Así se manifestó CEOE en el comunicado que envió, el pasado viernes 14 de marzo, valorando el informe de la Comisión de Expertos sobre la Reforma Fiscal (conocidos como los “sabios”) convocada por el Gobierno, y presidida por el catedrático Manuel Lagares, que la semana pasada entregó su dictamen al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El extenso informe, que recoge más de un centenar de propuestas para abordar la futura reforma del sistema fiscal, incide en aspectos como el de “desplazar la carga tributaria desde la imposición directa hacia la indirecta”. Es decir, en contra de la propuesta de CEOE, que apuesta por una rebaja sin contemplaciones de la carga fiscal, la Comisión de Expertos adopta una actitud de “neutralidad”, que compense posibles rebajas tributarias con subidas de impuestos para evitar, según ellos, que se incumplan los objetivos en materia de ingresos públicos.

En concreto, el estudio afirma que “la reforma fiscal deberá ser compatible con las proyecciones de déficit público del Gobierno español en la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España de 2013, donde se establecía que la ratio de ingresos públicos sobre PIB se mantendría constante en el entorno del 37% - 38% en el horizonte de 2016”. Además, los expertos inciden en la mayor dificultad de mantener esos niveles de ingresos, teniendo en cuenta que, aunque la economía mejorara, el crecimiento económico “difícilmente supondrá la vuelta a los elevados ingresos impositivos ligados de modo muy directo al boom de la construcción”.

“La Comisión ha propuesto una reforma que trata de cumplir rigurosamente con los compromisos de consolidación presupuestaria. Para ser compatible con este programa de ajuste, la Comisión entiende que la reforma fiscal debe ser neutral ex ante en términos recaudatorios, pero afectando con intensidad a la estructura y composición de los impuestos”.

IRPF: reducir los tipos, a costa de ampliar la base de tributación

Una muestra de esa “neutralidad” se encuentra, por ejemplo, en la propuesta de los expertos en base al IRPF. Si bien éstos destacan que este impuesto “se caracteriza actualmente por la existencia de tipos marginales elevados (el tipo máximo de España es el 52%, frente al 38,1% de la UE 27) y excesivo número de tramos en su tarifa (siete, frente a los cuatro que había en 2010)”, también inciden en que el IRPF cuenta con “numerosas exenciones y deducciones en su estructura y falta de neutralidad en el cómputo de los distintos rendimientos gravados y el tratamiento de los distintos instrumentos de ahorro”.

Así, el informe apuesta por una reducción de tipos (el máximo pasaría del 52% a menos del 50%), pero reclama que “hay que poner en marcha un mejor sistema de las actuales valoraciones catastrales y una profunda reforma del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)”. Mientras que ese nuevo IBI no esté en funcionamiento, los expertos apuestan por incorporar al IRPF “todos los rendimientos de los bienes inmuebles, ya sean imputados o reales, incluidos los de la vivienda habitual en propiedad”.

Del mismo modo, “en cuanto a las deducciones existentes, se propone la eliminación en un plazo suficientemente largo de la deducción por los préstamos para financiar la vivienda habitual de quienes la adquirieron antes de la desaparición de ese régimen fiscal”. Cabe destacar que, al día siguiente de la presentación del informe, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró no compartir la idea de que se deba computar la vivienda habitual como renta.

Impuesto de sociedades: menor tipo y menores deducciones

“El Impuesto sobre Sociedades español se caracteriza en la actualidad por la existencia de tipos de gravamen nominales elevados (el tipo en España es del 30%, frente al 23,5% de media europea) que coexisten con tipos efectivos reducidos para las empresas que son capaces de optimizar las numerosas deducciones que contiene el tributo”. Así, otra de cal y otra de arena para este impuesto que grava los beneficios empresariales.

De esta forma, “la propuesta básica de la Comisión a este respecto es la de reducir el tipo nominal del impuesto de manera significativa, desde el 30% actual, que se encuentra entre los más elevados de los países de nuestro entorno, hasta los alrededores del 20%. Pero esa reducción debería efectuarse por etapas con una posición intermedia situada quizá en las proximidades del 25%”.

