“Pacto salarial acorde con la productividad” (El Economista, 15 de mayo)
Esta semana, los medios han seguido haciéndose eco del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para los años 2015, 2016 y 2017, cuyo preacuerdo se suscribió, la semana pasada, entre CEOE, CEPYME, CCOO y UGT. El texto contempla, siempre a modo de recomendación, subidas salariales de hasta el 1% para este año y del 1,5% para el siguiente.
Sin embargo, caben matices. El editorial de El Economista apuntaba, el viernes de la semana pasada, que “el preacuerdo establece que, en cada sociedad, las subidas reales se armonizarán con la evolución de la productividad, lo que permite prever que las alzas reales quedarán entre el 0,5% y el 0,7%. Es un rango sensato que permite ganar poder adquisitivo, en un contexto de rebajas fiscales e IPC bajo cero, y que preserva las valiosas ganancias de competitividad”.
En esta misma línea, se pronunciaba el diario El País, que titulaba que “el pacto salarial aconseja tener en cuenta la situación de cada sector”. Así, además de las citadas propuestas de subida salarial, el acuerdo “también recomienda a los negociadores de los convenios en sectores y empresas que tengan en cuenta la situación de sus ámbitos para modular los aumentos según las ganancias de productividad correspondientes”.
Este medio también se hacía eco de que el texto “expone claramente que la suma de los incrementos de sueldos en 2015 y 2016 ‘será mayor a la suma de las inflaciones de ambos años’. Esto garantiza, en principio, el poder de compra de los salarios”. Por su parte, el editorial del suplemento económico del diario ABC se refería, el domingo, a esta cláusula, señalando que supone “una revisión polémica porque desde siempre la patronal se ha opuesto a ligar sueldos y precios, aunque será difícil de aplicar teniendo en cuenta el entorno de baja inflación prevista”.
La vinculación de los salarios al IPC ha generado debate la última semana. Por ejemplo, el director del Instituto Juan de Mariana, Juan Ramón Rallo, replicaba al secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, que, en una entrevista en el diario El Mundo, afirmaba que “ligar los sueldos a la inflación no destruye el empleo”. Rallo, en una colaboración publicada en el diario El Economista, sostenía lo contrario. Según él, “si, como dice el secretario general de CCOO, un alza salarial no genera en sí misma un aumento de precios, entonces lo que estamos diciendo es que los empresarios no son capaces de repercutir los mayores salarios a mayores precios. Si verdaderamente tuvieran ese poder, lo que implícitamente estará reconociendo Toxo es, primero, que los sindicatos son incapaces de aumentar los salarios reales (toda alza de los salarios nominales se vería contrarrestada por un alza de los precios) y, segundo, que un alza salarial engendraría inflación. O dicho de otro modo, si los aumentos de salarios no dan lugar a inflación será porque estos crecen con cargo a los márgenes de beneficio de las empresas”.
El economista advierte de que, “si tomamos el IPC de toda la economía como criterio para fijar las revalorizaciones salariales mínimas del conjunto de las empresas, lo que sucederá es que habrá muchas compañías –todas aquellas que no hayan visto aumentar sus márgenes- no podrán costear esa subida salarial y tendrán que recortar costes”.
“La ‘hucha de las pensiones’ se agotará en nueve años” (El País, 19 de mayo)
Así lo alertó la consultora Towers Watson, que, según sus previsiones, “al ritmo que España está tirando del Fondo de Reserva para pagar las pensiones, este se habrá agotado entre 2020 y 2028. Antes o después dependerá del mercado laboral. Si el paro sigue en el nivel actual, el agotamiento llegará en cinco años; si baja al 10% pronto, en 2028; y si se estaca en el 15% la próxima década, los fondos se acabarán en 2024”.
Tal y como recoge el diario El País, “para amortiguar la situación”, esta consultora propone permitir “que el Fondo invierta en otros activos que no sea renta fija para aumentar su rentabilidad. “Ahora la práctica totalidad de recursos están colocados en deuda española, eso ha hecho que la rentabilidad en los últimos años sea alta, admiten desde la consultora. Sin embargo, su pronóstico es que va a caer el rendimiento de estos activos”.
“AAPP, unidad de mercado y política activa de empleo, ‘flecos’ que faltan” (El Economista, 21 de mayo)
“La política monetaria expansiva del Banco Central Europeo (BCE), la depreciación del euro y el petróleo barato favorecen a España, que ha hecho sus deberes, según resumió ayer el secretario de Estado de Economía. Ahora bien, hay reformas a las que aún les falta recorrido, entre las que Íñigo Fernández de Mesa citó la ley de unidad de mercado, la reforma de las Administraciones Públicas y el impulso de las políticas activas de empleo”, así recogió ayer el diario El Economista estas declaraciones pronunciadas en la presentación del estudio “Ante una nueva expansión económica”, del Instituto de Estudios Económicos.
“La EPA y la realidad” (Cecilio Moral, en Cinco Días, 18 de mayo)
Actualmente, el desempleo se mide a través de dos estadísticas: la Encuesta de Población Activa (EPA) y el paro registrado (que contabiliza los datos del Servicio Público de Empleo). Sin embargo, “las diferencias entre los resultados que se obtienen por uno y por otro sistema son sensibles, alcanzando a menudo a más de un millón de personas”.
Así lo destaca el catedrático de Economía Financiera, Cecilio Moral, que, en unacolaboración publicada en el diario Cinco Días, explica que “la EPA se realiza desde 1964 y utiliza actualmente una metodología que data de 2005. Se trata de una investigación que se lleva a cabo a través de una muestra de unas 65.000 familias, con periodicidad trimestral y con el objetivo de obtener los datos del mercado del trabajo en sus diferentes niveles, es decir, ocupados y parados, y también de conseguir información de la población ajena al mercado laboral, es decir, los inactivos. En total, se recaban datos de unas 180.000 personas”.
Sin embargo, Moral asegura que “conviene señalar que las estadísticas no se adaptan muy bien a la población activa, afectada por la emigración española a otros países en busca de trabajo y de inmigrantes que, cansados de sufrir un prolongado paro y sin apenas esperanza de encontrar trabajo, vuelven a sus países de origen”.
“Tsipras ‘ofrece’ a la ‘Troika’ una reforma del IVA” (El Mundo, 20 de mayo)
“Atenas reducirá sus tipos del IVA a dos, uno del 18% y otro del 9,5%. Habrá una gran novedad, muy singular: quienes decidan utilizar tarjetas de crédito o débito en lugar de dinero en efectivo para pagar por los bienes o servicios que consuman, verán como esos dos tramos se reducen un 3% cada uno, hasta el 15% y el 6,5%. Los cambios podrían aplicarse a partir de septiembre”.
Según el diario El Mundo, con esta propuesta, el gobierno griego estaría acercando posiciones para llegar a un acuerdo con sus acreedores. Esta semana, han vuelto a aparecer los rumores de un posible futuro impago griego. Según adelantaba este medio, “Atenas cree poder pagas salarios y pensiones en mayo, pero ha advertido de que podría quedarse sin liquidez para pagar los vencimientos de deuda de junio. Deberá llegar a un acuerdo en las próximas semanas para recibir parte de los 7.200 millones restantes de los rescates”.