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Revista de prensa - 20 de feb.
"Un pacto salarial que conviene a todos" (El Economista, 17 de febrero)
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“La CEOE pide al Ejecutivo que amplíe el uso del contrato temporal” (El País, 23 de febrero)

En los últimos días, CEOE trasladó al Gobierno sus propuestas de cara al Programa Nacional de Reformas de 2015 que el Ejecutivo transmitirá a la Comisión Europea. Según recogió el diario El País, la patronal aboga por reforzar la modalidad de contratación temporal “para facilitar la creación de empleo a la salida de la crisis”.

Así, según CEOE, “restringir aún más esta modalidad puede producir efectos perniciosos en la recuperación del empleo”. Por un lado, demanda que los contratos temporales puedan encadenarse durante más de 24 meses, un límite que el Gobierno del PP reintegró, tras haber sido suprimido por el anterior Ejecutivo socialista. Además, la patronal pretende refundir el contrato de obra con el eventual, “como un contrato temporal acausal”, con una duración máxima de dos años en un periodo de referencia de 30 meses. Mientras, Expansión pone el foco en otra reclamación de la asociación empresarial: “potenciar abiertamente el contrato a tiempo parcial”, como un contrato ordinario, pero con una jornada inferior.

Por su parte, el diario Cinco Días concretaba que CEOE pide recuperar el contrato ideado por el PSOE en 1984 para jóvenes con duración entre seis meses y tres años y una indemnización por despido de 12 días por año. Además, quiere que en los contratos formativos el salario esté por debajo de convenio. También, y según indicó el diario ABC, se pide una rebaja de las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social e insiste en que esta medida, que debe adoptarse con carácter “inmediato”, es “imprescindible” para fortalecer la recuperación económica y la creación de empleo.

En materia fiscal, y según pone de relieve El Correo, la organización empresarial ve “urgente” la necesidad de coordinar las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, así como la supresión de muchos impuestos regionales, la mayoría de carácter medioambiental.

“Presión sobre los negociadores” (Expansión, 23 de febrero)

En su colaboración habitual en el diario Expansión, Miguel Valverde repasa los motivos por los que CEOE redujo, la semana pasada, su posición negociadora de cara al acuerdo salarial para los convenios colectivos de los próximos años. Así, y cuando ya se estaba hablando de que la patronal pactaría una subida salarial cercana al 1% para este año, en la sesión de su junta directiva, “la mayoría de las voces pidió a Rosell y Garamendi mucha contención en los salarios. En cifras, esta actitud significa que, en el mejor de los casos, la oferta general del incremento salarial para este año no puede superar la horquilla comprendida entre el 0,6% y el 0,8%”.

Según Valverde, “en una negociación todo puede cambiar rápidamente si una de las partes hace una concesión o decide enrocarse en su postura. Sin embargo, una foto fija de la situación mostraría que Rosell y Garamendi están muy presionados por sus bases. Sobre todo, por la pequeña y mediana empresa que, en líneas generales, no comparte el optimismo del Gobierno sobre la situación económica. Más que nada porque lo comprueba todos los días en su actividad”.

El autor también incide en que los primeros datos de la negociación colectiva dan la razón a los empresarios en su apuesta por la moderación salarial. “Muchos convenios siguen trabajando en el marco de la crisis. Esto significa que una buena parte de las empresas ofrecen el mantenimiento del empleo a cambio de continuar con la congelación o la reducción salarial. Por eso, Rosell pide a los sindicatos que se fijen en lo que está pasando en los convenios”.

Por parte de los sindicatos, este martes, los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Ramón Gorriz, y de UGT, Toni Ferrer, explicaron, en el marco de unas jornadas sobre negociación colectiva organizadas por Arinsa, que están dispuestos a aceptar la propuesta de la CEOE de ligar la subida salarial al crecimiento de la economía en este año y en 2016. Según explica el diario El Mundo, las centrales plantean un alza salarial del 1,5% para este año si el PIB a precios constantes sube más de un 2%. En caso de que lo haga por debajo de esa cifra, aceptarían un 1% de incremento.

Para 2016, contando con que la economía evolucione mejor que durante este año, los sindicatos proponen subidas salariales de hasta el 2%. La última previsión del Gobierno para este año, tal y como aseguró el presidente Mariano Rajoy en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nación, es del 2,4%. Según este medio, en cualquier caso, para ambos ejercicios, “los sindicatos reclaman cláusulas de garantía salarial a la espera de que las últimas medidas del BCE, la compra de bonos públicos para facilitar más liquidez financiera, den sus frutos. Las centrales estiman que el IPC volverá a rondar el 2% a finales de 2016. ‘No podemos jugar a la ruleta con el sueldo de los trabajadores. Tiene que haber cláusula de salvaguarda’, señaló Ferrer”.

