En primer lugar, las organizaciones firmantes expresan su satisfacción por el hecho de que los presupuestos tengan garantizada su aprobación en el trámite parlamentario, merced al acuerdo entre los dos partidos que forman parte del Gobierno Foral, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Partido Socialista de Navarra (PSN). En este sentido, exhortan a los dos partidos que antepongan el interés general de Navarra a sus legítimas aspiraciones partidistas.

Así, y teniendo en cuenta la situación económica actual, las tres entidades firmantes reclaman al gobierno de coalición que los presupuestos no se alejen de la realidad a la hora de estimar ingresos y gastos, ni que contengan una significativa disminución de las partidas destinadas a inversión, como forma de compensar el incremento de las partidas denominadas como de “gasto social”. Por lo tanto, reclaman unos presupuestos ajustados a la situación económica que padecemos y a las posibilidades reales de Navarra, pensando en la herencia que estamos generando para las futuras generaciones de navarros.

En su análisis de los ingresos y gastos, se considera que, a la vista de que se espera que la recaudación fiscal aumente un 6,5%, parece que el crecimiento de ingresos presupuestado para 2012 (el 2,5%) es realista y ajustado. Por otra parte, se advierte de que la deuda pública de Navarra (cuyo volumen está situado ya por encima del 9,5% del PIB) está próxima a superar un límite tolerable. En este sentido, se exhorta al Gobierno de Navarra a que no se endeude más, en atención a la herencia para futuras generaciones, así como en la cantidad de recursos financieros que consume el endeudamiento de nuestras administraciones.

Respecto a la recaudación fiscal, las entidades firmantes consideran que no alcanza los parámetros esperados, por lo que se considera que la confección de los presupuestos de 2011 no fueron lo suficientemente realistas. El fuerte ajuste realizado en los presupuestos de 2011 (reducidos en un 5% en relación a los del ejercicio anterior) fue suficiente para redondear nuestras cuentas públicas en los términos comprometidos, lo cual ha hecho necesaria la adopción de nuevas medidas el pasado septiembre, reajustes que caen sobre la opinión pública como un jarro de agua fría.

Se considera que el ajuste realizado en septiembre situará el nivel de gasto dentro de los parámetros previstos, de forma que el déficit real a final de año no supere lo planificado, lo cual constituirá un éxito por comparación con otras autonomías que, como la nuestra, se ven afectadas por el dificilísimo entorno económico en el que nuestra economía se desenvuelve y que, al menos a medio plazo, continuará requiriendo importantes esfuerzos de austeridad.

Estas organizaciones  aplauden el compromiso adquirido por los dos partidos para la aprobación de unos presupuestos sometidos a principios tales como “la negociación, la estabilidad y la contención del gasto corriente”. Así, consideran que la obligada contención del gasto público hará que los presupuestos de 2012 sean de transición entre los precedentes, planteados con elevado gasto y déficit desde su propio diseño, y los de 2013, que se pretende acojan la necesaria consolidación fiscal.

En relación con el déficit previsto (1,3% sobre el PIB foral), se admite que el principio de déficit cero no ha sido posible desde que comenzó la crisis, y se ha elevado enormemente el endeudamiento de Navarra (hasta llegar a cifras de más de 1.900 millones de euros), cuya “digestión” tardará años. Por este motivo, cobra especial importancia que el esfuerzo colectivo que representa el elevado endeudamiento, tenga su reflejo presupuestario en partidas que estimulen la economía navarra y, por ende, la creación de empleo. Así, nuestros presupuestos no pueden obviar el destino de recursos, en la medida de los posible, a la inversión productiva y al apoyo de políticas de estímulo básicas, como lo son las políticas activas de empleo y la de la I+D+i.

Así, se considera el apoyo a las inversiones productivas como una forma de alcanzar el objetivo estratégico de mantener el empleo y estimular el crecimiento, que, a su vez, debe dirigirse al apoyo a empresas viables en situación de crisis. Aunque nominalmente la inversión prevista es similar a la del ejercicio 2011, las entidades reconocen que casi la mitad de ella será destinada a iniciar las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV).

