[...] Antes de entrar en el grueso de mi intervención sobre el papel del sector energético en el marco de la competitividad y las reformas, permitidme unas breves reflexiones sobre la situación de la economía española. Una situación que podríamos calificar de crecimiento muy débil y frágil.

Tras un largo periodo de contracción económica, más largo que en nuestros principales socios europeos, se han apreciado crecimientos positivos desde el tercer trimestre de 2010. Estos ritmos de crecimiento interanual han ido aumentando lentamente hasta alcanzar el 0,8% en el primer trimestre de este año.

Sin embargo, la comparación de esta cifra con el crecimiento del 2,5% de la Zona Euro, el 4,8% de Alemania, el 2,2% de Francia o el 2,3% de EE.UU., deja a España en una situación poco satisfactoria.

La peor de las consecuencias derivadas del menor crecimiento es la imposibilidad de nuestra economía para crear empleo; pero es que, además, en estos momentos, la economía depende, críticamente, del sector exterior.

La demanda interna sigue obstaculizando el crecimiento, con un consumo privado que se ha desacelerado en el primer trimestre, un sector de la construcción que continua contrayéndose y una inversión en bienes de equipo que ha vuelto a estancarse.

Dependemos, por tanto, para nuestro crecimiento de los avances del sector exterior. Su aportación positiva al PIB de 1,4 puntos se explica por un crecimiento de la exportación de bienes y servicios del 16% en el primer trimestre de este año frente a una importación de apenas el 5% ante la debilidad de la demanda interna. Es el dinamismo del sector exportador el que está arrastrando positivamente a la producción industrial, que creció casi un 4% durante el primer trimestre, frente a una agricultura y un sector servicios no de mercado que continúan estancados.

En definitiva, lentamente y con muchos sacrificios la economía española está cambiando su patrón de crecimiento hacia un patrón más industrial y más exportador, pero este esfuerzo que está haciendo el sector privado, va muy poco acompañado del esfuerzo paralelo que deberían hacer las Administraciones Públicas, tanto desde el punto de vista normativo como presupuestario para acelerar este cambio.

El problema es que estos avances son muy frágiles, y la fluctuación de la deuda pública española supone tener una prima de riesgo que persistentemente se sitúa por encima de 200 puntos básicos, lo que no ayuda en nada a  devolver la confianza en los mercados y que cierra el acceso a la financiación a la inversión productiva.

Diagnóstico de los problemas que aquejan a la economía española

Como Secretario General de la CEOE, no me he cansado de explicar el diagnóstico que los empresarios hemos hecho de los problemas que aquejan a la economía española. Desde nuestro punto de vista la respuesta a los retos que tenemos planteados debe ser proporcional a la gran magnitud de los mismos. Durante mucho tiempo los empresarios, verdaderos creadores de empleo, venimos proponiendo soluciones que están muy en línea con lo que aconsejan los organismos económicos y financieros internacionales.

La economía española sigue teniendo una serie de déficits estructurales que lastran nuestra capacidad de crecimiento:

En primer lugar, el déficit público estructural: a partir de mayo del año pasado se produce una reorientación de la política fiscal que corrige el rumbo que llevaban las cuentas públicas hasta entonces. Pero esta corrección ha sido sólo parcial. En primer lugar porque las medidas que se toman se concentran en los años 2010 y 2011, no existiendo medidas concretas que se extiendan a los años posteriores.

Por otra parte, el ajuste fiscal ha recaído sobre todo en las políticas de apoyo a la empresa y al crecimiento, especialmente inversiones, apoyo al I+D e internacionalización.