La contra viene con distintos reclamos para eliminar deducciones a este impuesto, por ejemplo, la Comisión de expertos propone “que las pérdidas contables no realizadas no sean objeto de deducción en el impuesto hasta su efectiva realización por amortización, enajenación o baja del activo correspondiente”.

Además, el informe también reclama “establecer una tributación mínima en el régimen de exención para evitar la doble imposición internacional por el impuesto extranjero que grave a la entidad participada”, una medida que CEOE “no considera aceptable”. Según la patronal, “una medida de este tipo perjudicaría en gran medida la expansión internacional de nuestras empresas afectando su competitividad internacional y, probablemente, produciría deslocalizaciones de grupos con consecuencias adversas para la economía y el empleo”.

La valoración de CEOE es que “no compartimos el criterio de la eliminación de las deducciones del Impuesto sobre Sociedades”, y considera que, más bien, lo oportuno sería “proceder a una revisión de las mismas, modificando aquellos aspectos que es necesario reformar para que cumplan su finalidad y contribuyan, en un plazo medio a la generación de mayores ingresos tributarios mediante el incremento de la actividad económica que generen”.

Los expertos reclaman, asimismo, otras medidas, como la no deducibilidad de los gastos por deudas con entidades del grupo o la limitación general a la deducción por gastos financieros. Una medida que CEOE “no comparte en absoluto” e insiste en que “para que el condicionante fiscal no influya a la hora de diseñar la estructura financiera de una empresa será más conveniente introducir medidas que compensaran fiscalmente el incremento de fondos propios a través de una reducción en la base imponible al estilo de la implantada en otros países de nuestro entorno”.

También, frente a la propuesta del informe de revisar en profundidad los actuales coeficientes fiscales de amortización y mejorar su ajuste a la vida útil de los activos, CEOE asegura estar de acuerdo con esta revisión “para que los coeficientes reflejen en todo caso la depreciación efectiva producida en cada ejercicio de los distintos activos empresariales pero, por ese mismo motivo”, la patronal no está de acuerdo en la propuesta de los expertos de prorrogar la actual limitación de las amortizaciones al 70% de los coeficientes máximos.

Por otra parte, CEOE también considera que, en el informe, “falta una referencia a la fidelidad del resultado contable a la hora del cálculo de la base imponible del Impuesto, sin embargo, estamos de acuerdo con la necesidad de reducir los tipos nominales de gravamen para acercarlos al tipo efectivo, aunque insistimos en la necesidad de establecer medidas para paliar el impacto contable que esta reducción puede tener para determinadas empresas”.

Una nueva subida del IVA

El tipo general del IVA en España es del 21% (en 2009, este impuesto era del 16%), por encima de países de nuestro entorno, como Alemania, que tiene un tipo del 19%. Sin embargo, el informe donde hace hincapié es que, en 2011, “la recaudación por IVA en porcentaje del PIB fue en España la más baja de los 27 países de la UE en términos relativos. Eso condujo a elevar el tipo del impuesto, de modo que ahora ese tipo se sitúa ya en la media de la UE. Sin embargo, el efecto en España de los tipos reducidos (el tipo reducido es del 10% y el superreducidos del 4%) y de las exenciones es uno de los más elevados de Europa en términos de merma de recaudación”.

Los expertos afirman que, en cuanto a los tipos superreducidos, “como estos se aplican esencialmente a bienes de primera necesidad –en particular, alimentos- su incremento afectaría muy negativamente a los segmentos de población económicamente más vulnerables”. Así, el informe plantea, “como objetivo a medio plazo, mover los bienes y servicios sometidos a los tipos reducidos y superreducidos hacia el tipo general, pero considera que el incremento de los tipos superreducidos, aplicables a esos bienes de primera necesidad, no resulta deseable que al mismo tiempo se pudieran articular mecanismos de compensación a través de prestaciones a las rentas más bajas”.