Las organizaciones firmantes también consideran comprensible que los presupuestos para 2012 no puedan acoger la continuidad de las medidas de estímulo del consumo, debido a los criterios de austeridad que imponen las circunstancias. Otro aspecto importante para estos es el mantenimiento de las políticas activas de empleo, sin olvidar el necesario apoyo al emprendimiento, la batería de ayudas para mejora de la competitividad y el apoyo a la internacionalización de nuestras empresas.

También se considera que los presupuestos deben apoyar el despegue definitivo del Plan Moderna, dado que en su pleno desarrollo residen buena parte de las esperanzas para el futuro de Navarra y de las siguientes generaciones de sus ciudadanos, junto con el mantenimiento y cuidado de la buena estructura productiva que hoy tenemos.

Sin embargo, CEN, ANEL y UCAN lamentan el incremento del ya elevado esfuerzo fiscal que soportan los contribuyentes navarros, a causa de la reposición del Impuesto sobre el Patrimonio. Así, solicitan que sólo se reactive este impuesto en el caso de que lo hagan la mayor parte de las Comunidades Autónomas y que, en el caso de no ser así, al menos se modifique la regulación expuesta con la finalidad de que los contribuyentes forales no soporten mayor carga tributaria que la del régimen común.

Ingresos y gastos

Dicho todo esto, se quiere poner de manifiesto que los recursos públicos no son ilimitados, que hasta el último euro que los alimenta proviene del trabajo y esfuerzo de empresas y ciudadanos, así como que una política de endeudamiento público recurrente no es sostenible, y menos si es para financiar el gasto corriente, en detrimento de la inversión.

En su análisis, las entidades firmantes advierten de que los ingresos fiscales no alcanzan los valores presupuestos, así como el empleo presenta altibajos en los que se suceden síntomas de mejora con momentos de caída, situándose en torno a los 20.000 el número total de empleos perdidos desde que se inició la crisis. Sin embargo, también se advierten datos positivos como los crecimientos del PIB en los dos primeros trimestres, un 2% y del 1,8% interanual, respectivamente.

El informe analiza algunos números relativos a la economía española, con especial mención a la situación del empleo. En este sentido, se critica la debilidad del gobierno de la nación, ya que, ante los sucesivos fracasos de la concertación social entre CEOE, UGT y CCOO, el gobierno no ha sabido o no ha podido afrontar con valentía reformas imprescindibles para que la situación del empleo mejore. Las grandes debilidades del mercado laboral español, tales como la falta de flexibilidad interna, la coexistencia de 40 modalidades de contrato, el complejo sistema de negociación colectiva, etc., afectan de lleno a la Comunidad Foral, al carecer ésta, como el resto de autonomías, de competencias en materia laboral.

Por este motivo, se reconoce que, desde las capacidades propias de nuestra autonomía, sólo se puede actuar sobre factores periféricos, ayudando a nuestras empresas a que mejoren su competitividad por otros caminos tales como la inversión, la internacionalización, la formación y cualificación de nuestros ciudadanos y estimulando la actividad económica desde la inversión pública, con planes tales como Navarra 2012 o los sucesivos anticrisis que se han desarrollado, pero que no son suficientes por sí mismos para solventar las graves disfunciones que ocasiona sobre el empleo nuestro marco laboral, si bien las palian en alguna medida.

Partiendo del hecho de que los presupuestos para el próximo año se confeccionan en un entorno complejo, se llevan a cabo reclamaciones como la introducción de mecanismos legales que obliguen al equilibrio presupuestario. En este sentido, se considera imprescindible, de cara a contener la sangría de las cuentas públicas, la imposición por ley de un techo de gasto a las autonomías, junto con el control del tamaño de las plantillas de empleados públicos que debe afrontarse en todos los niveles de la administración.

Sin embargo, se critican otras medidas del gobierno central, como aquellas de restricción de la inversión (especialmente, en obra pública), cuyo alcance real para 2012 afectará al empleo, a la fiscalidad y al consumo, lo que supone un lastre adicional para la recuperación económica. Además, tampoco es descartable que el gobierno nacional plantee nuevas subidas de impuestos en breve plazo, como puede ser un nuevo incremento del IVA y algún retoque adicional a las rentas altas.