El objetivo de déficit para este año es irrenunciable y el Gobierno debe actuar de forma inmediata ante cualquier atisbo de desviación. En este sentido, es preocupante que no existan aún los instrumentos necesarios que garanticen la transparencia y el control del gasto de las Administraciones. No es positivo que el gasto de personal de la Administración del Estado siga creciendo, a pesar de la reducción de salarios, que los gastos de las Comunidades Autónomas aumenten en el primer trimestre del año más de un 5%, mientras los ingresos disminuyeron en un 2%, o que más de la mitad de las Comunidades Autónomas no presenten una evolución acorde con los objetivos de déficit.

El ajuste del sector público, precisa de medidas en profundidad como las siguientes:

1. La reducción del gasto público corriente acompañado de un esfuerzo para aumentar su eficiencia.

2. El recorte de gasto no debe afectar a aquellas partidas que inciden sobre la productividad de la economía, como son los gastos en infraestructura, el apoyo a la I+D, la formación o la internacionalización.

3. Deben aprobarse medidas que garanticen que los esfuerzos, de estos dos últimos años tengan continuidad en el futuro, de forma que haya un verdadero cambio en la estructura de gasto público y no meras medidas coyunturales.

4. Controlar los gastos de personal de las Administraciones Públicas.
 
En segundo lugar, la crisis fiscal, cuya solución no se encuentra en la subida de impuestos. La elevación de los tipos impositivos sólo serviría para frenar el crecimiento y aumentar el desempleo. De hecho se hace urgente reducir la imposición sobre el ahorro, como medio para atraer a los inversores nuevamente hacia España, y también la imposición sobre el trabajo para incentivar la creación de empleo.

En tercer lugar, la rigidez del mercado laboral: al contrario que en la mayoría de los países de nuestro entorno, en nuestro mercado de trabajo no existen mecanismos de flexibilidad salarial o de ordenación del tiempo de trabajo que permitan distribuir los costes de la recesión.

Cada vez que la economía española ralentiza su crecimiento se dispara la tasa de desempleo y especialmente la tasa de desempleo juvenil. El ajuste se concentra en una parte de la población con un tremendo coste para las empresas y para los trabajadores que pierden su empleo.

La tasa de desempleo juvenil española es del 44%, frente al 19% de la Zona Euro. Mientras en la Zona Euro el desempleo ya ha disminuido unas décimas desde lo más profundo de la crisis que se sitúa en el 9,9% en España no ha dejado de crecer y está ya en el 21,3%. Casi 5 millones de personas quieren encontrar empleo y no lo encuentran. Un auténtico drama social que está comprometiendo las posibilidades de desarrollo profesional de toda una generación. Desafortunadamente, la reforma laboral que se aprobó el año pasado no ha cambiado esta situación.

La empresa lo que necesita es un marco laboral flexible. Un marco que le permita organizar mejor sus recursos humanos y que haga atractiva la contratación de trabajadores con contrato indefinido. Un marco laboral que dé estabilidad a la empresa y al trabajador para invertir en capital humano, y, al mismo tiempo reduzca el miedo a contratar.

En este sentido, quiero reivindicar la importancia del diálogo social y el papel que CEOE viene desempeñando en el mismo. Un papel abierto al diálogo y a la búsqueda activa de acuerdos, pero a la vez exigente con las necesidades de la empresa y de la economía española. Hemos hecho todo lo posible para alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales. Un acuerdo que acercara la legalidad a la realidad de la empresa. Un acuerdo que otorgara la necesaria flexibilidad en el día a día. No ha sido posible, y ante la falta de acuerdo, el Gobierno no ha sido neutral, y ha decidido apostar por la política a corto plazo frente a las necesidades de empleo de la economía española.  Aunque estamos haciendo un esfuerzo por introducir enmiendas en el trámite parlamentario, el texto propuesto por el Gobierno no sólo no creará puestos de trabajo, sino que mina la confianza de los empresarios.

Necesitamos una negociación colectiva más flexible, que permita, como en otros países europeos ajustar tiempos de trabajo y costes en épocas de recesión sin tener que recurrir al despido.