Ambos representantes, tal y como puso de manifiesto por su parte el diario Cinco Días, aseguraron, sin embargo, que “tanto en el tema salarial como en la forma de abordar la situación creada por la reforma laboral con el límite a la prórroga automática de los convenios (ultraactividad) la situación ‘es de estancamiento’ en las negociaciones con las patronales”.

“La reducción de cotizaciones estará vigente 18 meses” (El País, 26 de febrero)

Y es que la presión del déficit impide que el Gobierno impulse mayores incentivos para las empresas. Por eso, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, en declaraciones a Radio Nacional de España, puso el límite a la nueva medida que exime a las empresas de cotizar por los primeros 500 euros de sueldo en los nuevos contratos indefinidos: estará en vigor año y medio. Es decir, las empresas podrán acogerse a ella desde el próximo lunes y perderán esa posibilidad el 30 de septiembre de 2016.

Esta medida fue una de las anunciadas por el presidente Rajoy en su discurso, el pasado martes, en el Debate sobre el Estado de la Nación. Tal y como expuso el diario Expansión, este incentivo sucederá a la “tarifa plana” de 100 euros, que acaba el 31 de marzo (y que, según la ministra de Empleo, ha propiciado la contratación de 200.000 empleos fijos). “Esta reducción no tendrá impacto en la generación de derechos de prestaciones para el trabajador. La cotización a la Seguridad Social de los trabajadores con salarios más bajos se reducirá cerca de un 70%. Los empleados con salarios de 1.000 euros verán reducidas sus cotizaciones en cerca de un 50%. Y los trabajadores con salarios más elevados, situados en la base de cotización máxima, verán reducidas sus cotizaciones un 14%”.

Otra medida anunciada en el Debate fue la bonificación para autónomos que necesiten reducir su jornada para cuidar a sus hijos menores de siete años o de los mayores dependientes a su cargo. Según informa El Economista, bonificará durante un año el 100% de su cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes. La obtención de esa bonificación implicará que el autónomo contrate a un trabajador para mantener la actividad.

“CEOE romperá con el Gobierno si se aprueba la reforma de la formación” (El Economista, 25 de febrero)

“Es la línea roja que rompe nuestra relación con el Gobierno”. Así recoge el diario El Economista, las declaraciones de “un alto responsable de la patronal CEOE” en referencia al proyecto de Real Decreto de Reforma de la Formación, en las que añade: “si se aprueba tal y como está, a partir de ese momento, que no cuenten con nosotros para nada”.

Según este representante, “si nosotros pagamos la formación a través de las cotizaciones a la Seguridad Social y somos también quienes mejor conocemos las necesidades y prioridades formativas de las empresas y los trabajadores, es inadmisible que ahora se ponga al frente de la formación al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) donde ni se conoce ni se ha preocupado nunca”. También siempre según las declaraciones publicadas en El Economista, los empresarios señalan: “nosotros solo recibimos el 10% de los fondos para formación y el 90% restante lo gestiona el Gobierno restante lo gestiona el Gobierno, por lo que son las Administraciones las que tenían que haber controlado el destino de esos fondos”.

El proyecto de Real Decreto del Ministerio de Empleo excluye a los agentes sociales “de participar en la gestión de los fondos y en la impartición de la formación como lo habían hecho hasta la fecha, dejando este papel a las entidades que imparten formación profesional y desarrollarán esta tarea en un entorno más competitivo”. Según este medio, desde el Ministerio, se insiste en que el Real Decreto solo recoge los diez puntos que los agentes sociales acordaron en julio con el presidente del Gobierno.

“Grecia se está dando cuenta de que tiene que cumplir las reglas” (Frans Timmermans, en ABC, 22 de febrero)

Así lo aseguró el vicepresidente primero de la Comisión Europea, en una entrevista en ABC, tras el acuerdo a finales de la semana pasada de Grecia con el Eurogrupo. Fue el fin de semana cuando el Gobierno heleno envío un primer listado de reformas a las “instituciones” (BCE, FMI y Comisión Europea, antes conocidas como “la troika”). Entre otras medidas, Atenas estima que puede recaudar 2.300 millones luchando contra el contrabando de combustible y tabaco y otros 2.500 enfrentando la corrupción, tal y como como publicó el diario El Mundo, el pasado lunes.