CEN, UCAN y ANEL consideran también loable el objetivo marcado por el Gobierno Foral de no emitir más deuda a partir de 2013. Según aseguran, es una pretensión ambiciosa, a la que no podrá hacerse frente si no se controla (a nivel real, no solo presupuestario) el enorme gasto de algunos departamentos de nuestro gobierno.

Con todo ello, estas entidades consideran que la urgente necesidad de ajustar ingresos y gastos hace necesario actuar de forma enérgica y decidida sin mayor dilación. La mejora de los ingresos sólo vendrá dada por una recuperación económica intensa y sostenida en el tiempo, cuyo logro precisa de múltiples reformas todavía no iniciadas. Así, se impone actuar sobre el único factor que puede aportar alivio inmediato: el gasto público, conteniéndolo. Sin embargo, una política recurrente basada sólo en recortes del gasto no es sostenible en períodos largos. Entre otras razones, porque impide el papel dinamizador que el gasto y la inversión pública tiene sobre la economía.

Aún y todo, se advierte de la dificultad no ya para incrementar el denominado estado de bienestar, sino para mantenerlo en los términos en que ahora mismo está. En este sentido, la evolución de nuestra demografía, la persistencia y profundidad de la crisis y la capacidad real de nuestra economía para sostener el entramado de servicios y prestaciones que dan desde lo público obligan, cuando menos, a una profunda reflexión.

Sin embargo,  no se ha llevado a cabo esta reflexión de la capacidad económica para sostener el estado de bienestar, por lo que los navarros se han encontrado de bruces con la dura realidad: cuando la tímida recuperación de la actividad económica y de la fiscalidad no ha sido suficiente para hacer frente a los costes del sistema y, cuando se nos ha limitado el acceso a mayor endeudamiento, sólo cabe el doloroso ajuste presupuestario. Una medida que la CEN ha defendido, al considerar inevitable, y con la que ha colaborado desde su responsabilidad en la ejecución de algunas partidas del Plan de Empleo.

En el marco de este debate, surgen posiciones que reclaman una “nueva política fiscal”, con fuerte carga demagógica, marcada por iniciativas como la creación de un “impuesto para ricos”, la recuperación del impuesto de patrimonio o el aumento del ya elevado esfuerzo fiscal sobre las rentas altas. A este respecto, las entidades recuerdan que, según la asociación de técnicos de Hacienda (GESTHA), las denominadas rentas altas (más de 60.000 euros anuales) sólo aportan el 3,7% de la recaudación del sistema. A pesar de los elevados tipos que soportan.

En cambio, una reforma que sí se propone es la referida al cuidado de la salud, en la que se da una creciente presión por gastar más. Los cuidados médicos son cada vez más caros y el ciudadano, conforme mejora su nivel de renta, es propenso a exigir más recursos. Por ejemplo, se informa de que, con base en la gratuidad de los servicios recibidos, la frecuencia con al que el ciudadano español recurre al sistema de salud es un 40% superior a la media de la Unión Europea. En este sentido, todos los países de nuestro entorno han tomado algún tipo de medidas para evitar la sangría económica que el sistema de salud representa para las cuentas públicas, así como para la utilización responsable de los servicios de salud.

Las entidades firmantes consideran que el modelo español actual está basado en actividades de baja productividad e intensivas en mano de obra y donde el crecimiento ha venido de la mano del consumo y de la construcción. Por ello, se hace necesario articular otro modelo en el que el valor añadido, la colaboración, la versatilidad y la capacidad de adaptación, el diseño, la innovación y la utilización de nuevas tecnologías sean las palancas de la mejora de la competitividad. “Para promover un cambio de esta naturaleza se requieren políticas públicas que afecten muchos ámbitos, comenzando por el formativo y educativo”, aseguran. En esta línea, mencionan el Plan Moderna un proyecto que precisamente aborda la línea del conocimiento y, por ello, recuerdan la necesidad que de que se dispongan en los presupuestos de 2012 los medios necesarios para su pleno desarrollo.

