Según informa la propia CEOE, es necesario distribuir de manera justa la carga tributaria reforzando la lucha contra el fraude fiscal en vez de incrementar la presión sobre los empresarios que cumplen con sus obligaciones.

En concreto, tal como recogen los principales periódicos, los empresarios reclaman impuestos más bajos, tanto en materia de IRPF, Impuesto de Sociedades y cotizaciones, así como también proponen una serie de medidas para combatir el fraude fiscal.  Por otra parte, en cuanto a los impuestos indirectos, CEOE tampoco se muestra partidaria de la posibilidad de subir el IVA o incluso la de elevar algunos productos del tipo reducido al general, ya que estas medidas perjudicarían al consumo.

Por ejemplo, tal y como pone de manifiesto el diario económico Cinco Días, en el impuesto sobre la renta, CEOE reclama eliminar ya la subida fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2011 y que supuso elevar entre 0,75 puntos y siete puntos el IRPF, cuyo tipo marginal máximo se sitúa actualmente en el 52% (Suecia y Bélgica son los únicos países europeos con un tipo más alto).

Por otra parte, en cuanto a Sociedades, se propone rebajar el tipo nominal de este impuesto, que actualmente asciende al 30% (un tipo tan sólo inferior en Europa al de Francia, Bélgica e Italia) y al 25% para las pymes. A pesar de los elevados tipos impositivos, la recaudación en España es tan sólo del 37,1% del PIB, frente al 45,4% de la media europea. Por lo tanto, se pone de manifiesto que más impuestos no conllevan necesariamente más recaudación. La patronal también solicita la supresión de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, además de una rebaja de, como mínimo, dos puntos en las cotizaciones, para homologarlas al del resto de países europeos.

Sin embargo, la reforma fiscal que propone CEOE va más allá del cambio de tipos, sino que propone “cinco grandes líneas de actuación”, tal y como resume el portal Libertad Digital:

1. Simplificación normativa: gracias a un proceso de racionalización de la legislación.

2. Seguridad jurídica: en la rueda de prensa en la que se presentó el documento, el presidente de CEOE, Juan Rosell, reconoció que, a los empresarios, “no nos gusta que cada año haya entre cincuenta y sesenta cambios sólo en el IRPF” entre Estado y Comunidades Autónomas.

3. Lucha contra el fraude: CEOE apuesta por incrementar la presión sobre los defraudadores (que compiten deslealmente con los que sí pagan sus impuestos) y bonificar algunas actividades para sacarlas de la oscuridad.

4. Coordinación. El informe denuncia que, “además de los impuestos estatales, existen aproximadamente cien impuestos propios de las comunidades autónomas e innumerables tasas autonómicas y locales que en muchos casos gravan la actividad o suponen un obstáculo a la libertad de establecimiento, y esta cifra va en aumento”.

5. Compensación con la administración. La idea sería compensar créditos reconocidos, si los poderes públicos deben dinero a la empresa, contra los pagos de impuestos o cotizaciones.