Confirmada esta iniciativa por parte del Ejecutivo, FENADISMER transmitió su “enorme satisfacción al Ministerio de Empleo por su intención de iniciar el trámite de aprobación de una regulación normativa que permita controlar las condiciones laborales de los trabajadores asalariados por empresas de terceros países que operen en España, en lo referente a las condiciones económicas y de realización del servicio por parte de dichos trabajadores”.

En concreto, y según adelantó por su parte el diario Expansión, el Gobierno pretende trasponer la directiva 2014/67/UE, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios, antes de que concluya la legislatura. “Es preocupante que los Estados miembros se sigan enfrentando a numerosas dificultades para cobrar sanciones y multas administrativas transfronterizas”, y, además, es “perjudicial para el correcto funcionamiento del mercado interior” europeo, tal y como señalan fuentes del Ministerio de Empleo a este diario económico.

Impago de cotizaciones y vender o trabajar por debajo de coste

El dumping social es un fenómeno que afecta a varios sectores, como el sector textil o la construcción, y es en el sector del transporte donde múltiples empresas “se deslocalizan para no pagar impuestos aquí y contratar por debajo de los costes”. Tal y como explica Expansión, “el fraude laboral de los trabajadores de empresas extranjeras que se desplazan a España ocurre sobre todo en el impago de cotizaciones a la Seguridad Social y en el llamado dumping (vender o trabajar por debajo de coste)”.

Estas empresas españolas se habrían deslocalizado a países como Rumania y Bulgaria, aunque operen en España, ahorrándose “gran suma en impuestos y costes laborales en los países del Este de Europa. Además, despiden a sus trabajadores en España y contratan en su país de origen, abonando salarios mucho más bajos, más típicos de esos países”.

Según este medio, a partir de ahora, el Ministerio de Empleo controlará las condiciones económicas y de realización de las operaciones de todas las empresas foráneas que transiten por España, “que deberán declarar previamente a las autoridades laborales españolas cualquier servicio que vayan a realizar en el país, con lo que se obligarían a sí mismas a cumplir las exigencias laborales y sociales establecidas en la legislación española”. La directiva comunitaria reclama, además, “sanciones eficaces, disuasorias y proporcionadas” para el defraudador.

Un impacto “muy negativo” para el sector y una actuación “poco patriótica”

Tal y como informan desde FENADISMER, se viene reclamando, “de forma insistente, la necesidad de establecer una regulación en España que permita controlar la situación de competencia desleal que en la actualidad atraviesa nuestro sector, basado en la deslocalización de las grandes empresas de transporte hacia países de la UE con menores costes de explotación de la actividad. Ello ya está ocasionando un impacto muy negativo para el tejido empresarial de transporte español (básicamente pequeñas empresas) por la actuación insolidaria y “poco patriótica” que en los últimos años están llevando a cabo grandes empresas de transporte que se están deslocalizando en los países del Este de Europa, despidiendo a sus trabajadores en España, a los únicos efectos de aprovecharse de los menores costes fiscales y laborales, para de este modo poder competir en mejores condiciones en el mercado de transporte internacional español en el que siguen operando. Ello, además, trae como consecuencia un grave perjuicio a las arcas públicas españolas por la no tributación de sus actividades en nuestro país, así como la indeseable destrucción de empleo en nuestro país”.

Mientras, por parte de los sindicatos, también se ha advertido contra este fenómeno. Por ejemplo, el pasado mes de febrero, el secretario general de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte, Eduardo Chagas, declaró, en una entrevista para la web de CCOO,  que el dumping social “es el principal problema del transporte europeo”. En concreto, Chagas asegura que “hay sectores donde hay mucha legislación, como en carretera, pero que no se implementa”, ya que existen empresas que “están inventando nuevas formas de eludir la legislación, aprovechar los huecos que puedan existir”.