Las fuentes empresariales consultadas por este portal digital, ya advierten de que, en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, ya se produjo una reducción superior al 30% para la financiación del subsistema por destinarse una parte de los ingresos de la cuota de formación profesional a otros fines.

Este desvío de fondos coincide con el hecho de que el Gobierno tenga que recurrir a 5.428 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones este diciembre, un mes en el que se debe afrontar el abono de dos mensualidades: la nómina ordinaria y la paga extraordinaria. De esta forma, el Fondo de Reserva se quedará a 20 de diciembre con 53.743 millones de euros. Como consecuencia del desplome del empleo y del número de cotizantes, el gobierno se ha visto obligado a recurrir dos años consecutivos a este fondo, de forma que se ha visto reducido un 20%.

Recaudación de la formación para trabajadores

Precisamente, en estos momentos en los que se discute el papel de las organizaciones empresariales y sindicales en la gestión de los fondos de formación (financiados con las aportaciones de empresas y trabajadores) es conveniente aclarar algunos conceptos acerca de este subsistema. La recaudación de la cuota de formación profesional por la Tesorería General de la Seguridad Social, que se efectúa conjuntamente con sus cuotas, tiene como objetivo financiar el subsistema de formación profesional de trabajadores, estos es, tiene carácter finalista, sin que -por tanto- puedan ser destinadas a  otras políticas activas de empleo o de protección de los parados. Estas cuotas son las aportaciones que, por importe del 0,7% de la base de cotización de los trabajadores, realizan los empresarios (0,6%) y los trabajadores (0,1%).

A este respecto, hay que recordar que varias sentencias del Tribunal Constitucional publicadas en este mismo año 2013, reafirman varias peculiaridades de los fondos recaudados por este concepto, como es el caso de la sentencia 244/2012. Así, en primer lugar declaran que, aunque las cuotas se recaudan conjuntamente con las de la Seguridad Social, no forman parte de ésta ni están integradas en la caja única de esta institución. Reafirma el alto Tribunal el carácter finalista de las cuotas, que en consecuencia no pueden dedicarse a fines distintos de la formación, señalando –además- que deben dirigirse a la formación de quienes las aportan, esto es, de los trabajadores ocupados. La formación de otros colectivos, como los parados, debe financiarse con cargo a los presupuestos ordinarios, al igual que las restantes políticas activas de empleo. Destaca finalmente el TC la vinculación de las cuotas así recaudadas con la negociación colectiva y con quienes la llevan a cabo, esto es, con las organizaciones empresariales y sindicales.

Parece que, al menos por el momento, desde el gobierno de la nación no se presta especial atención a este claro pronunciamiento del alto Tribunal, posición que –por otra parte- ha reiterado en varias sentencias más.

Sin embargo, y a pesar de la denuncia de los empresarios, desde el Ministerio de Empleo aseguran que el desvío no se está produciendo. Según relata "El Confidencial Digital", desde el Gobierno se explica que "la recaudación de las cuotas de formación profesional siguen unos cauces totalmente distintos. Además, añaden que las partidas que se utilizan para financiar la formación de desempleados que gestionan las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias en políticas activas de empleo, son completamente diferentes y con cargo a los Presupuestos".

Por el contrario, el portal revela un "enorme enfado en el seno de la CEOE", ya que "los empresarios denuncian que desde la Administración del Estado se entienda que todos los fondos recaudados por la Tesorería General de la Seguridad Social, en cumplimiento del mandato de recaudación conjunta forman parte de la caja única y pueden utilizarse para otros fines".