Del mismo modo, el informe plantea otra excepción: a los servicios turísticos, para los que los expertos no consideran adecuada su tributación al tipo general, “pues perjudicaría gravemente la competitividad de este sector, ya que los principales países competidores de España siguen manteniendo un tipo reducido para el gravamen de las actividades turísticas”. Y añaden que sólo propondrían el incremento del tipo aplicable al turismo “combinándola con una reducción significativa de las cotizaciones sociales, lo que podría resultar muy beneficiosa para este sector, pues es fuertemente intensivo en mano de obra”.

De hecho, el pasado miércoles, 19 de marzo, Manuel Lagares compareció en el Congreso de los Diputados para referirse a este informe e incidió en la relación entre IVA y empleo, llegando a afirmar que subir dos puntos del IVA se podría compensar con una rebaja de cinco puntos en las cotizaciones sociales. 

El catedrático volvió a incidir en su propuesta de subir el IVA en una entrevista, el pasado domingo, en el diario “El País”, afirmando que el incremento de este impuesto al consumo no supone una pérdida de progresividad del sistema tributario, ya que “el IVA es neutral. Y los cambios en los impuestos directos no suponen una pérdida de progresividad porque ésta se calcula con todo el sistema y porque la rebaja de la tarifa del IRPF lo compensa. La rebaja del tramo mínimo, que pasaría del 24,75% al 20%, es mayor que la rebaja del tramo superior, del 52% a algo menos del 50%. Además, el aumento de los mínimos de exención favorece más a las rentas más desfavorecidas”.

Sin embargo, en su valoración, CEOE afirma que “no es posible subir los tipos de gravamen ni desplazar servicios y bienes desde los tipos reducido y superreducido al tipo general, medidas que, de llevarse a cabo, producirían una mayor caída de la demanda interna y comprometerían la recuperación económica”.

Del mismo modo, los empresarios tampoco se muestran favorables a la eliminación de exenciones al IVA, al menos “sin un previo estudio” y sin justificación de la medida. Por su parte, los expertos de Lagares aseguran que “la existencia de exenciones y tipos reducidos minora el tipo efectivo del IVA en la media de la UE en un 25,6%, mientras que en España esta reducción se amplía hasta el 33%.

Reducción de las cotizaciones sociales

Como se ha indicado anteriormente, el documento también apuesta por una “reducción general de las cuantías de las cotizaciones como medio para favorecer el empleo”. Según los expertos, “España se caracteriza por un sistema impositivo en el que el peso de las cotizaciones sociales es superior a la media de la UE y recae en mucha mayor medida sobre los empresarios”. Por lo tanto, apuestan por “aumentar la contributividad del sistema”, pero, por otra parte, “aproximar el actual sistema de cotizaciones a un auténtico impuesto sobre las nóminas salariales, con lo que quedaría aún más de manifiesto su carácter de impuesto directo sobre el trabajo”.

Así, el informe explica que, en España, el tipo de gravamen por contingencias comunes es del 28,30% y al mismo hay que sumar el tipo general por desempleo (7,05%), la aportación al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa, 0,20%) y la aportación a la Formación Profesional (0,70%), lo que lleva a un tipo de gravamen total del 26,25% sobre las bases de cotización del cual 29,7 puntos corren a cargo de la empresa y los otros 6,55 puntos a cargo de los trabajadores.

De hecho, según los expertos, “España destaca, además, no sólo por la cuantía de sus cotizaciones sociales sino también su estructura, al mantener un peso muy elevado de la parte de las cotizaciones en 2011 tuvo este origen, frente al 59% en la media de la UE 27". Si se incluyen las cotizaciones derivadas de los autónomos, ese porcentaje se eleva al 84% (70% en la media de la UE 27).

Respecto a este análisis de los expertos relativo a las cotizaciones sociales, CEOE lo considera “oportuno”, y señalan que “compartimos la necesidad de acometer su reducción que, en nuestra opinión, es urgente y debe ser realizada de inmediato para, de esta forma, fortalecer la recuperación económica y la creación de empleo. No se puede olvidar que el incremento en los tipos del IVA realizada en 2012 ya se planteó como una medida que se acompañaría de una reducción de dos puntos en las cotizaciones a la Seguridad Social, que debe ser cumplida ahora sin condicionarla a futuros incrementos adicionales del IVA”.

