“Cumbre de patronal y sindicatos sobre los convenios” (Expansión, 9 de abril)
Tal y como reflejó el diario económico, ayer retomaron el contacto patronal y sindicatos para conseguir un pacto para la negociación colectiva de los próximos años. Una reunión que vino precedida por la manifestación de las posturas de ambas partes, que seguían manteniendo discrepancias, fundamentalmente, en el aspecto salarial. Concretamente, el pasado lunes, los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, aseguraron que las centrales sindicales estaban todavía a la espera de que la patronal les remita su propuesta de pacto salarial. Tal y como puso de relieve La Vanguardia, a la luz de estas declaraciones, no es previsible que el pacto se cierre de forma “inminente o en próximas fechas”.
Al margen de esta “postura oficial”, en la que los sindicatos pedían una subida salarial máxima del 1,5% para este año, frente al mínimo del 0,6% propuesto por la patronal, “ambas partes estarían de acuerdo en firmar un incremento de los sueldos del 1%, con objeto de firmar definitivamente la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, adelantaban, por otra parte, desde El Economista.
Sin embargo, según este medio, “más allá de la cifra de subida en las retribuciones salariales, el obstáculo fundamental se centra en la inclusión o no de una cláusula de revisión que los sindicatos consideran ‘esencial para garantizar que no habrá pérdida del poder adquisitivo’, mientras que para CEOE y Cepyme esta es una ‘línea roja’ que, de momento, no quieren rebasar”. El Economista también apunta que otro escollo estaría en la regulación de la ultraactividad, que CEOE se negaría también a incluirlo en el acuerdo.
El otro diario económico de referencia, Cinco Días, señalaba ayer que “la posibilidad de un pacto de salarios se diluye” y, de hecho, recogía declaraciones del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, que reconoció estar “enfadado” y “triste” por la situación de paralización de la negociación colectiva, por lo que considera “una táctica dilatoria” de la patronal. Dicho esto, el diario también recuerda que, “pese a las quejas sindicales, lo cierto es que no hay un plazo determinado para llegar un acuerdo”. Cinco Días, en contraposición de lo apuntado el día antes por El Economista, sostiene, en cambio, que “CEOE no quiere ni oír hablar de subidas por encima del 1%”. Además, “uno de los argumentos que esgrimen los empresarios para defender su postura es que el 60% de las pymes aún registra pérdidas”.
“En Europa hay más de cinco millones de puestos vacantes porque no hay personas que los cubran” (Javier Calderón, en El nuevo lunes, 6 de abril)
Así lo afirmó el director gerente del Instituto de Formación de CEOE y Cepyme, Javier Calderón, en la entrevista publicada en el semanario El nuevo lunes. Este también fue preguntado por el reciente Real Decreto-ley sobre la reforma del sistema de formación profesional para el empleo y señaló que “la evolución del cambio de modelo, que se lleva desarrollando desde hace tres años, lo que nos da son datos cuantitativos donde al final no están contentos ni los agentes sociales, ni las empresas que reciben menos formación, porque mucho de ese dinero, de los 1.800 millones de euros, no van dirigidos a la formación de trabajadores, hay una parte que va dirigida a formación de desempleados, que no es la cuota finalista, y hay una parte que no sabemos directamente a dónde va”.
Dicho esto, añade: “si al final el cambio de modelo supone que nosotros nos tenemos que reinventar, que ya lo estamos haciendo a través de la Escuela de Empresarios, nos acoplaremos, pero si es más de lo mismo, ir a convocatorias donde al final el límite está en 95 puntos de valoración técnica y ese límite supone el tener que hacer los programas de formación que la Administración Pública quiere que hagamos, donde además no se mide el impacto y la calidad pedagógica de los programas formativos y donde al final se ven obligadas las empresas a hacer programas de formación que son inejecutables, entonces no tiene ningún sentido”.
“Las Administraciones triplican el plazo legal de pago a los proveedores” (El Economista, 9 de abril)
“Las Administraciones Públicas siguen vulnerando la legislación española y la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad y, a marzo de este año, mantienen sus plazos de pago a los proveedores en 85 días de media”. Según refleja el diario económico, esta cifra rebaja en cinco días los 90 en que se situaba la media a final de 2014, triplicando prácticamente los 30 días que, como plazo máximo, fija la ley.
“Sin ley no hay tiempo” (La Vanguardia, 8 de abril)
Esta semana, el parlamento catalán debatió las propuestas de la plataforma de la sociedad civil Iniciativa per a la Reforma Horaria, “que impulsa una europeización y racionalización de los horarios en Cataluña para ganar calidad de vida”, tal y como recogía, el pasado miércoles, el diario La Vanguardia. Según el informe de esta organización, “no se trata de obligar a nadie a comer a la una, ni de marcar un único paso, sino de deshacer algunos sinsentidos”.
Por ejemplo, en el ámbito laboral, “se considera que en las negociaciones de los convenios colectivos, se tendrían que incluir cláusulas específicas sobre una mayor racionalización del tiempo de trabajo”. Tal y como recoge este medio, a la luz de las propuestas, “ha de haber una ‘flexibilidad laboral pactada’ en la que los trabajadores se adapten a las necesidades de producción donde la empresa ofrezca a la vez flexibilidad a los empleados. Se proponen bonificaciones fiscales a aquellas que lo hagan y, asimismo, dar preferencia en la contratación pública a las que demuestren que tienen en marcha un plan efectivo de armonización de la vida laboral y personal”.