Una negociación colectiva que fije de forma adecuada el tiempo de vigencia de los convenios, y también que permita  encontrar fórmulas de desbloqueo cuando no se alcanza un acuerdo entre las partes. Una negociación colectiva en la que sea posible en la práctica descolgarse de un convenio si las condiciones de la empresa así lo exigen.

El Gobierno apenas propone avances en flexibilidad interna y en el convenio de empresa, mientras reafirma la ultractividad de los convenios, entorpece el descuelgue y aumenta las cargas administrativas para las empresas.

Desatiende nuestras peticiones en materia de legitimación, o los acuerdos alcanzados en materia de absentismo laboral y sugestión por parte de las mutuas de accidente.

Pero lo más importante es que altera unilateralemente el marco de relaciones laborales, sustituyendo la representación de los trabajadores en la empresa por las secciones sindicales y las comisiones paritarias. Es decir, se produce un notable incremento en la sindicalización de la economía española, especialmente para la pequeña y mediana empresa.

Finalmente, unas palabras sobre la necesidad de completar el ajuste del sistema financiero: la falta de crédito es la forma en que las empresas españolas están notando en mayor medida la crisis. Mientras en la Zona Euro el crédito a las empresas no financieras crece al 1%, en España sigue decreciendo un 1,5%. Mientras el número de empresas que tuvo acceso al préstamo bancario creció en la Zona Euro a lo largo de 2010, en España siguió descendiendo.

La restructuración del sistema financiero se está produciendo de forma más lenta de lo que hubiera sido deseable, y aún está muy lejos de estar completada. En este sentido, es preciso que el actual proceso se culmine con el mayor éxito posible y que la política aplicada sea consistente con los principios de eficiencia económica y no esté supeditada a intereses territoriales. Sin entidades financieras sólidas, transparentes y recapitalizadas es imposible que vuelva a fluir el crédito a empresas y familias y sin crédito no puede haber reactivación económica.

Pero nuestras necesidades no acaban ahí. La economía española precisa de mejorar en todos y cada uno de los elementos de la cadena de valor. Es por ello, que tenemos que mirar, también, a otras áreas que inciden en la actividad empresarial, y es aquí donde entra el papel del sector energético:

Situación energética actual de nuestro país

Doy por seguro que todos los presentes tienen un buen conocimiento de la situación energética actual de nuestro país. No obstante, no quisiera dejar al menos de citar, aunque sea de forma muy sucinta, los rasgos que desde el punto de vista empresarial vemos con más preocupación.

En primer lugar, de todos es sabido que España carece prácticamente de recursos energéticos fósiles, lo que hace que nuestra dependencia energética, pese a haber mejorado ligeramente en los últimos años, siga rondando el 75%. A ello se suma la condición de isla energética de la Península Ibérica, con muy insuficientes interconexiones eléctricas y gasistas con el resto de la Unión Europea, lo que impide que podamos participar plenamente en el mercado interior energético europeo.

Adicionalmente, y por motivos esencialmente estructurales, España presenta una intensidad energética superior a la media europea, si bien es cierto que se ha venido observando una convergencia hacia la misma desde el año 2004.

Por lo que respecta al mix energético español, no se puede pasar por alto el hecho de que todavía se encuentra pendiente de desarrollar una planificación energética nacional a largo plazo, mediante la que se aporte un horizonte para acometer proyectos que, en su gran mayoría, son de muy larga duración, y que permitiría así contrarrestar en cierta medida la actual inestabilidad regulatoria, consecuencia de la introducción de continuos cambios normativos.

Comienzo con el sector eléctrico, por ser aquél en el que existe un mayor grado de discrecionalidad. Pero también porque las economías más avanzadas se encaminan indudablemente hacia una mayor electrificación. Es inevitable, por tanto, hacer referencia a los desafíos económicos y técnicos a los que se enfrenta.

Entre los económicos, el déficit tarifario, al cual se ha tratado de dar solución pero que en cualquier caso supondrá un coste adicional para el consumidor durante los próximos años, ya que el mismo alcanzó los 24.000 millones de euros en 2010.

