado alguna parte de sus funciones de prevención del blanqueo de capitales, y un 80 por ciento ni siquiera se ha planteado esta opción. Es posible que las entidades bancarias estén perdiendo oportunidades de ahorro de costes por no externalizar algunos de los aspectos de menor riesgo de sus programas de prevención del blanqueo de capitales.
 
En este último estudio se ha incluido la opción “Actividades de lucha contra el soborno y la corrupción” y ha sido calificada por los participantes como la tercera mayor área de gasto. Este dato pone de relieve el alcance extraterritorial de la ley anti-soborno de 2010 del Reino Unido (Bribery Act) y la ley sobre práctica corruptas en el extranjero de Estados Unidos (FCPA), además de las crecientes expectativas regulatorias asociadas a ellas.
 
Mayor control sobre las Personas Políticamente Expuestas
 
La prioridad otorgada al análisis de las personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) se ha intensificado tras los recientes acontecimientos ocurridos en Oriente Medio y el Norte de África. Desde nuestro último estudio de 2007, el número de participantes que cuentan con procesos formales para identificar y controlar a las PEP ha aumentado del 71 al 88 por ciento. La Tercera Directiva sobre Blanqueo de Capitales de la UE, implantada en 2007 y que exige a los bancos realizar un seguimiento de las PEP, ha tenido además un impacto significativo, y el número de entidades europeas con este tipo de procedimientos ha aumentado del 65 por ciento en 2007 al 94 por ciento en 2011.
 
“Las revueltas en los países árabes se prolongan ya más allá del verano y resulta interesante ver que las entidades financieras de todo el mundo han sido previsoras y han adoptado un enfoque basado en el riesgo para conocer a sus clientes. Ahora, la mayoría de entidades (96%) considera a las personas políticamente expuestas un factor de riesgo", añade Enric Olcina.
 
“El reto para los bancos hoy reside, en algunos casos, en que las PEP se han convertido en personas no gratas o partes sancionadas de la noche a la mañana, y las autoridades globales han investigado las pasadas transacciones con PEP con las que anteriormente propiciaban los negocios”.
 
“Los bancos deben asegurarse de que pueden justificar sus relaciones con las PEP, teniendo en cuenta sobre todo la posibilidad de un cambio en su posición política en el futuro. Deben preguntar e investigar de dónde provienen los fondos de las PEP y deben estar preparadas para explicar el objetivo de las transacciones que llevan a cabo”, continúa Olcina.