Así lo destaca CEOE en un informe, en el que señala que algunas de estas cuestiones, “que deberán ser acordadas a la mayor brevedad posible”, son “la definición del instrumento financiero que proporcionará la ayuda (Fondo Europeo de Estabilidad o Mecanismo Europeo de Estabilidad), la posibilidad de preferencia de cobro de los países de la zona euro sobre el inversor privado, el tipo de interés aplicable, los plazos de vencimientos, el volumen necesario para recapitalizar adecuadamente el sector, la identificación de las entidades que se beneficiarán de dichas ayudas, y las medidas de condicionalidad para el conjunto del sector financiero”.

La ayuda financiera no tiene por qué afectar al déficit público

El Eurogrupo acordó, el pasado 9 de junio, esta asistencia financiera, de los que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) será el receptor de sus fondos y será quién canalice las ayudas a las entidades que lo necesiten, aunque la ayuda financiera recaerá sobre el Gobierno. De esta forma, se da una separación entre el riesgo bancario y el riesgo soberano.

Así, CEOE considera que, “en principio, la ayuda no afectará al déficit público”. En concreto, señala que el mecanismo de ayuda generará unos ingresos y unos gastos para el Estado. Por el lado de los gastos, se encuentran los intereses del préstamo que reciba el FROB. Por el lado de los ingresos, están los recursos procedentes de las entidades financieras que reciban ayuda del FROB.  Por lo tanto, los instrumentos utilizados, ya sean bonos convertibles contingentes o acciones de la entidad, deberán generar un rendimiento para retribuir la ayuda del Estado.

“Si se concede un plazo de tiempo suficiente, los beneficios derivados del saneamiento de las entidades superarán los costes de los intereses del préstamo recibido por España, lo que reduciría el déficit público. Sin embargo, de manera puntual, el FROB podría recibir unos ingresos inferiores a los costes financieros de la ayuda, generando un pequeño déficit, aunque esta situación dependería del periodo de carencia del préstamo”, explican desde CEOE.

La ayuda conllevará reformas en el sector financiero

Tras la petición formal, la Comisión Europea, junto con el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el Fondo Monetario Internacional, realizarán una valoración del sector financiero, así como unas propuestas de condicionalidad que acompañará la asistencia financiera. Dicha condicionalidad se centrará en reformas específicas del sector financiero, incluyendo los planes de reestructuración. Además, el Eurogrupo examinará regularmente los progresos en los ámbitos de las reformas estructurales y de consolidación fiscal.

CEOE confía en que este proceso conlleve una reactivación del flujo de crédito, que es el principal problema de las empresas españolas, y, en consecuencia, favorecerá el crecimiento económico y la generación de empleo. Además, pone de relieve que “el hecho de que los mecanismos de ayuda financiera contribuyan a la recapitalización del sistema bancario de los países que lo necesiten, sin que ello entrañe una solicitud de ayuda financiera por parte del Gobierno como las realizadas hasta el momento, trata de evitar una intervención total de la economía”.

También se pone de relieve que el mecanismo de ayuda planteado para España es “sustancialmente diferente” del resto de mecanismos utilizados en Grecia, Irlanda y Portugal. “En estos países, la asistencia financiera cubría la mayor parte de las necesidades de financiación del Estado y, por tanto, iba acompañada de un programa de ajuste que comprendía el conjunto de la economía. En cambio, la asistencia financiera a España se dirige exclusivamente al sector financiero y la condicionalidad sólo se refiere a dicho sector, excluyendo cualquier medida en el ámbito macroeconómico”.

Diferencias entre los mecanismos europeos de apoyo financiero

El informe de CEOE también marca las diferencias entre los dos posibles mecanismos europeos de apoyo financiero: el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Por ejemplo, la capacidad de financiación del FEEF es actualmente de 248.000 millones de euros (tras el dinero otorgado a Irlanda, Portugal y Grecia), y la del MEDE es de 500.000 millones de euros.

Además, así como en el FEEF todos los inversores tienen igualdad de condiciones en el cobro del préstamo, el MEDE gozará de la condición de acreedor preferente por la financiación que conceda. Por otra parte, las aprobaciones de asistencia financiera por parte del FEEF han de ser por unanimidad, mientras que el MEDE requiere de una mayoría cualificada del 85% de los votos. Cabe destacar que este último, el MEDE, entrará en vigor en julio de 2012, si países de la zona euro que representan al menos el 90% del capital suscrito lo han ratificado, algo que, por el momento, sólo ha hecho Francia, Grecia y Eslovenia.

Reacción de los mercados

CEOE también explica por qué la ayuda financiera a España no calmó los mercados una vez acordada, y de que la prima de riesgo española siguiera subiendo. “Entre otras cuestiones, aún se desconocen las condiciones del préstamo que recibirá el FROB, así como el mecanismo que proporcionará dicha financiación”. Por otra parte, “el aumento de la prima de riesgo también es consecuencia de una cuestión más general que concierne a la supervivencia de la zona euro y que, por tanto, exige una declaración política clara de refundación de la Unión Monetaria Europea para que se reduzca”.

En cambio, para resolver la crisis de deuda, CEOE reclama establecer una hoja de ruta con compromisos creíbles y firmes de fortalecer la zona euro. Para ello, es imprescindible avanzar en la integración fiscal, que supondría la creación de una autoridad que pueda realizar orientaciones fiscales en la zona euro y el establecimiento, en última instancia, de los eurobonos. Asimismo, se debe reafirmar el compromiso de progresar en la unión bancaria, creando una supervisión a nivel comunitario y un fondo de garantía de depósito común. Además, es preciso que la Unión Europea dé mayores pasos para garantizar la libertad de movimiento de trabajadores, por ejemplo, eliminando obstáculos en la movilidad de los planes de pensiones complementarios o en el reconocimiento de cualificaciones profesionales.