“El cierre del centro de trabajo tras una huelga anula el ERE” (El Economista, 13 de septiembre)

“El cierre de un centro de trabajo, tras la convocatoria y realización de una huelga ante la falta de acuerdo en la negociación de un despido colectivo, vicia de nulidad todo el procedimiento como acto unitario, según establece el acuerdo del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, plasmado en una sentencia de 18 de julio de 2014”. De esta forma, el diario “El Economista” se hacía eco de la nueva deliberación del recurso a la propia sentencia del Supremo del caso del despido colectivo de la empresa Celsa Atlantic (Laminaciones Arregui), que previamente había sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Como ya  recogimos en CEN7días, el origen de los hechos se remonta a abril de 2012, cuando esta empresa presentó un ERE que contemplaba, entre otras fuertes medidas de ajuste, el despido de 91 de sus trabajadores. El día 8 de mayo de ese año, los trabajadores de Celsa iniciaron una huelga indefinida, y al día siguiente, la empresa anunciaba la apertura del periodo de consultas de un ERE que afectaba a la totalidad de la plantilla de los centros de la empresa en el País Vasco, 358 trabajadores. Finalmente el TSJ del País Vasco anuló este despido colectivo al entender que se había vulnerado el derecho fundamental de huelga y libertad sindical, considerando que la decisión de la empresa respondía a una represalia por la convocatoria de huelga indefinida.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha dado la razón a los trabajadores, y recuerda, según este diario económico, que “la empresa adopta una medida, tan drástica y tan distinta de la originaria, como la de proceder al total cierre de dos centros de trabajo y a la extinción de todos los contratos de los trabajadores, a pesar de que entre ambas fechas de toma de decisión empresarial, dada su real proximidad, las circunstancias económicas, productivas u organizativas de la empresa no habían variado”. A este respecto, se recuerda que “la empresa debe acreditar un daño económico de carácter irreversible”.

¿El fin del ajuste salarial? (Expansión, 18 de septiembre)

Éste es el título de un artículo de opinión publicado por el Catedrático de Derecho del Trabajo, y socio de Garrigues, Federico Durán, en el que se pregunta si “ha llegado el momento de cambiar el paso y volver a la negociación de incrementos salariales que permitirían recuperar el consumo y favorecer así el aún incipiente crecimiento económico”. A este respecto, el experto considera que “debe abrirse margen en la negociación colectiva para subidas salariales que, dentro de la moderación que no debe ya abandonarse, dinamicen el consumo y el mercado de trabajo”. También recuerda que las subidas salariales deben estar “cubiertas por incrementos de la productividad”.

“Los trabajadores a tiempo completo cobran un 50% más por hora” (El País, 17 de septiembre)

De esta forma, el diario “El País” se hacía eco de las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), que “muestran un importante empuje del empleo a tiempo parcial”. Sin embargo, los empleados a jornada parcial ganan 10,2 euros frente a los 15,4 de quienes laboran todo el día. Por otra parte, el salario medio no varía y se queda en 1.929 euros. Este artículo también se hace eco de que el coste laboral ha descendido un 0,1% en el segundo trimestre del año.

“El Gobierno presenta un plan para relanzar la industria al 20% del PIB” (Expansión, 17 de septiembre)

El plan, cuyo contenido adelantó Expansión, contiene 97 medidas y ha recibido críticas dispares: “mientras que la patronal y los empresarios lo aplauden, aunque piden que se concrete en ‘acciones concretas’, los sindicatos lo tacharon de ‘voluntarioso’”, según este diario. Por ejemplo, el plan recoge medidas como la reducción de los costes de transporte, la mejora de las redes y conexiones nacionales y europeas, y la optimización de los costes laborales de las empresas industriales”.

“El Gobierno se plantea devolver la paga extra a los funcionario desde 2015” (El País, 16 de septiembre)

“El Gobierno está metido de lleno en la preparación de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, el último año de la legislatura. La bajada del IRPF es la medida estrella de las cuentas del próximo ejercicio. Esa rebaja de impuestos, a su vez, impide alegrías de gasto e inversión en un contexto de reducción del déficit. Dentro del poco margen existente, uno de los objetivos prioritarios de Hacienda es tener un gesto con los funcionarios, según fuentes del Ejecutivo”.

Así lo anunciaba esta semana el diario El País, que también avanzaba que la fórmula de las pensiones llevará a que éstas suban un 0,25% el próximo año. “En los presupuestos de 2015, además, se aplicará por primera vez la fórmula que limita la revalorización de las pensiones. Aunque faltan por conocerse algunas estimaciones, esa fórmula dará un resultado negativo, con lo que se aplicará el suelo y la subida de las pensiones se situará en el 0,25%”. Sin embargo, tal y como continúa el artículo, “el gasto en pensiones crecerá bastante más por el aumento del número de pensionistas y por el efecto sustitución: las prestaciones de los nuevos jubilados resultan mayores que las de los pensionistas que se mueren”.

“Toxo advierte que no habrá pacto social sin mejora salarial” (La Vanguardia, 13 de septiembre)

Según esta información, así lo advirtió el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, que reclamó una mejora de la capacidad adquisitiva de los salarios. La otra condición “inexcusable” para que el sindicato prosiga las negociaciones sería que el Gobierno cumpliera “de forma sólida” con los compromisos que el presidente Mariano Rajoy adquirió con los agentes sociales el pasado mes de julio. Por ejemplo, se contemplaba la creación de nuevas ayudas para los cabezas de familia que se encuentran en el paro, han dejado de percibir alguna clase de prestación y sus familias carecen de ingresos.