El presidente de CEOE, Juan Rosell, y el presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, exigieron esta semana al Gobierno que no excluya a empresas y trabajadores del nuevo sistema de formación que está dispuesto a aprobar en solitario, ya que son ellos los que la financian y, sobre todo, son quienes saben cuáles son las necesidades en ese ámbito, según explicaron, el pasado miércoles, en rueda de prensa posterior a la Junta Directiva extraordinaria, celebrada en la sede de la Confederación.
Finalmente, tras más de un año de negociaciones con empresarios y sindicatos, el Gobierno aprobó en solitario el Real Decreto-ley 4/2015, de reforma de la formación, por la que se deja a los agentes sociales al margen de la gestión e impartición directa de cursos, que pasan a concederse en concurrencia competitiva. Por tanto, "la reforma de la formación que ha aprobado el Consejo de Ministros representa una declaración de guerra en toda regla para muchos miembros de la CEOE y las centrales sindicales", señalaba este miércoles Antonio Maqueda, del portal VozPopuli.
La reforma del modelo de Formaciķn Profesional para el Empleo Circular Laboral Nē 5 (23 de marzo) - CEOE
Este también informaba de que “los servicios jurídicos de varias patronales y sindicatos ya están estudiando medidas legales contra el Real Decreto-ley. La idea consiste en plantear una batalla en todos y cada uno de los frentes posibles, incluido el recurso ante el Tribunal Constitucional”. “Incluso si no se consigue frenar el rodillo del Gobierno, se puede hacer mucho ruido en pleno año electoral”, marcan las fuentes consultadas por VozPopuli, en referencia a este plantón que supondría dejar al Gobierno “sin foto” con los agentes sociales.
Según estas fuentes, entre los argumentos que barajan los agentes sociales, se considera que el decreto “se ha aprobado con una urgencia injustificada; que vulnera el ámbito de la negociación colectiva; que niega el derecho a la formación, readaptación y promoción de los profesionales, que conculca las competencias de las Comunidades Autónomas. Por no hablar de las catorce sentencias del Tribunal Constitucional que establecen que las cuotas que pagan los trabajadores y empresarios deben destinarse exclusivamente al reciclaje de los ocupados y por lo tanto deben ser controlados por sus representantes, esto es, patronal y sindicatos”.
Estas sentencias reafirman que las cuotas de formación profesional no forman parte ni están integradas en la caja única de la Seguridad Social, siendo estas de carácter finalista, sin poder destinarse a fondos distintos de la formación de quienes las aportan, en este caso, trabajadores ocupados. Sobre el desvío de fondos de formación también se pronunció, el pasado martes, el presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, que lamentó que, de los 1.800 millones recaudados cada año a través de las cotizaciones para formación que pagan los empresarios (con una cuota del 0,6%) y los trabajadores (del 0,1%), se han sacado 1.200 millones para financiar prestaciones y formación para desempleados, que, sin embargo, “la empleabilidad que generan no supera el 3%”.
Será una “odisea” ejecutar formación
En este aspecto también inciden otros expertos, como es el caso de M.M. Consulting, que esta semana publicaba un análisis del decreto en su blog (puede consultar el artículo íntegro, aquí), en el que advierte de que el decreto dispone que la financiación del sistema provendrá de la cuota de formación profesional que se les recauda a empresas y trabajadores. “Así lo era hasta el momento, a pesar de diferentes noticias de actualidad que apuntan que quizás la recaudación de la cuota ha financiado en los últimos tiempos alguna cosa más que la formación profesional para el empleo”, señala el autor, que se refiere, por ejemplo, a la información proporcionada por el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, confirmando que el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) financió el déficit del conjunto de prestaciones por desempleo con el dinero sobrante de las cuotas de formación profesional, que debía dedicarse a la formación profesional para el empleo”.
Este análisis también advierte de algunas cuestiones que van a convertir “en odisea” el ejecutar formación:
- En el artículo 7 del decreto, en relación a las bases reguladoras, se establece que “…solo contemplarán la financiación de las acciones formativas realizadas a partir del acto de concesión…” y no como venía siendo habitual, admitiendo acciones formativas ya comenzadas con anterioridad.
- Además, se bloquea el importe máximo de ayuda que se puede ir percibiendo durante la ejecución de la actividad. “El decreto prevé que, como mínimo, el 40% de la ayuda sea percibido después de finalizar la actividad y haber justificado la ayuda, por lo que los futuros ejecutantes deberán tener un amplio pulmón financiero”.
- En lo referente a los “gastos asociados o gastos indirectos, se limitan indefectiblemente al 10%. Es decir, ese porcentaje será a todo a lo que podrá aspirar un ejecutante de formación de cara a la cofinanciación de sus estructuras elementales”
La cuota de formación, un compromiso voluntario de los agentes sociales
Hace dos semanas, el presidente de CEOE, Juan Rosell, y el de CEPYME, Antonio Garamendi, reclamaron que se tuviera en cuenta a las empresas y a los trabajadores en el nuevo modelo de formación. Los empresarios recordaron que, junto con los trabajadores, financian estos fondos a través del 0,6% y 0,1%, respectivamente, de las cotizaciones sociales, y señalaron que la partida sobrepasa los 1.800 millones de euros. Como se recordará, la cuota por formación profesional nació de un acuerdo (1er. Acuerdo para la Formación) alcanzado en 1992 entre CEOE y los sindicatos UGT y CCOO, quienes comprometieron voluntariamente la aportación de esta cuota de forma permanente por empresas y trabajadores. Ante las dificultades que representaba el sistema de recaudación de la cuota así acordada entre patronal y sindicatos, solicitaron al gobierno que su recaudación se hiciera de forma conjunta con las cuotas de Seguridad Social por la mayor facilidad que ello representaba. Sin embargo, contra la creencia generalizada, la cuota para formación profesional no forma parte de las cuotas a la seguridad Social, pese a ser recaudada conjuntamente con estas, como así lo declaran expresamente numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, especialmente varias emitidas entre los años 2013 y 2014.
Además, Juan Rosell señaló que los empresarios dan la bienvenida a la posibilidad de concurrencia en el nuevo sistema, pero que esta hay que saber evaluarla y “son los empresarios los que sabemos de ello”. “Cuanto más dejemos la Formación en las empresas y sus representantes, mejor será para la Formación”. Igualmente, subrayó que es necesaria la auditoría y el control, pero sin olvidarse de las necesidades de formación que se tienen en las empresas, y una evolución cualitativa y cuantitativa de la formación realizada.
En definitiva, la exclusión de las patronales y sindicatos de la gestión e impartición de la formación convierte a la cuota cuyo pago tiene características de voluntariedad, ya que procede de un Acuerdo entre los agentes (recordamos que asciende a más de 1800 millones de euros cada año) en un impuesto más a las empresas y trabajadores, ya que se verán obligados a pagarla sin intervenir en su gestión para nada.
Una “concurrencia abierta a todos los proveedores de formación acreditados”
Así, se establece que “el nuevo sistema introduce la concurrencia abierta a todos los proveedores de formación acreditados y/o inscritos”. También “se sustituye la actual Fundación Tripartita por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en cuyo patronato estará representada con mayoría la administración general del estado, y también las comunidades autónomas y los interlocutores sociales”. Otra novedad será la del “cheque de formación” para trabajadores desempleados.
El Real Decreto-ley, que entró en vigor, el pasado martes, será debatido en el Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días, para ser convalidado o derogado. En el caso de convalidación, puede ser acordada su tramitación como Proyecto de Ley. Por otra parte, está pendiente el desarrollo reglamentario posterior por medio de un Real Decreto y una Orden Ministerial.
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