“El recorte de empleados públicos se frena en 2013 por los ayuntamientos” (Expansión, 1 de julio)

De esta forma, el diario Expansión advirtió de que el ajuste de empleados públicos, que la Administración venía soportando desde hace años, moderó su ritmo en 2013. En concreto, la reducción de las plantillas públicas se limitó, el año pasado, al 1%, hasta los 2.551.123 trabajadores.

Esto se debió a que, aunque el Estado y las autonomías redujeron sus plantillas, los municipios la incrementaron en un 2%. Según informa el diario económico, el Ejecutivo justifica que los municipios hicieron ajustes muy duros en los años anteriores. Atendiendo a los datos de Navarra, según esta información, el personal público en la Comunidad Foral es de 32.856 personas (512 menos que el año pasado), que son la suma de 4.372 empleados en la administración estatal, 23.037 en la de la Comunidad Foral de Navarra y 4.090 en los municipios navarros.

“Y ahora el contrato de formación” (La Vanguardia, 3 de julio)

Este miércoles se conocían los datos de afiliación a la Seguridad Social y de desempleo, que, según el diario La Vanguardia, “consolidan una tendencia que se inició hace un año y que indica un descenso continuado de la cifra de parados que se ha situado, por primera vez desde que empezó la crisis, por debajo de los cuatro millones y medio”. Sin embargo, este diario advertía de que “el Gobierno, las administraciones, los empresarios y los sindicatos tienen que aprovechar esta etapa de crecimiento para aunar esfuerzos y apoyar esta tendencia positiva del empleo”.

En concreto reclamaba que, “hay que trabajar para resolver los graves problemas del presente pero con la vista puesta en el futuro. Para ello, los líderes económicos y sociales deben dar un paso decidido adelante en la solución de los problemas más urgentes que tiene planteados la sociedad: el índice de paro juvenil que supera el 50% y los parados de larga duración con cargas familiares”. En conclusión, desde el rotativo catalán, se llama a “impulsar, de manera decidida, el contrato de formación, el contrato en prácticas para recién graduados, el contrato a tiempo parcial y los contratos para personas mayores de 50 años en paro”.

También, incidiendo en posibles nuevas reformas del ámbito laboral, el presidente de CEOE, Juan Rosell, reconoció, el pasado martes, no creer en el “bullicioso escaparate que maneja la legislación laboral” y pidió “extinguir algunas de sus fórmulas como el contrato temporal, en favor de los indefinidos”. Tal y como recogió el diario El Economista, Rosell reconoció que esto debería llevarse a cabo a través de un “pacto social”. El presidente de los empresarios, según Expansión, también aprovechó esta semana para referirse esperanzador a la recuperación económica, y aseguró que “los servicios de estudios” están siendo “desbordados por la realidad de los datos económicos”.

“Los costes laborales vuelven a niveles de hace 16 años en España” (El Economista, 3 de julio)

“Los costes laborales que supone para una empresa cada unidad de producto son considerados uno de los indicadores clave para medir la competitividad de un país y su capacidad para atraer inversores”, así lo apuntaba el diario El Economista, ayer, jueves, que recogía la exposición del ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmando que “el sacrificio de la sociedad española provocó un descenso de los costes laborales unitarios del 7,8% desde 2009, y una vuelta de los costes laborales unitarios relativos a niveles previos al ingreso de España en el euro, que tuvo lugar en 1999”.

“Empleo saca casi 6.000 millones de la hucha de las pensiones para la extra” (ABC, 2 de julio)

Así lo titulaba el diario ABC, el pasado miércoles, e indicaba que “se trata de la mayor disposición que se ha realizado hasta ahora del fondo de reserva”. Así, el Gobierno “se ha visto obligado a realizar estos días una elevada disposición de efectivo del Fondo de Reserva para hacer frente al pago de las pensiones, tanto la nómina de junio como la extra de julio, que ha supuesto un desembolso para el sistema de unos 16.000 millones de euros”. Ese mismo día, el secretario de Estado de la Seguridad Social confirmaba esta información.

“Más de medio millón de personas abandonaron España en 2013” (Expansión, 1 de julio)

Esta semana también se ha conocido el hecho de que, el año pasado, la emigración de españoles se “disparó” un 38%. Por otra parte, el diario Expansión también se hizo eco de que el número de extranjeros se redujo un 7,8% porque vuelven a sus países o adquieren la nacionalidad. Mientras, en un artículo titulado “la falta de perspectivas laborales acelera la emigración”, el diario El Mundo apuntaba que “detrás de estas cifras se encuentra, por tanto, un problema que se ha convertido en la asignatura pendiente del Gobierno. Si bien es cierto que son muchos los signos de recuperación de nuestra economía, que ya encadena cuatro trimestres consecutivos de crecimiento, hay una cifra, la del paro, que se mantiene casi fija en torno a los seis millones de personas y que amenaza la viabilidad del sistema”.