Por parte del Eurogrupo, y tal y como recoge ABC, se incide en la promesa del anterior gobierno griego de que si el país mantenía el superávit presupuestario se aligeraría la carga de la deuda, que representa ya el 175% del PIB. Por eso, “uno de los compromisos que ha tenido que asumir Tsipras es que no puede esperar una quita. El Eurogrupo habla del ‘compromiso inequívoco de honrar sus obligaciones con todos sus acreedores, completamente y a su debido tiempo’. Sin embargo, todavía queda cierto margen en los plazos y los intereses, algo que en el Fondo Europeo de Rescate siguen estudiando.

“Pero contentar a la troika, al Eurogrupo y a los parlamentarios nacionales de los tres países más halcones de la zona euro, es solo el primero de los desafíos de Tsipras”, advierte el corresponsal en Bruselas de Expansión, Miquel Roig, que, en su análisis del juego de equilibrios en la política griega, añade: “su gran problema es que su lista de reformas tiene que ser lo suficientemente indefinida para que no chirríe el ala extrema de su partido y a sus socios de ultraderecha, pero lo suficientemente definido para que contente a la troika, el Eurogrupo y los parlamentos nacionales. La duda es si ese punto de equilibrio existe”.

Finalmente, el pasado martes, “los ministros de Finanzas de la eurozona rebajaron varios peldaños el grado de dureza y dieron su  visto bueno” a la lista de reformas de Tsipras, redactada “con calculada ambigüedad”. En ese plan, según informa este diario, Tsipras pone el acento en “la reforma fiscal y de la Administración Pública, en la lucha contra el fraude y la evasión de impuestos, y concede alguna medida impopular como una reforma laboral que hará más fáciles los contratos temporales y puede debilitar la negociación colectiva. Pero a la vez sigue adelante con algunas de sus promesas con la ayuda de un texto que rehúye deliberadamente bajar a la arena de los detalles”. El análisis de este diario concreta que “la izquierda de Syriza mantiene un aumento –progresivo- del salario mínimo. Se permite cierto gasto social para la emergencia humanitaria (alimentos, energía y sanidad universal), pero sin poner en peligro la estabilidad presupuestaria. Suaviza el programa de privatizaciones. Y mantiene una línea de defensa legislativa antidesahucios”.

Al día siguiente del visto bueno a este plan, sin embargo, surgieron las primeras diferencias en el seno del Gobierno griego, tal y como informó ABC. Por ejemplo, el ministro de Reconstrucción Productiva, Energía y Medio Ambiente, Panayotiz Lafazanis (del ala izquierda de Syriza), afirmó abiertamente que “no tiene intención de privatizar las empresas eléctricas públicas que están bajo su gestión”. Uno de los puntos más importantes de la lista presentada ante el Eurogrupo.

“Continuar con las reformas” (Juan Rosell, en El Nuevo Lunes, 23 de febrero)

Así tituló su artículo el presidente de la CEOE, Juan Rosell, en una colaboración publicada en el semanario El Nuevo Lunes, en la que señala que “el impulso de la industria es una de las políticas clave para potenciar la recuperación económica de nuestro país, siendo un sector estratégico como generador de riqueza y empleo. No hay que olvidar que aporta el 17,5% del Valor Añadido Bruto (VAB) y da trabajo a unos 2,4 millones de personas, generando empleo de alto valor, con un 83,4% de puestos de trabajo indefinidos”.

El presidente de los empresarios también sostiene que “hay que hacer una apuesta firme por la Investigación, el Desarrollo y la Innovación tecnológica, como motores para la elaboración de productos de alto valor añadido que resulten altamente competitivos en los mercados”.

“Combustible para pymes” (Antonio Garamendi, en El Periódico, 24 de febrero)

También esta semana publicó un artículo el presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, en el que señala que, “para que la recuperación económica sea realmente firme y duradera debe apoyarse en el avance cuantitativo y cualitativo de las pymes. Mejorar su competitividad, incrementar su eficiencia, elevar sus niveles de profesionalización e innovación, apoyar su internacionalización y diversificar sus mercados son las claves”.

“Para todo ello, las pymes necesitan financiación, el combustible que les permitirá afrontar esas tareas y transmitir su energía a la recuperación económica”. Con ese objetivo, a principios de enero, “la comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial cuyo objetivo es mejorar los canales de financiación de las empresas, en especial de las pymes”.

Tal y como explica Garamendi, “se establece por primera vez un régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa, dando cobertura a las actividades denominadas como micromecenazgo o crowdfunding, una forma alternativa de financiación que conecta, a través de un intermediario o plataforma tecnológica, a multitud de agentes que pueden donar, prestar o invertir recursos monetarios de escasa cuantía, con otros agentes que necesitan financiación para un proyecto específico”. El presidente de CEPYME también advierte de que “el impulso al crowdfunding exige mayores garantías, desde la armonización legal en toda la UE  a precisiones sobre definición, beneficios y riesgos”.

