De hecho, el estudio se remonta desde el origen de estas entidades, en los años treinta del siglo XIX, con unas cajas de ahorros que “actuaban bajo criterios de carácter social y arraigo territorial para cumplir con el objetivo de facilitar el acceso al crédito a las clases sociales más desfavorecidas y evitando la exclusión financiera, logrando así, obtener el reconocimiento de la sociedad en general”. Durante “la mayor parte de su trayectoria”, esta fue la misión de las cajas, aunque, advierte el informe: “su sobredimensionamiento y la excesiva exposición al riesgo inmobiliario fueron destapando sus debilidades de carácter estructural, que junto a las del sistema bancario en general, terminaron por acelerar la resolución de las entidades que estuviesen en crisis y de la institución como tal”.

 

 

Fue en 2013 cuando se aprobó la Ley 26/2013, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, por la que el escenario “ha pasado de tener 45 cajas en el año 2010, a solamente tener dos cajas de ahorros con dimensiones reducidas”. En concreto, según explica el análisis de Funcas y la CECA, la norma impone la transformación de las cajas en “fundaciones de carácter bancario u ordinario, en función del grado de participación y control que mantengan sobre la entidad de crédito de la que sean accionistas, traspasando toda su actividad financiera a esta”. Las fundaciones bancarias, por tanto, son “una nueva figura para el sistema jurídico español”, cuya “doble finalidad” consiste en “llevar a cabo la Obra Social que anteriormente fue desarrollada por las cajas de ahorros y gestionar la participación como accionistas en la entidad bancaria participada”.

 

El informe pone de manifiesto estas tres consideraciones:

 

1. La nueva normativa supone “el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado en materia de crédito, banca y seguros y en general, sobre el sistema financiero, tanto en la organización como en funcionamiento. Se trata de una ley estatal y tiene carácter básico por lo que supone la aplicación sin cambio alguno por parte de todos los gobiernos autonómicos a las entidades que operen en su territorio”.

 

2. La entrada en vigor de la Ley implica “la transformación de las cajas de ahorros como entidades de crédito; la recuperación por el Estado de los poderes de regulación y supervisión de toda la actividad financiera, dejando para las comunidades autónomas el desarrollo normativo y la realización de la Obra Social en su territorio y la completa separación entre la actividad financiera-Obra Social, así como la propiedad-gestión bancaria”.

 

3. También se señala que “las principales líneas de reforma se orientan hacia la profesionalización y despolitización de los órganos de gobierno y dirección de la fundación o caja; un exigente régimen de incompatibilidades; el aumento de la presencia de consejeros o patronos independientes sin independientes sin intereses específicos y la fijación de una triple limitación a nivel territorial, funcional y de dimensión”.

 

Recursos para la Obra Social

 

Desde Funcas y la CECA, reconocen que, “aunque las fundaciones sean las herederas de la Obra Social, es importante que a esta se le dote de contenido y continuidad, por lo que hay que hacer hincapié en la búsqueda de recursos usando vías alternativas de ingresos a las ya conocidas, que les posibilite seguir atendiendo aquellas necesidades de la sociedad como se hacía antes”.

 

Respecto a sus dos principales recomendaciones, el informe sostiene que:

 

a) Se debe “profundizar en la puesta en marcha de una serie de buenas prácticas en materia de buen gobierno corporativo, elaboración y seguimiento de índices de transparencia, incrementar el grado de profesionalización en todos los niveles, así como el establecimiento de un control permanente sobre el régimen de incompatibilidades exigido en la normativa reguladora”.

 

b) Del mismo modo, se reclama un “nuevo marco de relaciones”, con apertura hacia “nuevos agentes públicos y privados, superando el modelo imperante del corte competitivo, por otro basado en relaciones de colaboración que les ayude a poner en valor el amplio conocimiento con el que a nivel territorial ya cuentan, usando los recursos humanos, materiales y económicos de los que dispongan”.