También es destacable el exponencial incremento en los costes regulados observado en los últimos años, consecuencia, entre otros motivos, de decisiones políticas que están siendo financiadas por medio de la tarifa eléctrica. Lo anterior, unido a la elevada imposición que presenta en España la electricidad, explica el actual cuadro económico, en el que se refleja una caída en la competitividad de la economía española.

Entre los desafíos técnicos del sector eléctrico, de todos es sabido que la elevada penetración de las energías renovables en un plazo de tiempo relativamente corto ha introducido importantes modificaciones en la participación de las distintas tecnologías que conforman el mix eléctrico español.

Esto ha llevado a la caída de las horas de funcionamiento de las tecnologías térmicas convencionales. Si a ello se une la adopción de decisiones puramente políticas que han distorsionado seriamente el normal funcionamiento de los mercados eléctricos, llegamos a la situación presente, en la que tecnologías como el ciclo combinado han pasado a ser inviables económicamente, pese a ser la base de la garantía del suministro eléctrico.

En este sentido, debe recordarse que, frente a una previsión inicial de operación de ciclos combinados que rondaba las 5.000 horas, en 2010 dichas plantas únicamente funcionaron en el entorno de las 2.500.

Pero no sólo es el sector eléctrico el que de debe hacer frente a dificultades. También el sector de refino y el gasista afrontan importan tes desafíos, en cuyo análisis pormenorizado no entraré en este momento.

En cualquier caso, son varios los objetivos que debe plantearse nuestro país en el ámbito energético. El modelo energético español debe caracterizarse por ser capaz de garantizar el suministro energético. Debe también de minimizar el impacto medioambiental causado por el mismo, a la par que no sea un factor de desventaja competitiva para nuestro sistema productivo, sino que llegue a ser una oportunidad para nuestras empresas al aportarles un valor añadido adicional.

La evolución de las materias primas energéticas a lo largo del último año nos ha recordado también la necesidad de que el futuro modelo energético español se caracterice por un mayor grado de autoabastecimiento, que minimice las implicaciones para la economía española de volatilidades en los precios energéticos.

Y, por supuesto, nuestro modelo energético debe permitir dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por España en el sentido de alcanzar el 20% de energías renovables, de mejorar nuestra eficiencia energética en un 20% y de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero también en un 20%, todo ello en el horizonte del año 2020.

Llegado a este punto, quiero centrarme por un momento en hacer énfasis en la necesidad de defender la competitividad de la industria nacional, la cual ha sido hasta ahora la gran olvidada en el diseño de políticas energéticas.

La energía es, sin lugar a dudas, una materia prima clave para la industria. De hecho, para muchas de ellas el coste energético equivale, o incluso supera, al coste laboral. Sirva como referencia que en 2009 el consumo energé- tico de las industrias españolas alcanzó los 9.700 millones de euros.

El aumento continuado de los costes regulados, que suponen entre el 30 y el 60% de la factura eléctrica de las empresas, unido al de los precios de las materias primas energéticas, están afectando seriamente a la competitividad de nuestras empresas, traduciéndose en la pérdida de posiciones en los índices de competitividad internacional. Según el Instituto para la gestión del desarrollo (IMD), España ha pasado de ocupar en 2003 el puesto 26 de los 59 países más competitivos del mundo al 35 en 2011.

El escenario a corto y medio plazo es, por tanto, muy preocupante. El incremento de costes conllevará, indefectiblemente, la pérdida de una parte de nuestro tejido industrial, y dificultará posibles inversiones, tanto nacionales como extranjeras.

El mensaje a trasladar en este punto es, por tanto, claro. La actual situación en el sector energético es insostenible, por lo que deben adoptarse de inmediato decisiones críticas para asegurar nuestro futuro. España debe seguir siendo competitiva.