“El tamaño de la empresa importa” (Suplemento Negocios, de El País, 22 de febrero)

Además de la financiación, otro reto es el de hacer frente a “la escasa dimensión de las compañías españolas”, que “les resta competitividad y debilita la economía ante la crisis”, según reza el reportaje publicado, el pasado fin de semana, en el suplemento económico de El País. Esta información reconoce que “las grandes compañías españolas miran de tú a tú a las principales multinacionales del planeta. Sin embargo, estos transatlánticos son apenas una gota en el océano empresarial del país, donde la microempresa es el modelo societario dominante”. De hecho, en España, el número medio de empleados es de 4,7 y en Alemania 11,7.

El artículo cuenta con la valoración de la gerente del Instituto de Estudios Económicos, Almudena Semur, para quien “no hay un único factor que explique por sí solo el menor tamaño empresarial español. Si tuviéramos que citar las grandes causas de este comportamiento, deberíamos citar factores culturales y económicos, entre los que cabe mencionar la escasa cultura emprendedora que sigue existiendo en España, el escaso porcentaje de gasto en I+D+i y la poca tradición de cooperación empresarial. También existen factores financieros, como la excesiva dependencia de las pymes de la financiación bancaria, o factores institucionales”.

Semur, también coordinadora del estudio “Situación actual y retos del futuro de las pymes españolas”, considera que “desde el punto de vista del sector privado, habría que hacer una apuesta mayor por la cooperación empresarial, sobre todo entre compañías que tienen experiencia internacional. Además, habría que dar a conocer fuentes de financiación alternativas a la clásica bancaria”.

“Ultraactividad: el fallo del Supremo se recurrirá ante el Constitucional” (El Economista, 25 de febrero)

Este diario se refiere a la sentencia del pasado 22 de diciembre, en la que decidió que las condiciones laborales de los trabajadores, plasmadas en los convenios, seguirán vigentes si así lo han acordado las partes, hasta que el convenio se sustituya por uno nuevo. A este respecto, el magistrado del Supremo, Antonio Sempere, que participó en un coloquio organizado por Roca Junyent, defendió su voto particular a esta sentencia, considerando que “la respuesta del Supremo debió ser que cuando transcurra el año de ultraactividad el convenio dejará de tener cualquier tipo de vigencia por así quererlo el legislador” (más información de la valoración de Sempere, que intervino hace dos semanas en la sede de CEN, en nuestro CEN7días).

“El FMI mete el dedo en la llaga del paro juvenil” (Expansión, 26 de febrero)

“El Fondo Monetario Internacional (FMI) insiste en reclamar al Gobierno que continúe con las reformas del mercado de trabajo para reducir el elevado desempleo en España y, más específicamente, el paro juvenil”. Algunas de las “recetas” de este organismo son la rebaja de los costes del despido, “para reducir la diferencia entre trabajadores indefinidos y temporales”, o la disminución del Salario Mínimo Interprofesional, “para incentivar la contratación de los jóvenes”.

A este respecto, el diario Expansión puntualiza en su editorial que, “con la adecuada protección social de los trabajadores, los empresarios necesitan estímulos para emplear a unos jóvenes que, en muchos casos, lo ignoran todo y no tienen ni el hábito ni la disciplina laboral. Sin olvidar que muchos licenciados tienen que salir de España para encontrar trabajo, lo cierto es que los que tienen menos formación son los que más dificultades tienen para encontrar trabajo. La sociedad española tiene que tomar decisiones realistas para resolver este grave problema, en lugar de cerrar los ojos”.

“Por un empleo estable” (Rafael Domenech e Iñigo Sagardoy, en El Mundo, 22 de febrero)

En una colaboración para el diario El Mundo, el economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research, Rafael Domenech, y el presidente de Sagardoy Abogados, Iñigo Sagardoy, apuntan que “tenemos que reducir la tasa de paro rápidamente manteniendo el déficit exterior a raya, algo que nunca hemos conseguido en las últimas décadas. Y tenemos que crear empleo estable y productivo”.

Los expertos también proponen que “la reducción del número de modalidades contractuales”, que “se complementaría con un nuevo sistema mixto de indemnización por finalización del contrato”. Así, “una parte provendría de una cuenta de ahorro individual nutrida de aportaciones periódicas realizadas por las empresas, por ejemplo por un importe equivalente a ocho días de salario por año trabajado, que actuaría como un seguro”.

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