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Revista de prensa - 31 de oct.
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“La cuantía de las pensiones nuevas cae por primera vez desde 2000” (El País, 3 de noviembre)

En concreto, la prestación media que reciben quienes se incorporaron al sistema asciende a 1.030 euros hasta agosto, frente a los 1.040 que se abonaban el año pasado. La explicación que da el diario El País a este fenómeno de por qué se ha roto este año la tendencia histórica al alza llega por la combinación de las penúltimas reformas de pensiones, las menores subidas de las pensiones mínimas de los últimos años y un efecto estadístico provocado, en buena medida, por las reformas de 2013.

“Unespa critica la fiscalidad de los planes de pensiones” (El País, 4 de noviembre)

Y mientras se reduce la cuantía de estas prestaciones, algunas voces también critican los obstáculos a los planes privados de pensiones. Tal y como recogía el martes el diario El País, la presidenta de la patronal del seguro Unespa, Pilar González de Frutos, defiende “la necesidad de tener un sistema de pensiones integrado” y aboga por “la creación de productos de ahorro que sean ‘más sencillos’ de comprender para el cliente. En una jornada organizada por El nuevo lunes y Axa, González de Frutos analizó la reforma fiscal en lo tocante al ahorro, en la que ve claroscuros: “la reducción de límites de aportación a planes de pensiones no es una buena noticia”, aseguró.

Por su parte, en esta jornada también intervino el presidente de Inverco, Mariano Rabadán, que consideró que el Gobierno ha hecho “cierto esfuerzo” en el impulso fiscal del ahorro, pero entiende que “no es suficiente” y que se debería dar un tratamiento diferente a los planes de pensiones. “Esperemos que en futuras ocasiones podamos introducir avances en el ahorro previsión y su fiscalidad”, manifestó.

“Fomento y empresas negocian cómo poder financiar más infraestructuras” (Cinco Días, 3 de noviembre)

“Las empresas del sector de la constructor y concesional trabajan con la hipótesis de que la inversión pública no superará el 1,6% del PIB de aquí a 2017. Por ello, están negociando con el Gobierno fórmulas para poder incrementar el volumen de inversiones con capital privado y estimular de ese modo la actividad económica y el empleo”. Así lo asegura el diario Cinco Días, que también recoge que “el Gobierno admite que el capital privado ha de tomar el relevo del gasto público, puesto que la prioridad continúa siendo la reducción del déficit. Por ello, negocia con las principales patronales del sector cambios legislativos e incluso fiscales que hagan más atractiva la inversión privada en España”.

Este medio también se hace eco de un reciente estudio elaborado por la patronal Seopan y difundido en unas jornadas organizadas por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que apuesta por modificar el actual marco regulatorio concesional después del fiasco de las radiales. En su opinión, “para resolver el actual problema de inseguridad jurídica, habría que actuar sobre dos aspectos cruciales: la transmisión de riesgos al operador privado y los términos y condiciones que deben ser especificados en los contratos”. El artículo arroja, asimismo, algunas cifras, como las de los 145.170 empleos directos e indirectos que se generan por cada 10.000 millones de inversión en obra civil.

“Las mutuas de accidentes laborales alertan de que se acercan a ‘la quiebra’” (El País, 4 de noviembre)

“Las mutuas de accidentes laborales se hallan al borde de la quiebra”. Lo dice el presidente de su patronal (Amat), Mariano de Diego, en una carta remitida el 9 de octubre a la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Según este escrito, al que ha tenido acceso el diario El País, “una buena parte del sector ya tiene sus patrimonios históricos próximos a la quiebra”. De Diego reclama al Gobierno que aproveche la tramitación del proyecto de Ley de Mutuas (ahora en el Senado) para introducir medidas que eviten esa situación, ya que en ese caso las empresas asociadas deberían afrontar una “derrama”.

“3.000 euros por cada parado colocado” (Suplemento Mercados, de El Mundo, 2 de noviembre)

“Conscientes del importante problema al que se enfrenta nuestro país con 5.427.700 millones de parados, según la última EPA; Bruselas recomendó a España en mayo del año pasado que ‘reforzara y modernizara los servicios públicos de empleo y acelerara la aplicación de la colaboración público-privada”. Por eso, y tal y como informaba el suplemento económico del diario El Mundo, el pasado domingo, el Servicio Público de Empleo ha adjudicado a seis agencias privadas de colocación la tarea de encontrar trabajo a los desempleados del Plan Prepara, es decir, a aquellos parados de larga duración que ya han agotado todas las prestaciones y subsidios por desempleo y que demuestren que han buscado trabajo de forma activa en el último mes.

Según esta información, “estas agencias recibirán dinero de los servicios públicos de empleo de las comunidades donde operen. Cantidades que oscilarán entre los 1.850 euros y los 3.000 por cada parado que lleve más de dos años en el paro al que consigan encontrar un empleo, con la condición de que los contratos sean por un plazo equivalente a al menos seis meses a tiempo completo en un periodo de ocho meses, según el acuerdo marco firmado”.

“Los obstáculos de la recuperación” (Joaquín Trigo, en El Economista, 4 de noviembre)

En un artículo publicado el pasado martes, el director general del Instituto de Estudios Económicos, Joaquín Trigo, advierte de los “obstáculos de la recuperación”, como es la caída del empleo, que conlleva a su vez una pérdida de ingresos fiscales, “de modo que las comunidades con más paro, son las que tienen más dificultades para atender a sus necesidades, lo que, en parte, podría haber sido subsanado con lo que pudiere haber sido previsto de antemano con las aportaciones del resto o con ayudas de la UE, aunque no plenamente”.

Trigo apunta que es “clave” el modo de encarar la salida de la crisis. Según él, “una de las salidas, válidas para toda España, ha sido la tarifa plana de 100 euros, que en el 15 de agosto ya había incentivado más de 110.000 contratos indefinidos. En la misma orientación, la tarifa plana de 50 euros, también a mediados de agosto, había permitido que se hubieran dado de alta 267.000 nuevos autónomos”. Dicho esto, el experto añade: “sería conveniente reducir el número de ayuntamientos de modo que tengan más ligereza y capacidad para atender a los ciudadanos, como está haciendo Alemania, con lo que sería más fluida la relación de estos entes con las comunidades autónomas”.

“UGT propone dar una renta de 480 euros a parados de larga duración” (El Economista, 6 de noviembre)

“La ayuda a los parados de larga duración sin ingresos y con cargas familiares debería elevarse para que alcance entre el 80 y el 90 por ciento del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), lo que supondría una ayuda de entre 430 y 480 euros mensuales”. De esta forma, El Economista recogía la propuesta del líder de UGT, Cándido Méndez. Una fórmula en la que, añade, Alemania ya está trabajando.

“Daremos más financiación a la inversión en innovación  de la entrevista alimentaria” (Isabel García Tejerina, en Expansión, 5 de noviembre)

Así titulaba el diario Expansión la entrevista realizada a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que, ante los datos de que, en 2015, habrá más fondos europeos y un 12,5% más de presupuesto ministerial, aseguraba que “se va a invertir significativamente más. Nuestras prioridades son las construcciones de infraestructuras hidráulicas y la depuración, en materia de agua, pero también habrá más dinero para regadíos, para caminos naturales, desarrollo rural, cooperativas, innovación, infraestructuras rurales…”.

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