Según destacó CEOE en su propia web, el jefe del Ejecutivo puntualizó que en el desarrollo de este programa será “indispensable la colaboración de las comunidades autónomas”. Además, agradeció públicamente “el compromiso responsable de los interlocutores sociales en las cuestiones que son fundamentales, tanto en la recuperación económica como en la lucha por la generación de empleo”. El programa fija en 426 euros mensuales (el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) la ayuda que cobrarán los parados de larga duración, con cargas familiares y que han agotado las prestaciones y subsidios por desempleo.

El acuerdo fue rubricado por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; los presidentes de CEOE y de CEPYME, Juan Rosell y Antonio Garamendi, respectivamente, y los secretarios generales de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT,  Cándido Méndez.

Tras la firma, el presidente de CEOE, Juan Rosell, subrayó que “ahora se pueden hacer cosas que antes no se podían”, ya que la economía está creciendo, se reduce el déficit y la prima de riesgo se sitúa por debajo de los 100 puntos básicos, con el consiguiente ahorro en la financiación del Estado. Explicó que España empieza a ir a una dirección bastante correcta y que todo ello da la “posibilidad de hacer más cosas”.

El presidente de los empresarios españoles añadió que “desde el mundo empresarial se ve con agrado este programa de activación, con el que se ganarán casi diez puntos de cobertura a los desempleados”, pero no hay que olvidarse, según sus palabras, de que en el itinerario debe existir la formación. “Mucha gente –aseguró Rosell– aún está en situación de grave emergencia y este acuerdo es una pequeña reacción a esta situación”.

El presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, subrayó que este acuerdo demuestra el buen funcionamiento del diálogo social, al tiempo que añadía que ha de servir para que los beneficiarios mejoren sus capacidades y que debe contemplarse como un incentivo para buscar empleo.

Todos, organizaciones empresariales y sindicales, hicieron un llamamiento al Gobierno para que aproveche la recuperación económica y devuelva a empresas y ciudadanos lo que la crisis les ha quitado por el camino. Para el líder de UGT, Cándido Méndez, este programa no agota el diálogo social, pero puntualizó que "sin esta medida el diálogo social no hubiera podido continuar". Ignacio Fernández Toxo, por su parte, recalcó que “aquí no acaba la agenda” y que salir de la crisis comporta recuperar los estándares de bienestar y para ello “queda un largo trecho que requiere el esfuerzo conjunto de todos los actores. Esta es la primera medida”.

Requisitos para acceder al programa

Según el texto de este acuerdo, el programa contiene un “contenido específico de orientación, formación, recualificación y/o reconocimiento de la experiencia laboral que, acompañado de una medida de protección, tuviera por objeto facilitar la reinserción laboral a los desempleados de larga duración con cargas familiares y con mayores dificultades de colocación”. También se especifican los siguientes requisitos para ser beneficiarios del programa:

1. Garantía de vinculación con el empleo: que en algún momento de su vida laboral hayan trabajado y cuya última relación laboral se haya extinguido por causa involuntaria.

2. Sin protección: que hayan agotado el programa PREPARA, el PRODI o la tercera Renta Activa de Inserción hace más de seis meses, y que no tengan derecho a ninguna prestación por desempleo, subsidio o Renta Actica de Inserción.

3. Responsabilidades familiares y nivel de renta: que tengan responsabilidades familiares y que carezcan de rentas, en los términos previstos en el artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social.

4. Incompatibilidades: que en la fecha de la solicitud no estén cobrando un salario social, renta mínima de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y/o las entidades locales. Tal y como matiza el acuerdo, “la percepción de la ayuda de acompañamiento del Programa será incompatible con la percepción de cualquiera de estas ayudas”.

5. Demandantes de empleo: que figurasen inscritos como demandantes de empleo a 1 de diciembre de 2014 y que hayan permanecido inscritos ininterrumpidamente durante, al menos, 12 dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de la solicitud.

6. Compromiso de actividad: los beneficiarios deberán suscribir en el momento de la solicitud de participación en el programa un compromiso de actividad en virtud del cual realizarán las acciones que determinen los Servicios Públicos de Empleo o las agencias de colocación que actúen en colaboración con aquellos.

Según el acuerdo, el programa estará vigente desde el 15 de enero de 2015 hasta el 15 de abril de 2016.

Navarra y la renta de inclusión social

Tras la aprobación de este acuerdo, el consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, Iñigo Alli, consideró “injusto” que los ciudadanos navarros que perciben una renta de inclusión social queden excluidos de la nueva ayuda estatal (a la luz del cuarto requisito mencionado anteriormente). Dicho esto, y tal y como recoge la agencia EFE, el consejero afirmó que espera que el Estado “rectifique y mejore esta situación de desigualdad ante los ciudadanos navarros frente a cualquier otro ciudadano del territorio español”.

Las palabras del consejero han encontrado la réplica en la Delegación del Gobierno nacional en Navarra, donde aseguran que Navarra “no se queda fuera” y explican que “la obtención de ayudas dependerá, por lo tanto, en Navarra y en el resto de España, del cumplimiento de los requisitos previstos con carácter general, tanto en materia de agotamiento de otras prestaciones y ayudas, como de los requisitos de carencia de rentas, responsabilidades familiares y búsqueda activa de empleo, entre otros”.