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Informe "Cargas administrativas derivadas de la fragmentación del mercado interior"
CEOE
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24 medidas contra las cargas administrativas, que supondrían un ahorro de más de 215 millones de euros
El número de páginas publicadas en los boletines oficiales de las comunidades autónomas se incrementó un 1,6% en 2014
CEOE ha presentado recientemente su informe "Cargas administrativas derivadas de la fragmentación del mercado interior", complementario al documento presentado el año pasado también relativo a la reducción de cargas administrativas. El último informe, realizado en colaboración con CEPYME y el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, propone un total de 24 medidas para la eliminación de estas cargas, que supondrían un ahorro de más de 215 millones de euros anuales.

En su introducción, la patronal advierte de que “las leyes ineficaces son la causa más significativa de la carga burocrática de un país”. Y es que, según este documento, “no basta con promulgar leyes. Es preciso que estas sean eficaces, equilibradas y, cuanto menos sujetas a interpretación, mejor”. Además, en el caso español, se da la “coexistencia de normas procedentes de tres ámbitos distintos: nacional, autonómico y local”, lo que da pie a que nuestra legislación sea “densa, prolija, y, en no pocos casos, confusa”.

Incremento de la proliferación normativa en las comunidades autónomas

“Es preciso, por tanto, legislar menos y de manera más sencilla, pensando en los empresarios y ciudadanos que han de cumplir las normas. Es muy difícil operar en una economía donde, solo en 2014, se aprobaron 706 nuevas normas estatales”, asegura el informe. Sin embargo, en un repaso a los boletines oficiales de las comunidades autónomas, publicados el año pasado, se constata que, solo en 2014, se publicaron 813.256 páginas de legislación regional, lo que supone un incremento del 1,6% del volumen total publicado en 2013. Por otra parte, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en 2014, se editaron 169.874 páginas, lo que significa una disminución del 2,6% respecto al total de las publicadas en 2013.

Según CEOE, “tal proliferación normativa tiene consecuencias especialmente preocupantes para el mercado interior español, entre ellas las diferencias de trato normativo que las comunidades autónomas dan a una misma actividad económica, sometida a unos u otros requisitos según el territorio en la que se desarrolle. Tales distorsiones generan un alto grado de incertidumbre jurídico-económica entre el tejido empresarial, en especial entre las empresas que no limitan su campo de acción al territorio de una comunidad autónoma”.

Medidas concretas

Tras la introducción, el informe pasa a desglosar una serie de medidas en distintos ámbitos de la administración. Por ejemplo, en materia de Hacienda y Administraciones Públicas, CEOE llama a favorecer el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 19/2013, de transparencia, facilitando a todas las empresas concernidas el uso de medios electrónicos de la Administración Pública contratante u otorgante de subvenciones (se calcula que esta medida supondría un ahorro de 400.000 euros).

En materia de Fomento, el informe sugiere medidas como la tramitación y expedición electrónica del certificado de conductor y ampliación del periodo de validez del mismo (ahorro de 1.272.000 euros). Por otra parte, en lo que concierne al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, facilitar a las autoridades sanitarias autonómicas el acceso a SERPA y, con ello, a la información volcada por los Servicios de Prevención de Ajenos (SPA) en dicho registro (ahorro de 1.390.348 euros).

Mientras, el documento también apunta a otras medidas en materia de Industria, Energía y Turismo, como la de modificar las normas autonómicas que mantienen el requisito de licencia previa para la instalación de antenas, al ser contrarias a la Ley 12/2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y a la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones (ahorro de 32.760.000 euros). Por último, estarían las medidas en Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como la de aplicar los criterios del Real Decreto 833/1988 para la determinación de las empresas obligadas a presentar el informe anual de residuos peligrosos (ahorro de 25 millones de euros).

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