Como señala la Confederación Española de Organizaciones Empresariales en su último informe de coyuntura "es imprescindible, junto con las reformas estructurales, realizar un ajuste presupuestario creíble y que cumpla los compromisos de déficit público". En estos momentos, la economía española se encuentra en una situación muy complicada: tiene la obligación de ganar credibilidad en los mercados financieros internacionales, dado que su principal fuente de financiación exterior es el Banco Central Europeo. Además, la crisis de deuda europea, todavía sin resolver, lo que está dificultando el acceso a la financiación a todos los niveles de las Administraciones Públicas, al mismo tiempo que el crédito a empresas y familias sigue descendiendo. A su vez, el encarecimiento de la financiación es un obstáculo para la consolidación presupuestaria, siendo la partida de gastos financieros una de las que más crece, e impidiendo que estos recursos se destinen a otras actividades más productivas. Por tanto, es imprescindible un ajuste presupuestario.

En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 (PGE-2012) el Gobierno ya recoge una fuerte reducción del déficit y es todavía mayor desde el punto de vista estructural, ya que la situación económica en 2012 es de recesión. Sin embargo, el ajuste se concentra más en la parte de los ingresos que en los gastos, lo que no favorece en el largo plazo la sostenibilidad de las cuentas públicas. En concreto, el ajuste fiscal necesario, que se eleva al 2,5% del PIB, recae en mayor medida en el aumento de los ingresos no financieros, un 1,4% del PIB, frente a la reducción del gasto de un 0,8% del PIB.

Por otra parte, CEOE también echa en falta otras medidas de carácter estructural que vayan dirigidas a la mejora de la gestión y el control de gasto público. Por ejemplo, si se introducen medidas de racionalización del gasto en algunos servicios públicos, como sanidad y educación, pero es imprescindible que se aprueben con premura las Leyes de Acompañamiento que aceleran las reformas en estos ámbitos para que la implementación sea más rápida a todos los niveles de la Administración Pública.

El informe subraya además que, un año más, el Estado es la Administración Pública que concentra el mayor grado de ajuste, y por ello, su margen de reducción del déficit es cada vez menor. Hay que tener en cuenta que los intereses de la deuda, el desempleo y las pensiones suponen casi el 60% del gasto público consolidado. Adicionalmente, este año se añade como gasto la aportación de España al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), las obligaciones del Estado de ejercicios anteriores y la liquidación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común de 2010, que se habían hecho con los parámetros del antiguo sistema de financiación y que este año se deben actualizar con el nuevo sistema. Al incluir estas partidas, el Presupuesto de Gasto no Financiero del Estado es de 152.629,8 millones de euros, es decir, aumenta un 1,7% en relación con 2011.

Con estos gastos en ascenso, la reducción del gasto no financiero recae en la formación pública de capital físico, humano y tecnológico. En los últimos años, se observa una tendencia a reducir el peso en el presupuesto de las políticas destinadas a la actividad productiva, que representaban el 13% del total del gasto consolidado en 2008 y no alcanzan el 9% en 2012, mínimo desde que España forma parte de la eurozona. En los PGE-2012, esta es la partida de gasto que más cae, un 17% respecto a 2011. Estas líneas de actuación deben entenderse exclusivamente en el contexto extraordinario de la economía española, pero deben tener un carácter temporal, para volver lo antes posible a una política presupuestaria más favorable para el avance de la productividad y, por tanto, del potencial de crecimiento de la economía española.

En los PGE-2012 se concentra el incremento de la recaudación en la imposición directa, en esta ocasión, en el Impuesto sobre Sociedades, mediante la eliminación de incentivos y el aumento de los pagos fraccionados. Además, el conjunto de medidas afectan a todas las empresas. En concreto, el efecto recaudatorio estimado de las medidas tributarias relativas al Impuesto sobre Sociedades se cuantifica en 5.350 millones de euros, es decir, concentra el 43,3% del total. Hubiera sido preferible un esfuerzo adicional por la vía del gasto no productivo, por los efectos que este tipo de medidas pueden tener sobre las empresas españolas, no sólo en su liquidez, sino en sus planes de inversión. Además, las reformas acometidas olvidan la importancia que tiene el establecimiento de un marco fiscal previsible que otorgue seguridad jurídica a las empresas y no se vea sometido a fuertes cambios. Esto no favorece la atracción de la inversión empresarial extranjera.

