“Sindicatos y CEOE suprimen líneas rojas, pero aplazan la negociación salarial una semana” (El Economista, 15 de abril)

Después de meses de reuniones entre patronal y sindicatos de cara a un acuerdo salarial, “las negociaciones están en vía muerta”, sostenía, el pasado lunes, el diario ABC, que incluso llegaba a anticipar “tensiones” en la negociación de los convenios colectivos “si no hay unas directrices claras, y más conflictividad en las empresas tras años de estabilidad y de acuerdos gracias a los pactos de rentas alcanzados en los últimos ejercicios”.

Según este medio, los sindicatos denuncian el “estancamiento” de la negociación, frente a una patronal que “apuesta por mantener la senda de moderación salarial para seguir ganando competitividad”. En concreto, la organización empresarial rechaza la propuesta sindical de ligar la evolución de los sueldos al PIB y defienden alzas salariales para 2015 del 0,8% o 0,9%, y para 2016 del 1,2% o el 1,3%, “en función de las características de los sectores o subsectores”. Mientras, por la parte sindical, se habla de “subidas de sueldos para incentivar el consumo y apuntalar la recuperación”. Las centrales insistirían así en que “no firmarán ninguna referencia por debajo del 1% para 2015”. 

 

Finalmente, el pasado martes, tuvo lugar una reunión al máximo nivel entre los líderes patronales y sindicales, pero “el intento fue infructuoso porque, tras un par de horas de reunión, los máximos representantes de los interlocutores sociales acordaron darse una nueva oportunidad”, informaba el diario Cinco Días. Sin embargo, por su parte, el diario El Economista apuntaba que ambas partes habían expresado su voluntad de suprimir “líneas rojas” en materia de incremento salarial, cláusula de revisión y ultraactividad. 

 

“Varapalo judicial a la reforma laboral” (Expansión, 16 de abril)

 

“Los tribunales asestan nuevos golpes a la reforma laboral. Una sentencia de la Audiencia Nacional establece que los trabajadores con reducción de jornada pueden diseñar el horario a su gusto, a pesar de que la reforma dicta que esta reducción debe establecerse de forma ‘diaria y proporcionada’”, según una sentencia a la que ha tenido acceso el diario Expansión. 

 

La sentencia se refiere a una trabajadora que había solicitado una reducción de jornada por cuidado de hijos, pidiendo no trabajar los fines de semanas, a pesar de que el contrato de trabajo establecía que la distribución de su jornada semanal era de lunes a domingo. Sin embargo, la empresa había firmado un convenio que establecía que las empresas no pueden obligar a que la reducción de jornada se concrete de forma diaria. Así, la Audiencia recuerda que el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores dispone que “los convenios colectivos podrán establecer, no obstante, criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada a que se refiere el apartado 5 (relativo a la reducción de jornada por guarda legal o de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial) en atención a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador y las necesidades productivas y organizativas de las empresas”.

Este medio también publica una valoración de Alberto Santos, de Deloitte, que reconoce que, aunque el pronunciamiento es “perjudicial para los intereses empresariales”, matiza que se refiere a un supuesto concreto, de derecho de los trabajadores de la empresa demandada a que la concreción horaria de la reducción se aplique sobre su “jornada ordinaria” (y no diaria), ya que así lo establecía el convenio colectivo de la empresa, suscrito con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral. Mientras, en su editorial, el diario Expansión afirma, rotundo, que “la acumulación de sentencias judiciales abiertamente contrarias a la reforma laboral en vigor constituye un despropósito, porque la inseguridad jurídica que están generando los jueces responsables de esos autos puede acabar siendo muy perjudicial para la economía española”. 

“Fondo de reserva, ¿gastar hasta agotar?” (Joan Coscubiela, en Nueva Tribuna, 12 de abril)

 

Respecto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la “hucha de las pensiones”, “desde 2012, se han utilizado en diferentes momentos cerca de 34.000 millones de euros, a los que sumar 5.350 millones provenientes del Fondo de Prevención y Rehabilitación de las Mutuas”. De manera que “el nivel máximo del Fondo (que llegó a ser de 65.830 millones en 2011) se ha reducido a 41.634 millones a finales del 2014”. Así lo recogía el diputado de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados, Joan Coscubiela, en el artículo “Fondo de reserva: ¿gastar hasta agotar?”, publicado, el pasado domingo, en el portal www.nuevatribuna.es.

 

Coscubiela señala que, “gracias al Fondo de Reserva se ha podido afrontar la tormenta perfecta provocada por la confluencia en el tiempo de retos a medio plazo y un déficit muy importante fruto de la crisis económica y de una reforma laboral que primero destruyó empleo y luego lo ha precarizado”. De esta forma, el diputado de Izquierda Plural mantiene también que “usar el Fondo de Reserva para afrontar esta situación tiene toda la lógica, porque para eso se creó. Pero el Gobierno Rajoy parece haberse instalado en una estrategia peligrosa y perversa de ‘usar hasta agotar’”.

 

Este, además, incide en el “agravante” de que, a corto plazo, el Fondo “no va a contar ni con más aportaciones ni con la rentabilidad de sus inversiones, sino al contrario: en 2015 y en próximos años se necesitará disponer de más recursos del fondo”. Dicho todo lo anterior, Coscubiela propone una serie de medidas para potenciar los ingresos a la Seguridad Social, como, por ejemplo, el aumento de las bases máximas de cotización.

 

Sin embargo, y aunque no se refiere explícitamente al diputado, el artículo semanal de Miguel Valverde en Expansión advierte de “la trampa de la izquierda en las pensiones”. El autor recoge como, desde el PSOE y desde Izquierda Plural, achacan la situación deficitaria de la Seguridad Social, tanto a la reforma laboral (que habría devaluado los salarios y, por tanto, las cotizaciones), como a bonificaciones tipo “tarifa plana”.

 

Ante esta situación, los grupos de izquierda, según destaca Valverde, “han pedido que el Gobierno acuda al Parlamento para discutir nuevas medidas que aumenten los ingresos de la Seguridad Social. Por ejemplo, la creación de un impuesto específico para ayudar a financiar las pensiones, como ya ocurre en Francia”. Sin embargo, el secretario de Estado de la Seguridad Social dice que, en pleno año electoral, “no va a caer en la trampa de la oposición de forzar al Gobierno a hacer propuestas que inevitablemente solo tienen dos salidas: o se aumentan los impuestos a las empresas, los trabajadores y los contribuyentes, en general, o hay que hacer un nuevo recorte en los factores paramétricos de las pensiones. O, tal vez, las dos cosas a la vez”.

 

“Fomento licitará obras del AVE por 2.400 millones de aquí a final de año” (ABC, 15 de abril)

 

“Como cada cuatro años, la obra pública ha irrumpido con fuerza en la campaña electoral”. Así se refería el diario Expansión al anuncio de la ministra de Fomento, Ana Pastor, de que sacará nuevas licitaciones por importe de 3.600 millones de euros: 1.200 en carreteras y 2.400 millones en ferrocarriles, fundamentalmente en la red AVE. Por su parte, el diario ABC también recogió este anuncio y añade: “cada euro de inversión trae consigo 2,03 euros de negocio y de PIB, y por cada empleo directo se generan 2,05 empleos totales en esta línea”.