“Rosell avisa del freno de inversiones en Cataluña” (Cinco Días, 12 de noviembre)

Esta semana, el presidente de CEOE, Juan Rosell, criticó que se pongan en marcha proyectos “que no se sabe muy bien dónde pueden ir” y que ya están empezando a afectar de manera importante a la economía, tal y como recogió, el jueves, el diario Cinco Días, en referencia a la situación creada en Cataluña con la resolución secesionista de Cataluña. Rosell señaló que las empresas no se van de Cataluña, pero advirtió de que sí ha escuchado puntualmente comentarios de compañías que están frenando sus decisiones de inversión a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Según este medio, “el patrón de patronos defendió que el Estado debe actuar ‘paso a paso, con toda la tranquilidad y proporcionalidad del mundo’”.

Por su parte, el diario Expansión también recogió otras voces empresarios, como la del presidente de Freixenet y de la Cámara de España, José Luis Bonet, que explica que “el peor enemigo de las decisiones empresariales es la incertidumbre y en este momento todo son incógnitas en relación con Cataluña”. Según él, “el escenario de secesión sería negativo, pero igualmente nocivo es el horizonte de inestabilidad política y de tensiones”.

“Paroxismo de los jueces contra la reforma laboral” (Expansión, 9 de noviembre)

Así titula el diario Expansión un editorial en el que denuncia que “la suerte de contrarreforma laboral llevada a cabo por numerosos jueces con sus resoluciones opuestas a la normativa vigente en el mercado de trabajo desde 2012 ha llegado al nivel de paroxismo”. Se refiere así a una sentencia del Supremo que reconocía a un trabajador que había generado antes de la entrada en vigor de la nueva ley el derecho a una indemnización por despido superior al tope de 24 mensualidades establecido a la reforma, ya que el tribunal considera el derecho de poder percibir la indemnización íntegramente (hasta el máximo de 42 mensualidades vigente anteriormente) a pesar de haber sido despedido cuando la norma de 2012 ya estaba en vigor.

Tal y como remarca este editorial, “´la extensión de este criterio generaría una enorme inseguridad jurídica y supondría enormes costes para las empresas, además de establecer una discriminación injusta entre los trabajadores”. Acerca de esta inseguridad, ya ha advertido CEOE en su informe sobre “Singularidades socioeconómicas del mercado laboral español”, y que recoge cómo los sucesivos pronunciamientos judiciales “ponen en grave crisis la seguridad jurídica en la adopción de las decisiones empresariales”.

“¿Contrato único?” (Jesús Lahera, en Cinco Días, 11 de noviembre)

Este es el tema analizado por el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, Jesús Lahera, que apunta que, desde la perspectiva política, “resulta imposible articular un único contrato laboral en un tejido productivo con necesidades temporales y un marcado factor estacional”, y añade: “las empresas necesitan, al menos, de instrumentos para sustituir trabajadores de su plantilla y para afrontar una temporalidad productiva, a la vez que es útil para los jóvenes la presencia de contratos de dimensión formativa con una duración pactada”.

Dicho esto, la propuesta, que vuelve a retomarse de cara a las elecciones de diciembre, “no puede ser presentada como un bálsamo mágico sino como una gran oportunidad de cambiar el modo de contratar y de generalizar el contrato indefinido, con la vocación de confiar en los estímulos que ofrece su productividad y eficiencia”.