"Enmienda a la totalidad’ de la CEOE a la reforma de la formación” (ABC, 25 de mayo)

 

Así lo refleja el texto de 50 páginas, al que ha tenido acceso ABC, en el que CEOE propone sus enmiendas al proyecto de ley de reforma de la formación que tramita el Congreso. Según este diario, desde un principio, “la organización que dirige Juan Rosell se mostró combativa con la reforma de la formación diseñada por el Gobierno y que considera que son solo las empresas las que deben decidir sobre un modelo que, insisten, sustentan las compañías con su 0,6% de cotización mensual (0,1% a cargo de los trabajadores)”. En concreto, la patronal considera que “convocar a empresas privadas por concurrencia competitiva para una subvención donde, de acuerdo con la ley general de subvenciones, no puede haber beneficio empresarial es poner las bases para un sistema con una permanente inseguridad jurídica”. 

 

Otro aspecto que cuestionan desde CEOE es el de la implantación del cheque de formación, una figura que crea la reforma y que permitirá a los parados elegir dónde se quieren formar. El pago lo harán después, según proceda, el Gobierno central o el de la comunidad autónoma correspondiente. Sobre esta fórmula, asegura la CEOE, que “teniendo en cuenta las experiencias fallidas de otros países de nuestro entorno, no parece la práctica más recomendable en estos momentos en los que el sector de formación se mueve bajo sospecha”. Una crítica que, según ABC, también comparten los sindicatos UGT y CCOO.

 

“Los impagos en España, el doble que en la UE” (El Mundo, 26 de mayo)

 

La Ley Antimorosidad, que impone un máximo de 60 días legales (30, en el caso de las administraciones públicas) para hacer frente a los cobros, es “papel mojado”, según denuncian las pymes. El diario El Mundo se hace eco de un estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que alerta de que “España cuenta con un ratio de impago sobre facturas vencidas que duplica la media europea, del 5,7% frente al 2,85%. También se señala que el plazo medio de pago en las operaciones comerciales entre empresas ha aumentado a 95 días frente a los 47 en Europa, superando con creces los 60 días legales”.

 

“Los empresarios piden reducir costes laborales y una rebaja de impuestos” (El Economista, 26 de mayo)

 

Estas son las propuestas que la patronal madrileña CEIM presentó a todos los partidos que concurrían a las elecciones de la semana pasada. Según el presidente de la organización, Juan Pablo Lázaro, aunque la recuperación “ha venido para quedarse”, actualmente solo hay un 30% de empresas con resultados positivos, por lo que otra de las medidas esenciales que piden a los partidos tras las elecciones es trabajar para reducir los costes laborales, aumentar la flexibilidad en las condiciones de trabajo y, en definitiva, “encontrar fórmulas para que los empresarios perdamos el miedo a contratar”. Por su parte, la patronal catalana también se pronunció esta semana sobre los resultados electorales. Tal y como recoge un comunicado, del que El Economista se hace eco, reclamaron que los acuerdos políticos que se deben alcanzar en los ayuntamientos catalanes “no paralicen la actividad económica”.

 

 

“Los retos del transporte por carretera” (Suplemento Negocios, de El País, 24 de mayo)

 

El sector del transporte “ha perdido más de 30.000 empresarios (la mayoría, autónomos) y 100.000 vehículos, el equivalente a colocar en fila india un camión tras otro entre Algeciras y Marsella”. Así lo describe el suplemento económico dominical del diario El País, en la crónica que hace de un debate que organizó este medio con representantes del sector.

 

En ese encuentro, se puso de manifiesto que “una parte de la patronal quiere conseguir que se amplíe la altura de los camiones de los actuales cuatro metros a 4,5; se autorice la libre circulación de los megatrailers de hasta 60 toneladas (llamados EMS modulares, de 25,25 metros) y se permita la circulación a vehículos de 44 toneladas actuales). La mayoría de los países europeos, excepto Alemania, trabajan con ese tope y no con el español, pero el tema levanta polémica”.

 

“El Supremo anula parte de la norma que facilitó los ERE en el sector público” (El País, 27 de mayo)

 

Esta semana, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo anuló un artículo del reglamento de los despidos colectivos, al considerar “ilegal” la definición de la causa de “insuficiencia presupuestaria” aplicada al sector público. La norma entendía como tal insuficiencia “el déficit presupuestario de la Administración pública de referencia en el ejercicio anterior; y la minoración de créditos en un 5% en el ejercicio actual o en un 7% en los dos anteriores”. En cambio, el Supremo rebate que, “según el Estatuto de los Trabajadores, la norma de referencia de las relaciones laborales, la insuficiencia presupuestaria que justifique el despido colectivo debe ser ‘sobrevenida y persistente’”. Unos objetivos que no estarían reflejados en el mencionado reglamento.

 

“CEOE recuerda a los políticos que ‘el dinero no es infinito’” (Cinco Días, 28 de mayo)

 

El diario Cinco Días refleja así las recomendaciones de la patronal tras las elecciones del pasado domingo. CEOE defiende así “la austeridad en el gasto público como un valor en sí mismo”. En su reciente intervención en un desayuno organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), el presidente de la patronal, Juan Rosell, manifestó que seguirá reuniéndose con todos los partidos y trasladando a los representantes políticos sus propuestas y recomendaciones.

 

“Los robots, otra amenaza para las pensiones” (El Mundo, 25 de mayo de 2015)

 

“En solo dos décadas, los robots se habrán hecho con 18 millones de empleos en Alemania, aproximadamente la mitad del total”. Así lo recoge el diario El Mundo, a la luz de las predicciones un estudio del banco ING-DiBa, en un reportaje que advierte de que “los enormes avances de la robótica permitirán en la industria que hasta el 59% de los actuales puestos de trabajo sean reemplazados por robots mucho más productivos y rentables que los humanos”. Y no solo en la industria, sino también en “aquellos trabajos relacionados con la burocracia, las ventas, el montaje, la instalación y el manejo de máquinas, así como las reparaciones, los trabajos nocturnos y los que menos cualificación precisan, son potencialmente eliminables”.

 

Esto no sería lo más grave. Por su parte, el periodista del diario germano Die Welt, Tobias Kaiser, advierte de que el “impacto tecnológico” de este fenómeno también supone “una bomba social”, puesto que “los nuevos empleados robóticos no contribuirán al sistema sanitario ni al sistema de pensiones, lo que amenaza con convertirlos a ambos en más insostenibles de lo que ya eran a la luz de la pirámide demográfica”.