Para ello, una de las primeras medidas que creo imprescindible adoptar es la de trasladar a los presupuestos generales del Estado todos aquellos extracostes derivados de decisiones políticas y que actualmente recargan los peajes eléctricos de forma muy sustancial.

Reconociendo la importancia de la energía y la urgencia de adoptar decisiones de gran importancia, a lo largo de las negociaciones que condujeron a la firma del Acuerdo Social y Económico el pasado mes de febrero, se acordó la creación de un grupo de trabajo sobre energía en el marco del diálogo social reforzado. Dicho grupo de trabajo, que ha sido recientemente constituido de manera formal, analizará e intentará alcanzar acuerdos a lo largo del año en ámbitos tan diversos como el mix energético, la eficiencia energética, las energías renovables, los residuos radiactivos, la gestión de la demanda y la captura y el almacenamiento de carbono.

En relación con dicho diálogo, quisiera aprovechar la ocasión para hacerles partícipes de algunos de los aspectos y criterios que, como punto de partida, creemos que deben ser tenidos en cuenta.

En primer lugar, dada la dimensión de los desafíos a los que nos encontramos, es esencial alcanzar un Pacto de Estado en un tiempo razonablemente corto, en el que puedan participar todos los actores implicados.

Sin duda, la culminación de este Pacto nos dotaría de un entorno regulatorio mucho más estable y facilitaría el acometer las importantes inversiones que se precisan. Las mismas, seguramente superen las ya efectuadas en los últimos años. En este sentido, por ejemplo, sólo en el sector eléctrico la inversión total realizada entre 1998 y 2009 alcanzó los 51.000 millones de euros.

Entre los aspectos que deberían quedar enmarcados en dicho Pacto se encuentra el inmediato desarrollo de una Prospectiva energética a 2035. Dicha Prospectiva, aparte de cumplir con el trinomio seguridad, competitividad y respeto al medio ambiente, debe basarse en escenarios realistas y pragmáticos, ya que planes basados en supuestos que no reflejan la realidad, acaban en fracaso y generan desconfianza.

En todo caso, el mix energético que se plantee en dicha prospectiva debe caracterizarse por ser equilibrado y contar con todas las tecnologías, huyendo de maximalismos de unas opciones tecnológicas frente a otra

La historia del sector energético español nos ha mostrado que debe ser el mercado y la competencia en igualdad de condiciones, con la guía prudente del regulador, el que defina cuáles son las tecnologías que maduren y prosperen.

Por supuesto, dicho mix debe seguir contando con una participación importante de la energía nuclear, dados los múltiples beneficios que la misma aporta a la sociedad en términos de competitividad, de garantía de suministro y de lucha contra el cambio climático. Pese a los inconvenientes de este tipo de energía, las consecuencias de no usarla serían peores.

Los desafortunados acontecimientos de Fukushima Daiichi deben servir para recordarnos la necesidad de que la energía nuclear se rija por principios de máxima seguridad en su operación, aspecto en el que el papel del Consejo de Seguridad Nuclear es esencial. Desde CEOE seguiremos con suma atención el resultado de las pruebas a las que las instalaciones nucleares españolas serán sometidas en breve.

También, deseo aprovechar este punto para reiterar la perentoria urgencia de adoptar una decisión en torno a la localización del Almacenamiento Temporal Centralizado. Independientemente de que en un futuro nuestro sistema energético siga contando con instalaciones nucleares o no, es evidente e ineludible que debe darse una adecuada gestión al combustible gastado y actualmente almacenado en las centrales españolas o francesas. El ser inactivos en este campo ya está implicando el pago innecesario de en torno a 60.000 euros diarios a la empresa francesa Areva.

Otro de los grandes integrantes del mix eléctrico español es el conjunto de las tecnologías renovables, las cuales han aumentado de forma muy importante su peso en el sistema eléctrico. Así, en 2010 las energías renovables llegaron a superar el 30% del total de la cobertura de la demanda eléctrica.

