Por ejemplo, en el Boletín Oficial del Estado, en el conjunto de 2014, se editaron 169.874 páginas, lo que significa una disminución de un 2,6%, respecto de las 173.338 páginas del BOE publicadas en 2013. Estas cifras, sin embargo, se incrementan si se consideran a las Comunidades Autónomas, que, en 2014, publicaron 813.256 páginas en sus respectivos boletines oficiales. De esta manera, el pasado año se incrementó el volumen de los boletines autonómicos en un 1,6%, respecto del nivel de 2013, cuando se editaron 800.086 páginas.

Desglosando por comunidades, cabe destacar que la comunidad autónoma donde más se incrementó el número de páginas de su boletín autonómico fue Aragón, con un crecimiento del 19,1%. En Navarra, el Boletín Oficial de Navarra publicó, el año pasado, un total de 14.394 páginas, lo que supuso un incremento del 7,1%. Por el contario, la mayor caída se dio en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, que, con un total de 32.320 páginas publicadas, registró un descenso del 12,8%.

40.046 normas estatales desde 1970

El informe de CEOE también señala que, en 2014, se aprobaron 706 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal. Entre 1970 y 2014, se han adoptado en España un total de 40.046 normas estatales. Por otra parte, el estudio también hace la comparativa con el resto de países en nuestro entorno y apunta, por ejemplo, que, el año pasado, se adoptaron en Francia 1.751 regulaciones de distinto rango a nivel estatal, siendo 59 leyes y 54 Ordenanzas; en Italia, ascendió a 478 normas (27 Decreto-Ley, 44 Decretos legislativos, 110 Decretos del Primer Ministro, 227 Decretos del Presidente de la República, y 70 Leyes); en el Reino Unido se promulgaron 3.138 normas de las que 30 tuvieron carácter de ley; y, finalmente, en Alemania se adoptaron un total de 431 normas de las que 99 son Leyes y 332 Reglamentos.

Con todos estos datos, CEOE sostiene que “se ha de mejorar la eficiencia y la estabilidad del marco legislativo a través de reducir la complejidad del entramado legislativo para limitar la proliferación de normas y garantizar una cierta estabilidad del ordenamiento jurídico; promulgar normas claras, simples y en un número reducido con el fin de evitar ulteriores interpretaciones; establecer una programación, lo más cierta posible para la promulgación de nuevas leyes; trasponer la normativa europea sin introducir requisitos o cargas administrativas adicionales; adoptar un sistema de coordinación legislativa entre las Administraciones Públicas; y evitar la profusión y la dispersión legislativa que fragmentan la unidad del mercado nación y afectan al normal desarrollo de la actividad económica”.