Así lo pone de manifiesto Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico, en el capítulo dedicado a la financiación territorial del estudio “Reformas necesarias para potenciar el crecimiento de la economía española”, que presentó el IEE conjuntamente con CEOE, el pasado mes de junio.

El documento reconoce el “enorme peso de las administraciones regionales en el gasto público y su papel dominante en la gestión de los principales servicios públicos”, por lo que “la responsabilidad de ejecutar muchos de los ajustes necesarios recae en principio sobre unos gobiernos regionales que no están precisamente acostumbrados a tomar decisiones de este cariz”.

Por este motivo, “corresponde a la Administración del Estado jugar un papel de liderazgo y coordinación, obligando en caso necesario a las autonomías a adoptar medidas impopulares que éstas tendrían dificultades para acordar por sí solas, pero que en muchos casos recibirán con alivio si pueden presentarlas como una imposición del Gobierno central”.

En el informe, presentado a comienzos de ese verano, el IEE también propone iniciativas que ya han sido llevadas a la práctica por vía de urgencia, como la de reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para imponer a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año, similar al que ya tienen las corporaciones locales, y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado puede imponer a las administraciones territoriales en situaciones de “emergencia presupuestaria”.

Principio de igualdad y responsabilidad fiscal

Entre sus propuestas, destaca la de garantizar la igualdad efectiva en el acceso a los servicios públicos. En este sentido, De la Fuente llama a corregir lo que él llama la “anomalía foral” (refiriéndose a los regímenes del País Vasco y Navarra). Según este experto, los resultados financieros de este sistema “violan flagrantemente la prohibición constituciones de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales”.

Por ello, propone medidas como la de “aplicar de una forma razonable las leyes del Concierto y el Convenio”, con una “valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado”. En este apartado, el IEE considera además que se debe “corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central”.

El documento también propone “recuperar la garantía de igualdad de acceso de los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica”.  Para ello, aconseja eliminar el Fondo de Suficiencia y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía.

Por otra parte, el informe también llama a reforzar el principio de responsabilidad fiscal. Tal y como detalla, “las comunidades autónomas de régimen común obtienen menos del 60% de sus recursos ordinarios de tributos sobre los que tienen capacidad normativa”. Algo que, añaden, “limita de forma innecesaria su capacidad para regular sus ingresos y para ofrecer los servicios que puedan preferir sus ciudadanos”.

Por ejemplo, el IEE considera positivas algunas medidas como la cesión de competencias normativas sobre el tramo minorista de los impuestos indirectos, o la creación de nuevas tasas que ofrezcan las comunidades autónomas un cierto margen de actuación en la fijación del nivel de copago que sería exigible en servicios como la sanidad y la educación. Así, “se trata de aumentar la autonomía de los Gobiernos regionales y de facilitar el control de los mismos por parte de sus ciudadanos y de eliminar el posible incentivo al exceso de gasto”.

Estado de Bienestar y financiación de las autonomías

“Las prestaciones públicas que conforman el Estado de Bienestar están en manos de las administraciones regionales”, con la excepción de las pensiones, tal y como reconoce el estudio. Sin embargo, el IEE considera que el sistema actual no está evolucionando de forma que  garantice la viabilidad a largo plazo de la protección social: “los ingresos autonómicos son demasiado sensibles al ciclo y, a la vez, el sistema genera un sesgo al alza en la evolución del gasto autonómico”. Esto se debería a que “el sistema ahorra a las comunidades autónomas los costes políticos de dar la cara y pedir más recursos a sus ciudadanos (les da la excusa para ir a Madrid a pedir más dinero), con lo que se pierde el freno natural a la expansión del gasto”.

En este sentido, el informe recomienda “ligar los ingresos autonómicos a agregados menos volátiles de los que se utilizan como referencia”. En concreto, “la participación autonómica en los grandes tributos compartidos y las transferencias estatales no deberían estar ligadas a la recaudación líquida por caja de cada año, como sucede ahora, sino a magnitudes corregidas que intenten aproximar lo que serían los ingresos tributarios en circunstancias normales”.

Además, este principio también podría aplicarse a los tributos totalmente cedidos a las comunidades. Al menos “parte de la recaudación extraordinaria por encima de la norma debería destinarse obligatoriamente a un Fondo de Estabilización Presupuestaría, que se nutriría también con el exceso de recaudación de los tramos autonómicos del IVA, IRPF e Impuestos Especiales en la parte alta del ciclo y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo”.

José Miguel Montes,

Dpto. de Comunicación de CEN