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Artículo de opinión
Regulación y coste económico
Autor: Juan Rosell, presidente de CEOE (Publicado en ABC - 20 febrero 2011)
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En España hay en vigor 100.000 leyes. 67.000 de ellas, de carácter autonómico
El coste de la madeja legislativa es de 45.000 millones de euros, según CEOE
"Las cifras son estremecedoras. En España, hay en vigor unas 100.000 leyes y normas de todo tipo, de las cuales prácticamente 67.000 son de carácter autonómico, ¿cuánto supone eso en número de páginas? Pues nada menos que alrededor de un millón. Y lo que es todavía más relevante: la hemorragia legislativa, lejos de disminuir, crece y crece. Hasta el extremo de que este año tanto el Boletín Oficial del Estado como los distintos diarios oficiales de las comunidades autónomas imprimirán más de 1,2 millones de páginas".

 Descargar fichero relacionado Informe CEOE "Inventario de las distorsiones de la unidad de mercado existentes en Espaņa"
15 de noviembre

Así lo señaló el profesor asociado en IE University, Diego Sánchez de la Cruz, en declaraciones recogidas por el diario La Gaceta, del pasado 14 de octubre, en un artículo titulado “Regular hasta morir”, y en el que se hace eco también del informe que publicó CEOE el año pasado que cifraba en 45.000 millones de euros el coste de la “madeja legislativa”. Según el reportaje, “la multiplicación de las leyes regulatorias hacen que los negocios se ahoguen en trabas burocráticas”.

Si en 2008 los diarios oficiales de las regiones publicaron 697.344 páginas, en 2010 ya se había alcanzado las 867.466. Y aunque CEOE no ha cerrado todavía los datos de 2012, es muy probable que se haya superado ampliamente el millón de páginas. Algo parecido sucede con el Gobierno central: el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba al comenzar la crisis 68.506 páginas, muy por debajo de las 258.068 de 2010, según los datos de CEOE. Mientras, tan sólo en la Comunidad Foral, el Boletín Oficial de Navarra (BON) cuenta con 92.482 páginas desde 2008.

Incidencia del aumento de regulación en la productividad e innovación

La Gaceta también se hace eco del estudio “Regulación, Innovación y Productividad”, del Instituto de Empresa, elaborado por los profesores Francisco Marcos y Juan Santaló, y que demuestra que el aumento en la cantidad de regulación autonómica desde 1988 a 2006 ha provocado “un impacto negativo muy significativo en productividad e innovación”. En concreto, los autores estiman que “un aumento del 100% en el número de normas y disposiciones autonómicas se asocia con una reducción de la tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores del 3,5% y con una reducción del 80% anual de las solicitudes de patentes; de más del 100% de las solicitudes de modelos de utilidad y de entre el 62% y el 112% de las solicitud de diseños industriales”.

Por otra parte, el Consejo General de Colegios de Economistas lleva tiempo alertando acerca de la “creciente hipertrofia legislativa” y “exagerada reglamentación” que sufre España, sobre todo, a nivel autonómico. De hecho, en España se rellenan más de 700.000 páginas cada año sólo con el contenido de los boletines oficiales de las distintas Administraciones. En cambio, Alemania, con casi el doble de población, apenas necesita 5.000 folios. Es decir, más de 100 veces menos.

La Unión Europea aprueba 18 normas al día

Sin embargo, el exceso de normas no es sólo un problema de España, sino que también la burocracia europea “se vuelve ingobernable”, tal y como escribió el presidente de Foro Europa Ciudadana, José Carlos Cano, en un artículo de opinión en El País, el pasado 23 de julio. Éste se hace eco del informe Hiperregulación en la Unión Europea, que pone de manifiesto que las instituciones europeas aprueban 3.076 normas jurídicas al año, es decir, 280 normas jurídicas al mes y 18 normas jurídicas al día.

“Son normas que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, desde los alimentos, los medicamentos, los medios de transporte, la energía y, en general, la inmensa mayoría de los productos que consumimos”, apunta Cano. Éste también señala que “más del 70% de las leyes de los Estados miembros procede de Bruselas. La transposición de cada norma implica entre 30 y 300 medidas para que el derecho nacional pueda adaptarse a los requisitos comunitarios”.

Además, la propia Comisión Europea, en su documento “Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo de la Unión Europa”, estima que los beneficios económicos derivados de la reducción de cargas administrativas podría provocar un aumento del 1,5% en el PIB comunitario, lo que supondría al menos 150.000 millones de euros, casi tres veces más del rescate a la banca española.

El año pasado, CEOE publicó su informe “Inventario de las distorsiones de la unidad de mercado”, en el que llama a “abordar medidas concretas tendentes a evitar la profusión y dispersión legislativas que afectan al normal desarrollo de la actividad empresarial”, para lo cual “es imprescindible identificar aquellas piezas legislativas que constituyan solapamientos a fin de eliminarlos, así como establecer los medios legales adecuados que impidan estas duplicidades en el futuro”. Precisamente, en este sentido, el Congreso dio luz verde a la Ley de Unidad de Mercado, por la que los empresarios necesitarán la licencia de una sola Comunidad Autónoma para operar en todo el territorio nacional.

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