Análisis por departamentos

El documento también recoge un análisis de los niveles de gasto por departamentos del Gobierno y por capítulos (personal, inversiones directas, etc.). Por ejemplo, se llama a reflexionar sobre la deriva que el capítulo de gastos de personal ha tomado en los últimos años. Aunque el montante del capítulo se ha mantenido prácticamente igual al de 2011, al haberse reducido el monto global del presupuesto, el porcentaje que dicha cifra representa sobre el gasto total aumenta de forma considerable, pasando del 29,9% de 2011 al 30,8% en 2012. Por ello, y convencidos de que esta dinámica es insostenible a futuro, y de que la desmesurada dimensión de la estructura de la Administración foral compromete gravemente la propia viabilidad económica de Navarra, se considera imprescindible acometer un proceso de racionalización de la dimensión de las plantillas de personal.

Por otra parte, también se pone de manifiesto la gran preocupación por el imparable crecimiento del gasto que venía experimentando el Departamento de Salud. Aunque se contempla una reducción del 3,08% de gasto respecto al año pasado, esa reducción se producirá por mejora de la gestión del sistema y en base a medidas tales como racionalización de horarios, peonadas y financiación de medicamentos genéricos y, por lo tanto, no ataca el verdadero fondo del problema, que es el de la mala utilización del servicio por los ciudadanos, consecuencia de la falta de conciencia sobre los costes del mismo provocada, fundamentalmente, por su carácter gratuito, que invita a hacer un uso mesurado de los mismos.

También se pone de manifiesto que el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente es de los que mayor reducción sufre (8,24%), lo que supone una preocupación para CEN, UCAN y ANEL, ya que es en ese departamento donde residen buena parte de las medidas de estímulo a la actividad empresarial, a la inversión y al I+D+i, fundamentales para el futuro empresarial.

Respecto al Departamento de Fomento y Vivienda, se destaca que recoge una reducida inversión en obra pública. En este sentido, las entidades firmantes del documento reclaman que se realice una planificación plurianual de las inversiones previstas en obra pública, de forma que las empresas del sector puedan tener una perspectiva clara de sus expectativas a medio plazo. Además, consideran que la obra pública que vaya a ejecutarse en el período de “sequía” inversora, ha de fragmentarse en pequeñas obras, de forma que las empresas del sector puedan disponer de ocupación parcial para sus plantillas durante el período en el que la inversión pública va a ralentizarse.

Análisis del proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos

Las entidades firmantes del documento también realizan un análisis de las principales novedades fiscales que el Gobierno de Navarra propone introducir a través del Proyecto de Ley. La mayor parte de las medidas propuestas entrarían en vigor en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010, si bien está previsto que algunas de ellas, dentro de las que se incluyen novedades de importante calado, retrotraigan sus efectos a 1 de enero de 2011.

Por ejemplo, en materia de IRPF, las organizaciones firmantes del documento manifiestan su total apoyo a medidas como la exención de gravamen de las retribuciones del trabajo en especie destinadas a sufragar los gastos en educación de los empleados o sus familiares, al considerar que la generalización de estos sistemas de retribución permitiría a las empresas un importante ahorro de costes.

Del mismo modo, también se apoya la exención de las plusvalías por transmisión de participaciones en empresas jóvenes e innovadoras, al considerar que están dirigidas a fomentar la inversión privada en entidades pertenecientes a sectores “estratégicos” para el desarrollo de Navarra. Sin embargo, la eficacia real de estos beneficios se verá reducida al considerarse excesivos sus requisitos de aplicación, tal y como señala el propio informe.