“Fedea propone gravar todos los productos al 21% del IVA” (El Economista, 3 de julio)

Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), hace falta una reforma fiscal “más profunda de la sugerida por el Gobierno (nacional)”. De acuerdo con sus cálculos, eliminar los tipos reducido -10%- y superreducido -4%- permitiría al Estado ingresar 20.000 millones de euros más. Además, y según recoge El Economista, la Fundación recuerda que en el caso de este tributo, ocupamos el último lugar dentro de la Unión Europea en ingresos en relación a nuestro PIB.

La reforma fiscal planteada hace un par de semanas por el Gobierno de Mariano Rajoy ha seguido dando que hablar estos días en la prensa nacional. Por ejemplo, El Periódico advertía de que “más de 613.300 contribuyentes pagarán más con el nuevo IRPF”, así como otros 5,7  millones, ni siquiera “notarán” la reforma. De estos “perdedores” de la nueva reforma, “el 60% se concentra en rentas a partir de 25.463 euros. Su perfil incluye contribuyentes que, además de salarios, obtienen rentas del capital o de alquileres de viviendas, hacen aportaciones a planes de pensiones o son inquilinos”.

Otro aspecto de la reforma fiscal que se ha puesto bajo la lupa es el de la tributación de las indemnizaciones por despido. Según El Economista, esta nueva carga fiscal convierte a Francia, en una especie de “paraíso fiscal” al respecto, ya que allí todas las indemnizaciones por despido están exentas de tributar. Por ejemplo, en Alemania, toda indemnización tributa como rendimiento del trabajo al tipo de IRPF correspondiente, así como, en Reino Unido, están exentas las indemnizaciones de hasta 36.000 euros. En definitiva, los gravámenes fiscales que se someten los países europeos a las indemnizaciones por despido pueden llegar hasta el 33%.

“Acoso a los cabezas de familia” (Expansión, 30 de junio)

Por su parte, en el diario Expansión, el columnista Miguel Valverde denunciaba que “es profundamente injusto tratar igual a compensaciones por despido de trabajadores con salarios bajos y medios que a los que reciben retribuciones muy altas”. Valverde apunta que el Gobierno ha establecido la exención fiscal hasta 2.000 euros por año y que el salario medio bruto anual en España es de 22.726,44 euros. Es decir, el 85% de los trabajadores no supera los 2.5000 euros brutos mensuales. Visto esto, afirma que, “por lo tanto, la medida va a afectar a buena parte de los que llevan muchos años en la empresa y son cabezas de familia, hombres o mujeres. A los que tienen salarios más altos, la retención en la indemnización puede afectarles, pero no tanto como a los que representan el corazón del mercado de trabajo”.

Aun y todo, el diario La Razón informó, el pasado domingo, que “el Gobierno retirará la tributación de los despidos”, ya que, apuntaba, “Cristóbal Montoro es consciente de que la medida es ‘delicada y controvertida’ y nada más darse a conocer al reforma tendió la mano a los agentes sociales para negociar todos los aspectos y en particular éste”. Sin embargo, añadía: “todo parece indicar que el Gobierno terminará respetando los actuales términos de la ley, aunque introducirá algún elemento para limitar a una cantidad máxima, que posiblemente no esté en función de los años trabajadores, el dinero exento de tributación”. La Razón también afirma que “el Estado dejará de ingresar este año 137 millones por la exención de tributación de las indemnizaciones por despido”. A este respecto, conviene recordar que Navarra mantiene en la actualidad  exentos de tributación los primeros 180.000 euros de indemnización. La reforma fiscal planteada esta semana por el gobierno de UPN no tiene previsto modificar este régimen de tributación de las indemnizaciones por despido. Un modelo similar podría ser adoptado por el gobierno de la nación.

Respecto a la reforma fiscal, el pasado lunes, El Economista también recogía la valoración de Cepyme, que considera la propuesta del Gobierno como “un movimiento de tipos y no una reforma integral”. Además, según fuentes de la patronal citadas por el medio, se advierte de que la rebaja del IRPF podría contrarrestarse con un “incremento de la imposición vía nuevos impuestos, especialmente dentro del ámbito medioambiental”.