La meta a alcanzar en el ámbito de las renovables debe ser lograr disponer de tecnologías maduras y competitivas, al mínimo coste posible y con un tejido industrial asociado. Sin lugar a dudas, el caso de la eólica es el de un modelo de éxito a seguir, en el que gracias al esfuerzo de todos, a la apuesta por la I+D+i y a un proceso de desarrollo ejemplar, España se ha dotado de una industria nacional asociada que es puntera a nivel mundial.

Pero para que este objetivo se pueda alcanzar también en otras tecnologías sin afectar a la viabilidad económica del sistema eléctrico, a la competitividad de las empresas españolas o a la estabilidad en el largo plazo de la propia industria renovable, es crucial revisar las primas al régimen especial de forma periódica, adaptándolas a la evolución de las distintas tecnologías.

La creciente participación de las energías renovables hace que su adecuada integración sea prioritaria para la estabilidad del conjunto. Para ello, éste deberá evolucionar hacia un sistema que se caracterice por ser muy gestionable, a fin de optimizar en todo momento la utilización de los recursos disponibles.

Como primera herramienta será preciso contar con suficiente potencia de respaldo para poder responder de forma muy rápida en aquellos momentos en que no haya suficiente recurso renovable para atender a la demanda. Por supuesto, dicho servicio deberá ser adecuadamente retribuido.

Adicionalmente, debe apostarse por el desarrollo de las distintas tecnologías de almacenamiento, que posibilitarían recurrir a la energía almacenada en momentos de gran demanda para inyectarla a la red. Buenos ejemplos de estas tecnologías son el bombeo, los volantes de inercia, los sistemas de almacenamiento químico o los de aire comprimido.

De igual forma, debe incentivarse el desarrollo de técnicas de gestión de la demanda, con objeto de trasladar en la medida de lo posible consumos durante las horas punta del día a las horas valle, aplanando así la curva de demanda eléctrica y optimizando con ello la gestión del sistema.

Relacionado con lo anterior, creemos importante la apuesta por la implementación de las redes inteligentes. Para ello, resultaría de gran utilidad la elaboración de un plan de fomento de redes inteligentes, en línea con los movimientos iniciados a nivel europeo y, sobre todo, estadounidense.

Mención expresa merece el vehículo eléctrico, el cual una vez desplegado y adecuadamente utilizado podrá ayudar a reducir la intensidad de emisiones del sector transportes, facilitar el aplanamiento de la curva de demanda e incrementar la gestionabilidad del sistema eléctrico, entre otros.

Además del desarrollo renovable, la competitividad y el mix energético, el Pacto debe contemplar una clara apuesta por las infraestructuras de transporte y distribución, ya sean nacionales o transfronterizas, existentes o previstas en la planificación, así como eliminar los obstáculos para el desarrollo de nuevas redes. Resultan claramente excesivos los plazos de tramitación actuales para las nuevas líneas, dificultando con ello de forma innecesaria la adecuada prestación de los servicios.

A lo largo de los últimos años se ha detectado una creciente oposición por parte de la población ante la ejecución de proyectos de infraestructuras energéticas. Es esencial trasla dar a los consumidores finales la importancia que tiene el despliegue de infraestructuras para el buen funcionamiento de las redes energéticas. De igual forma, debe tenerse en cuenta que sin la suficiente capacidad nacional de evacuación, el desarrollo de las energías renovables se verá seriamente limitado.

También es esencial incrementar la capacidad de interconexión transfronteriza eléctrica y gasista entre España y Francia, al menos hasta el 10% de la capacidad instalada. En este sentido, en aras de poder alcanzar de la forma más eficiente en términos de coste el objetivo asignado a España en materia de renovables, creo preciso vincular el cumplimiento del objetivo del 20% en renovables a la efectiva realización del compromiso de disponer de un 10% de capacidad de interconexión transfronteriza.