Dejando al margen las distorsiones que introduce la liquidación del nuevo sistema de financiación autonómica de 2010, el informe estima que los ingresos impositivos superen en un 4,3% la recaudación de 2011, debido a la efectividad de las medidas de consolidación fiscal antes comentadas. El exceso de optimismo de las previsiones de ingresos en la elaboración de los Presupuestos de 2010 y 2011, llevó a la necesidad de adoptar medidas adicionales de subidas de impuestos para tratar de contener el déficit público. Teniendo en cuenta los precedentes y si la ejecución presupuestaria en 2012 se desvía del objetivo previsto (hasta febrero el déficit del Estado se situaba ya en el 2% sobre el PIB), la probabilidad de subir de nuevo los impuestos (tanto directos como indirectos) es elevada.

Demanda y actividad

El 2012 se presenta como un año de recesión económica, al menos durante la primera mitad. Recesión que seguramente se verá agudizada por el ajuste del sector público, lo que a su vez podría dificultar el ajuste de sus cuentas. Así, el actual Ejecutivo tiene la tarea de intentar compaginar políticas fiscales muy restrictivas con medidas que fomenten la actividad y el empleo, lo que, a priori, resulta muy complicado.

La desfavorable situación del mercado laboral, las subidas de impuestos implantadas y las perspectivas de otras adicionales, junto con la falta de crédito, han pesado sobre la confianza de familias y empresas que ven la situación muy complicada para los próximos meses.

En lo que respecta al consumo privado, con los primeros indicadores relativos al primer trimestre de 2012, parece que podría volver a registrar una caída similar a la del trimestre anterior.

Mercado de trabajo
 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado, correspondientes a marzo, cierran el primer trimestre de 2012 con una evolución muy desfavorable del mercado de trabajo, que supera la de finales de 2011. Los resultados de las estadísticas laborales en lo que va de 2012 vaticinan que la Encuesta de Población Activa (EPA), que se conocerá a finales de abril, mostrarán que el ajuste en empleo de la economía española se intensificó en el primer trimestre, con una caída de la ocupación y un nuevo aumento del paro, que puede superar los 5,5 millones de desempleados.

En relación al balance de los primeros meses del año 2012, el paro registrado creció en casi 286.350 personas en media del primer trimestre sobre el trimestre anterior, cifra que se modera hasta 120.750 personas en términos desestacionalizados. Estos resultados indican que el desempleo continúa aumentando, con lo que se habrá producido un nuevo repunte de la tasa de paro en el primer trimestre de 2012, que podría superar el 24%.

Conflictividad laboral
 

Según el último Informe de conflictividad de CEOE, en marzo de 2012 tuvieron lugar 98 huelgas y con motivo de las cuales se perdieron 13.889.288 horas de trabajo, que representan el 0,61% del total de horas de trabajo mensuales del conjunto de trabajadores por cuenta ajena. Si comparamos estos datos con los del mismo mes del año anterior observamos que se ha incrementado sensiblemente el número de horas de trabajo perdidas (+1.442,16), debido fundamentalmente a la incidencia de la huelga general del pasado 29 de marzo en la que se perdieron 12.536.200 horas de trabajo.

En los tres primeros meses de 2012 tuvieron lugar 324 huelgas, en las que se perdieron 16.643.029 horas de trabajo. Respecto al mismo período de 2012 ha disminuido el número de huelgas (-5,81%), pero han aumentado las horas de trabajo perdidas (+195,67%). Lógicamente en la comparación de estos datos no debe olvidarse la repercusión de la huelga general del 29 de marzo.