Así lo revela el Instituto de Estudios Económicos, en un informe emitido en interés de la CEOE, en el que propone una serie de reformas para la mejora de la eficiencia del sistema judicial español. Este trabajo, coordinado por los profesores Pablo Salvador y Carlos Gómez Ligüerre (Universidad Pompeu Fabra),  se enmarca dentro del estudio “Reformas necesarias para potenciar el crecimiento de la economía española”, que presentó el IEE conjuntamente con CEOE, el pasado mes de junio.

El estudio pone de relieve hechos como el de que, a 31 de diciembre de 2009, había 3.133.006 asuntos pendientes en los juzgados y tribunales españoles, una cifra 12,4% superior a la del año anterior, por lo que “la congestión creciente es el principal problema de la justicia”, afirman los autores del informe.

De esta forma, los expertos proponen una serie de medidas para mejorar la eficiencia del sistema judicial española, tanto por el lado de la oferta como el de la demanda. “El esfuerzo estructural por incorporar al precio del servicio público de la Justicia una proporción mayor de los costes reales de su funcionamiento de la que actualmente soporta es absolutamente ineludible”, señala el IEE, que también llama a contener la demanda del servicio “si ésta se explica predominantemente por lo reducido de los costes privados que el justiciable ha de afrontar, por lo abultado de los beneficios privados que espera obtener: la falta de alienación entre costes y beneficios privados, por un lado, y costes y beneficios sociales, por el otro, es un buen indicador de las disfunciones de la Justicia”.

Evitar convertir a la Justicia en una agencia reguladora

Por el lado de la oferta, los profesores Salvador y Gómez Ligüerre proponen medidas como la mejora de la calidad de la legislación, y es que, según ellos, “los textos legales confusos son terreno abonado para el conflicto y para que éste acabe resolviéndose en un proceso judicial y, además, encarecen el proceso mismo, pues incrementan el grado de incertidumbre sobre su resultado final”. Por ejemplo, se critica la legislación de la reforma laboral de 2010, ya que “incluye suficientes elementos valorativos como para convertir su aplicación en una de las futuras causas de colapso de los jueces”, a causa de la valoración de conceptos como “causas económicas”.

En esta línea, el IEE advierte de que “es crucial que la clase política española ceje en su empeño de convertir a la Justicia española en una  agencia reguladora: los jueces tienen ventajas comparativas para juzgar, con la ley en la mano. Pero no están óptimamente situados para realizar las funciones de una agencia reguladora ni, en general, para implementar políticas sociales”.

Otra propuesta de los expertos es la de “integrar las oficinas judiciales que existen en cada órgano unipersonal en un servicio especializado de trabajo de un único tribunal de cada demarcación”, así como “estructurar los servicios comunes de la oficina judicial con estrictos criterios de organización empresarial y generar economías de escala procedentes de la especialización en tareas administrativas, de soporte al juez o magistrado y de asistencia a las partes del proceso”. Todo ello, con el fin de mejorar el entorno y la calidad de servicio al juez. También se incide en el uso de herramientas informáticas como el modelo estadounidense Westlaw, que ofrece la posibilidad de consultar todos los escritos judiciales que contiene un expediente, tanto en la jurisdicción federal, como en varias jurisdicciones estatales.

Además, el informe también propone algunos cambios en el actual modelo de acceso a la carrera judicial. Por ejemplo, llama a “incluir un ejercicio de caso práctico en la fase de oposición del acceso a la judicatura, como, por otro lado, es norma en muchas de las oposiciones a cuerpos jurídicos de prestigio”. Además, recomienda que el temario de oposiciones también contenga “saberes propios de las humanidades, ciencias sociales y habilidades específicas del juez en el entorno de una sociedad democrática y de una economía avanzada”, ya que, matiza, “el juez, al resolver conflictos en derecho, necesariamente lo hace sobre cuestiones reales de la vida en sociedad”.

 Políticas de demanda: evitar la judicialización de procesos

Por el otro lado, desde la perspectiva de la demanda, el informe reclama medidas como “evitar la judicialización de procesos que puede resolver mejor la Administración pública”, además de “reducir la tendencia a incrementar la criminalización de conductas y confiar la tarea de controlar y sancionar determinados comportamientos a instancias administrativas”. Por ejemplo, en materia de tráfico.

El IEE también considera que se debe promover el uso de los medios alternativos de solución de conflictos, como la transacción, “cuyo empleo debería potenciarse decididamente en las futuras reformas del sistema procesal”. También aboga por incorporar medidas legales que permitan evitar el uso estratégico de la litigación, por ejemplo, tomando como referencia la Rule 68 of the Federal Rules of Civil Procedure, incorporada a las normas procesales vigentes en las jurisdicciones de Estados Unidos.

La aproximación a los costes reales del servicio de Justicia en determinados supuestos es otro de los aspectos abordados en el informe de los profesores Salvador y Gómez Ligüerre. “No está tan claro que la gratuidad –o un precio muy inferior al coste real de prestación del servicio- hayan de beneficiar a quienes podrán costear su proceso y, de forma especial, a quienes emplean de forma estratégica la amenaza de un proceso para obtener beneficios extraprocesales”.

En este sentido, el IEE señala que “un aumento selectivo del precio de la actuación de los órganos jurisdiccionales ayudaría a controlar la demanda de actuaciones judiciales y aligeraría la carga que la Administración de Justicia supone en los presupuestos generales del Estado y de las Comunidades Autónomas”.