Patrimonio y Sucesiones: supresión del primero y mayor aplicación del segundo

En el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, la Comisión de expertos “propone su eliminación definitiva, siguiendo la tendencia que se aprecia en otros países desarrollados y dados sus efectos negativos sobre el ahorro, sus reducidas recaudaciones y el hecho de que las posibilidades de planificación fiscal internacional para los patrimonios realmente elevados desvirtúan totalmente su posible contribución a la equidad del sistema tributario”.

Sin embargo, mientras propone esa supresión, la Comisión también propone “mantener el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para mejorar la igualdad de oportunidades y favorecer la equidad del sistema. En concreto, se propone la creación de una tributación mínima por sucesiones en todo el territorio nacional”. Del mismo modo, se propone “limpiar el impuesto de las reducciones existentes en la actualidad, tales como reducciones en la base por parentesco, reducción por cantidades percibidas por contratos de seguro de vida, reducción por adquisición de empresa individual, de un negocio profesional o por participaciones en entidades (‘empresa familiar’), reducción por adquisición de la vivienda habitual de la persona fallecida salvo para en el caso de que se convierta en vivienda habitual del cónyuge supérstite, reducción por adquisición de bienes del patrimonio histórico artístico y otras similares”.

CEOE está de acuerdo con la proposición de eliminación definitiva del Impuesto sobre el Patrimonio, pero sin que esta figura se sustituya con una mayor tributación del ahorro en el Impuesto sobre la Renta. Por el contrario, no está de acuerdo con la propuesta de mantener el Impuesto sobre Sucesiones pero en ningún caso se deberían eliminar las reducciones previstas para la transmisión de empresas familiares.

Hacer frente a la descentralización de la imposición. El copago

Otro punto que CEOE pone de relieve es en la necesidad de “coordinar las políticas tributarias estatales y autonómicas”, así como en “la supresión de los Impuestos Autonómicos (muchos de carácter medioambiental)”. En este sentido parece haber más coincidencia con los expertos, ya que en su informe señalan que “la descentralización de gastos e ingresos públicos es muy elevada en España, tanto en el ámbito de los gastos como el de los ingresos públicos, pues nuestro país se sitúa entre los primeros en gastos públicos descentralizados respecto a los países de la OCDE”.

Además, “la descentralización de impuestos implica inevitablemente su diferenciación entre las distintas Comunidades Autónomas (CCAA). Esa diferenciación puede provocar perturbaciones en la unidad de mercado interior e, incluso, en las conductas de los contribuyentes respecto al consumo, al ahorro y a su materialización en activos, a las inversiones empresariales e, incluso, respecto a la aceptación de riesgos económicos y a la localización de actividades y personas, todo lo cual puede suponer rupturas importantes del principio de neutralidad fiscal”.

Por lo tanto, se sugiere implantar un procedimiento para coordinar a las comunidades en el plano fiscal. También se considera que “muchos de los impuestos medioambientales no están ahora efectivamente justificados y generan, además, una notable dispersión legislativa con consecuencias muy negativas para la unidad del mercado interior”. Sin embargo, los expertos apuntan que “deberían concederse mayores capacidades normativas a las CCAA para establecer sistemas de copago sobre los servicios públicos de su competencia, mejorándose así sus capacidades de financiación de tales servicios.

Lucha contra el fraude fiscal

En otro apartado, la propuesta de los expertos considera que hay que incidir en la lucha contra el fraude fiscal, ya que “es un fenómeno extraordinariamente perturbador que provoca una alteración muy negativa de la distribución de la renta y riqueza, con graves secuelas para la equidad. Esas alteraciones benefician exclusivamente a los defraudadores, un colectivo relativamente minoritario”, tal y como ponen de manifiesto.

El informe también considera que “la mejor medida para prevenir el fraude es la de reducir la utilidad que quien lo practica obtiene del fraude. Para ello hay que reducir los tipos de gravamen y la fuerte progresividad de algunas tarifas tributarias, huyendo de los tipos legales altos y de las tarifas fuertemente progresivas”.