Dicho porcentaje permitiría paliar en cierta medida la actual condición de isla energética de la Península, exportando así al resto de Europa las producciones renovables que puntualmente no tengan cabida en la demanda eléctrica diaria ibérica.

En el caso del gas, el desarrollo adicional de interconexiones posibilitaría que España se convirtiese en otra puerta de entrada del gas natural en la UE, gracias al potencial que supone poseer 6 de las 12 plantas de regasificación existentes en la Unión, y una nueva en construcción, y dos interconexiones con el norte de África.

El desarrollo de infraestructuras transfronterizas es la única vía posible para crear un auténtico mercado interior europeo de la energía en el que todos los agentes del mercado puedan participar libremente y en igualdad de condiciones independientemente de su país de origen.

En este sentido, se encuentra abierto un debate en torno a la posibilidad de desarrollar un hub gasista en nuestro país, que podría ser físico o virtual. En cualquier caso, la decisión y diseño deberé realizarse contando con los distintos integrantes del sector, analizando por supuesto los pros y contras de su creación.

Por lo que respecta al sector del refino, actualmente se enfrenta a una problemática muy diversa.

Destaca la progresiva incorporación de biocarburantes en la producción de combustibles de automoción como intento de cumplir con los objetivos vinculantes, que en ocasiones van más allá de lo recomendado por los propios fabricantes de vehículos. A ello se unen aspectos como la cada vez mayor dificultad para acceder a nuevas fuentes de suministro de petróleo, o la creciente dieselización del parque automovilístico español, con las conocidas dificultades para dar salida a la producción de gasolinas.

También es destacable la dificultad para dar cumplimiento a las cada vez más intensas exigencias medioambientales, que en ocasiones desembocan en situaciones contradictorias, en las que el cumplimiento de unos límites de emisión llevan incumplir otros límites.

Creo también importante hacer, aunque sea una sucinta referencia, a la eficiencia energética, definida por algunos como hacer más con menos, y que actualmente es motivo de múltiples iniciativas legislativas europeas y nacionales.

Como muchos de los presentes saben, la búsqueda de la eficiencia energética ha sido, y es, una preocupación constante para la industria, al ser un elemento de gran importancia para su competitividad, en especial para aquéllas intensivas en energía, con las que nuestro país tiene la suerte de seguir contando. Ello determina en parte nuestra intensidad energética.

Pero esta preocupación por la eficiencia no sólo debe competer a la industria, sino a la  sociedad en general, buscando siempre que los beneficios de las medidas propuestas superen a los costes que su aplicación conlleva.

En un país energéticamente aislado como el nuestro, carente de recursos fósiles y que desea seguir contando con un alto nivel de vida y unos sectores industriales de elevado peso en la economía, eficiencia y competitividad deben ir de la mano.

A modo de conclusión y de forma resumida, quisiera reiterarles algunas ideas, que creo de gran importancia para el futuro del sector energético español.

El modelo energético por el que optemos deberá asegurar el suministro, la protección del medio ambiente y preservar la competitividad de toda la industria nacional, incluyendo por supuesto a los oferentes de energía. Es decir, una política energética enmarcada en el ámbito del desarrollo sostenible.

Para ello, es preciso llegar a la mayor brevedad a un gran acuerdo nacional en forma de un Pacto de Estado que recoja las decisiones adecuadas en el momento oportuno a fin de que podamos seguir entre los países más desarrollados del mundo.

Finalmente, no quisiera finalizar mi intervención sin felicitar, de nuevo, a los graduados en el Master. Estoy seguro de que el prolongado esfuerzo realizado a lo largo del año se verá recompensado en un futuro próximo.

Conferencia pronunciada por José María Lacasa, Secretario General de CEOE,  el 20 de junio de 2011 en el Acto de Clausura del Master en Negocio Energético del Club Español de la Energía