Sin embargo, en cuanto al incremento del tipo de gravamen de la base liquidable especial del ahorro, desde el 18 al 19%, en el tramo que va desde cero hasta 6.000 euros, las CEN, UCAN y ANEL  se muestran críticas. Éstas destacan negativamente el hecho de que la entrada en vigor de la misma se produzca con efectos de 1 de enero de 2011. A este respeto, estiman del todo contraproducente introducir a final de año un incremento de tributación sobre los rendimientos percibidos por los contribuyentes navarros a lo largo de todo el ejercicio 2011, lo que, a mayor abundamiento, puede despertar ciertas dudas legales por su cuasi-retroactividad.

Por otra parte, sí se consideran como muy positivas las medidas dirigidas a la prórroga de los beneficios fiscales aplicables a los sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial o profesional durante el año 2012. Consideran que este tipo de actuaciones deberían ayudar a los empresarios y profesionales a disfrutar de una mayor disponibilidad monetaria.

El proyecto de Ley también elimina la aplicación, total o parcial, del complemento de 440 euros a la deducción en cuota por la percepción de rendimientos del trabajo para los contribuyentes que perciban rentas de este tipo por importe anual superior a 12.000 euros. Las organizaciones firmantes consideran positivo el hecho de que las denominadas “rentas bajas” continúen aplicando el complemento expuesto, así como el hecho de que esta modificación se introduzca con efectos a partir de 2012 y que todos los contribuyentes puedan continuar aplicando, como mínimo, la deducción “general” por este concepto de 700 euros anuales.

El documento también informa de que, con efectos de 2011, se introdujo una modificación en la normativa del IRPF, en virtud de la cual, la aplicación de la deducción en la cuota del Impuesto por adquisición de la vivienda habitual pasó a graduarse en función de la renta de cada contribuyente. Sin embargo, CEN, UCAN y ANEL muestran su satisfacción en que el Proyecto de Ley no propone ninguna medida similar en el ámbito foral.

Sin embargo, en lo relativo al impuesto sobre el patrimonio, CEN, UCAN y ANEL se consideran contrarios a su reactivación, e informan de que España y Francia son los únicos países de la OCDE que contemplan un gravamen de este tipo, que, fundamentalmente, obliga a tributar por los bienes en los que se han materializado las rentas cuya generación ya ha tributado en el IRPF (por lo que representa una doble imposición), además de penalizar el ahorro. Además, se pone de manifiesto que este tributo nació con una finalidad extraordinaria, puramente censal y no recaudatoria, cuyo objetivo último era el de obtener información indirecta sobre el destino de las rentas de los contribuyentes.

En materia de impuesto de sociedades, el documento analiza la reducción del importe mínimo de dotación a la Reserva Especial para Inversiones (REI). Concretamente, de 150.000 euros hasta los 90.000. A pesar de esta flexibilización, las organizaciones firmantes consideran que han de acometerse otras modificaciones en el régimen de la REI para que este beneficio fiscal sea realmente aprovechado por nuestras empresas, ya que el mismo posee determinadas características y ciertos condicionantes que provocan que muchos contribuyentes eviten su utilización por considerar que dichos inconvenientes no compensan las ventajas que pudieran obtenerse.

El proyecto de Ley también contempla la delimitación de los gastos que deben servir como base para el cálculo de la deducción en cuota del impuesto por gastos de formación profesional, especificándose que, a partir de 2012, tendrán dicha consideración, exclusivamente, el conjunto de acciones formativas desarrolladas por una empresa, directamente o a través de terceros, dirigido a la actualización, capacitación o reciclaje de su personal y exigido por el desarrollo de sus actividades o por las características de los puestos de trabajo. Las organizaciones firmantes consideran que estas medidas son “clarificadoras” y “delimitadoras” de nuestro ordenamiento tributario.

Respecto a la prórroga del incremento de la deducción por creación de empleo para pymes, se valora positivamente la medida, aunque plantean al Gobierno la posibilidad de que esta medida no se vea limitada, únicamente, al ámbito de las pymes, ya que el objetivo último de este beneficio transitorio debe ser la recompensa a la creación de empleo en la actual coyuntura económica.

Del mismo modo, también muestran su apoyo a que el Proyecto de Ley recoja que, cuando la entidad que contemple su aplicación forme parte de un grupo de sociedades del artículo 42 del Código de Comercio, para determinar la base de la deducción por creación de empleo no habrá que tener en cuenta solamente la entidad individual sino que habrá que fijarse en la creación de empleo de todo el grupo, con el fin de poner cota a prácticas defraudadoras.

