Así lo denunció el presidente de Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, Félix Bariain, en la apertura de la jornada, organizada por la Confederación de Empresarios de Navarra y UAGN, acerca de las propuestas legislativas de la PAC para el periodo de 2014-2020 que han lanzado desde la Comisión Europea. 

Según Bariain, “venimos de un periodo donde se han perdido miles de puestos de trabajo y no parece que esta reforma vaya a ser la solución de nuestros problemas”. En concreto, el presidente de UAGN aseguró que el sector echa en falta que se apliquen soluciones a los problemas de los precios en el mercado, así como políticas para “frenar la política abusiva de la distribución” o el control de importaciones. En esta línea, también criticó que las nuevas ayudas se liguen a requisitos medioambientales que supongan, en la práctica, más cargas administrativas y legales para los productores.

En esto también coincidió el director general de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Navarra, Ignacio Guembe, que añadió: “no estamos de acuerdo con esta reforma, que representa lo contrario de lo que defendemos”. Entre otras cuestiones, Guembe denunció el “modelo de tasa plana”, que no tiene en cuenta la distinta capacidad productiva: “la homogeneidad no puede darse aquí, porque un secano rabioso no puede tener la misma remuneración que un regadío”.

“La orientación a la desvinculación de cualquier referencia productiva en las ayudas puede ser dramática”, aseguró Guembe. Éste también mostró su disconformidad con la definición del concepto de “agricultor activo” que propone la Comisión Europea. La propuesta incluye en esta categoría a los que ingresan al menos el 5% de su renta del sector agrario. “El agricultor activo ha de ser aquel que ejerce la actividad agraria, y, por lo tanto, las ayudas tienen que estar ligadas a una producción agraria efectiva. Es decir, un agricultor que no produzca no debería recibir ayudas”. Máxime con las “tremendas necesidades alimentarias” que, según la FAO, van a tener lugar a mediados de siglo, tal y como puso de manifiesto el director general.

Otra definición con la que Guembe mostró su disconformidad fue la de pastos permanentes. “Nos tiene muy preocupados porque, en Navarra, tenemos muchos tipos de superficies, y, con la nueva definición, algunas de ellas se pueden quedar fuera y podrían dejar de percibir pagos”, reconoció el director general de Agricultura y Ganadería del Gobierno Foral.

Éste también puso de relieve la necesidad de “intervenir en los elementos de mercado”, por ejemplo, para que “no entren productos que no cumplan con los mismos requisitos en aspectos tales como los medioambientales”. Además, Guembe defendió un mayor peso de los agricultores en la cadena de valor, por ejemplo, a través de la promoción de organizaciones profesionales en el sector, lo que requeriría eliminar las normas de competencia que limitan este tipo de agrupaciones.

“El objetivo de la PAC debería ser garantizar la producción de alimentos, bajo criterios de sostenibilidad”, concluyó Guembe. A su vez, el nuevo sistema deberá mantener el equilibrio territorial, la sostenibilidad económica y el rejuvenecimiento del sector agrícola.

“La nueva PAC quiere reordenar y reformular”

Posteriormente, intervino el funcionario de la Comisión Europea, en Análisis de la Política Agrícola y Perspectivas, Ricard Ramón i Sumoy. “La nueva PAC quiere reordenar y reformular, y entendemos que los cambios planteen miedos”, señaló éste. El representante de la Comisión Europea defendió el hecho de que se hayan mantenido los presupuestos en esta materia, a pesar de la “crisis económica muy profunda” y de las políticas de recortes que se están aplicando. El ponente señaló que el hecho de que no se haya recortado este presupuesto se explica en parte por la necesidad de “integrar los elementos medioambientales”.

Ramón i Sumoy también puso de manifiesto que “no es cierto que la Comisión Europea no esté planteando medidas relacionadas con los mercados”. Éste defendió que se está fomentando la posición de los agricultores en la cadena de valor, así como se han puesto en marcha herramientas económicas como la creación de un fondo para ayudar a los sectores que puedan resultar perjudicados en acuerdos comerciales. El portavoz de la Comisión también defendió el hecho de que desparezcan los “derechos históricos”, ya que son “difíciles de legitimar ante la sociedad”.