El documento también muestra su apoyo a la introducción de beneficios fiscales sobre las donaciones efectuadas a favor de la Fundación Moderna. En concreto, se establece que las cantidades donadas a esa Fundación tendrán el siguiente tratamiento para los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades: podrán aplicar el régimen tributario establecido para las donaciones efectuadas a las Fundaciones (es decir, será gasto deducible con algunas limitaciones), y, además, podrán deducir de la cuota líquida del Impuesto el importe resultante de aplicar a las mencionadas cantidades donadas el porcentaje del 40% hasta 60.000 euros y el 50% sobre el exceso que sobrepase ese umbral de donación.

El proyecto de ley también incluye una novedosa media, en virtud de la cual, los contribuyentes navarros podrán solicitar de la Administración tributaria que, en sustitución de las garantías de las deudas con ella objeto de aplazamiento o fraccionamiento aplazadas, adopte determinadas medidas cautelares como la retención del pago de devociones tributarias o de otros pagos que deba realizar la Comunidad Foral, y el embargo preventivo de bienes y derechos. Una medida que las entidades firmantes muestran su apoyo a la medida, aunque consideran que deberían adoptarse reformas más profundas para reducir las salidas de tesorería de los contribuyentes cuando la Administración adeuda a los mismos cantidades por cualquier otro concepto.

Reformas tributarias “necesarias”

Sin embargo, el documento también expone una serie de reformas tributarias “necesarias” no incluidas en el Proyecto de Ley, pero que deberían tenerse en cuenta con el fin de incrementar la capacidad económica de los contribuyentes navarros y corregir determinadas situaciones de desventaja que sufren aquellos frente a los contribuyentes del ámbito estatal.

Por ejemplo, consideran que debería eliminarse el límite previsto para la exención de las indemnizaciones percibidas por despido o cese de trabajadores, al considerar que no existe causa alguna para que se mantenga esta medida, al margen del mero afán recaudatorio. En concreto, la normativa del IRPF recoge esta exención, pero la Ley Foral establece una limitación adicional respecto a la cuantía que puede beneficiarse de esta exención, con la que aquella parte de las indemnizaciones por despido o cese, “obligatorias” o “legales”, que pudiera exceder el importe de 180.000 euros quedará sujeta a tributación.

Además, CEN, UCAN y ANEL añaden algunas medidas, en el terreno del IRPF, de cara a impulsar el desarrollo de actividades económicas. Por ejemplo, para aquellos contribuyentes del IRPF que ya viniesen desarrollando actividades en ejercicios anteriores a 2009, sería positivo introducir la posibilidad de aplazar, durante doce meses y sin aportación de garantías ni devengo de interés de demora, la cuota del IRPF a ingresar derivada de dichas tareas correspondiente a los años 2011 y 2012.

También se dan algunas recomendaciones en el terreno del IVA, como puede ser la prórroga de la reducción del tipo de gravamen del IVA aplicable sobre las transmisiones de viviendas habituales más allá de 31 de diciembre de 2011. Una prórroga que deberá ir acompañada de una reducción del tipo de gravamen del ITP y AJD, modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, aplicable sobre las transmisiones de viviendas por particulares, así como por promotoras inmobiliarias cuando han transcurrido más de dos años desde la construcción del inmueble, para equipararlo al establecido en el IVA en virtud de la minoración del tipo de IVA aplicable sobre este tipo de transacciones introducida con efectos temporales en el último trimestre de 2011.

Desde las entidades firmantes, también se defiende la creación de un Consejo para la Defensa del Contribuyente, garante de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones tributarias, que se conciba con caracteres de independencia y representatividad, y al que se dote de los medios profesionales y operativos necesarios para asegurar la eficacia en su actuación: el Consejo para la Defensa del Contribuyente, entidad ya existente en la mayoría de las jurisdicciones tributarias de nuestro entorno.