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Así lo manifestó el presidente de CEN, José Antonio Sarría, el pasado miércoles, en su comparecencia en la Comisión de Economía del Parlamento de Navarra para explicar el referido acuerdo, así como la constitución de la Mesa del Diálogo Social, contemplada en el mismo. Hitos como éste hacen que Navarra sea “pionera en España en materia de diálogo y concertación sociales”, en palabras del propio Sarría.

El acuerdo es una actualización del Intersectorial de 1995, que fue suscrito por las tres organizaciones firmantes y sentó las bases para el diálogo social y la concertación desarrollados desde hace casi dos décadas en la Comunidad Foral, siendo un proceso que se ha convertido en un valor fundamental de progreso tanto para la economía y el empleo, como para la mejora de la cohesión social en Navarra.

“Esta renovación, suscrita entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, es muy importante” para la Comunidad Foral y nace con la meta de “afrontar la difícil situación por la que están atravesando las empresas y los trabajadores”. Entre otros objetivos, el intersectorial también hace hincapié en un llegar a acuerdos entre sus partes y fomentar la solución extrajudicial de los conflictos que puedan darse en el marco de la empresa, ya que “es mejor lo acordado que lo que venga impuesto por un tribunal”. De hecho, a raíz del acuerdo de 1995 se constituyó el Tribunal Laboral de Navarra, como órgano extrajudicial de solución de conflictos laborales y que, desde su creación, ha atendido más de 43.000 expedientes.

Por otra parte, los firmantes también se comprometen al desarrollo de políticas de empleo que, tal y como recordó el presidente de la CEN, al respecto del papel de los agentes sociales más representativos en las acciones de formación continua, recordó que “se basan en el carácter finalista de las cuotas de empresarios y trabajadores a la Seguridad Social”. En total, en Navarra esta aportación de empresarios (cotización del 0,6) y trabajadores (0,1) a las arcas públicas es de 32 millones de euros al año. Sin embargo, tan sólo una parte de lo recaudado por este concepto de formación continua retorna al sistema.

En cuanto a la mesa del diálogo social, contemplado en otro de los puntos de esta revisión del acuerdo intersectorial, Sarría puso de relieve que, hasta ahora, los acuerdos que se han tomado en el marco del diálogo social no han tenido un marco en ningún órgano oficial. Sin embargo, el pasado 27 de septiembre quedó constituida la Mesa del Diálogo Social, un órgano consultivo cuyo objetivo principal es el análisis, la reflexión, la negociación y la concertación en materia económica, laboral y social, y compuesta por el Gobierno de Navarra, CEN, UGT y CCOO.

En la Mesa del Diálogo Social se abordarán materias de empleo y relaciones laborales, como la resolución de conflictos a través del Tribunal Laboral de Navarra; la puesta en marcha de políticas activas de empleo y la formación de los trabajadores; el fomento de la competitividad de la economía navarra y del cambio productivo; la cohesión social, las políticas de igualdad y la promoción de la responsabilidad social empresarial; la lucha contra el trabajo no declarado y la economía sumergida; y la mejora de la salud laboral, el medio ambiente y la sostenibilidad.

Según puso de manifiesto Sarría, “la mesa de diálogo social de Navarra tiene su fundamento en el papel que la Constitución Española atribuye a los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas, y a lo regulado por los artículos 6 y 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y por la Disposición Adicional Secta del Texto Refundida del Estatuto de los Trabajadores”. Y añadió: “la grave coyuntura económica actual hace más necesario, si cabe, un órgano de participación de esta naturaleza”.

Revisión del Acuerdo Intersectorial de Relaciones Laborales

En la revisión del Acuerdo Intersectorial de Relaciones Laborales, CEN, UGT y CCOO también reclaman que los poderes públicos otorguen el reconocimiento formal a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y les doten de los espacios institucionales necesarios, “a fin de que puedan cumplir con la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, poniendo al tiempo a su disposición los medios e instrumentos necesarios para el logro de los altos fines constitucionalmente atribuidos”. Así, se propone la creación de una Mesa Permanente del Diálogo y Concertación Social en Navarra, como “marco de mayor nivel en la regulación de la participación institucional” de estas organizaciones sociales.

Dicho todo esto, y en la nueva coyuntura, las partes firmantes acordaron actualizar las siguientes materias:

1. Modelo de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva.

Las tres organizaciones sociales consideran que “la mejora de las relaciones laborales en el marco de la empresa pasa inexorablemente por una visión compartida de la misma, y por unas reglas de juego conocidas y respetadas por todos. Debemos concebir la empresa como el lugar común que a todos nos interesa mejorar, y para ello es necesario respeto mutuo y un diálogo continuo que permitan compartir información, con objeto de tener una visión clara y consensuada de la realidad presente, así como de los planes y retos de futuro”.

Por lo tanto, “los firmantes consideramos que en el mundo globalizado y competitivo que vivimos, el mejor medio para mejorar la productividad, y en consecuencia la competitividad, consiste en buscar en el espacio común de la empresa colaboración y entendimiento entre el conjunto de las partes, de forma que se vaya en la misma dirección”.

También se pretende poner en valor la negociación colectiva, como una herramienta que “direcciona, regula y da garantía a las relaciones laborales en el marco de las empresas y los sectores”. A su vez, por su carácter autónomo, “corresponde a las partes escenificar los espacios de negociación y acordar las reglas de juego que vertebrarán el desarrollo laboral y las relaciones capital-trabajo”.

Además, los firmantes del documento subrayan la importancia del convenio sectorial como “elemento generador de reglas colectivas que garantizan tanto la igualdad de oportunidades para la población trabajadora, como la transparencia en los procesos de competencia entre empresas”, y añaden: “difuminar en un mapa masivo de pymes y microempresas las reglas de juego, acaba por construir un escenario de conflicto”. Por todo ello, se recomienda que las partes, independientemente de las necesidades específicas del momento, prioricen el convenio sectorial, “dando prevalencia al mismo como herramienta fundamental tanto de las relaciones laborales como de la competitividad”.

Por otra parte, y tras el límite a la ultraactividad que ha introducido la reforma laboral, se recuerda que “la vigencia de los convenios es materia disponible mediante negociación colectiva y, por tanto, las partes legitimadas para la misma en cualquiera de sus ámbitos pueden abordar y acordar cual ha de ser la vigencia de los convenios”. Del mismo modo, CEN, UGT y CCOO llaman a que se establezcan “mecanismos pactados” de descuelgue si concurren ciertas causas, con el fin de preservar el empleo y la viabilidad de la empresa.

2. Acuerdo Interprofesional de Solución Autónoma de Conflictos Laborales. Tribunal Laboral de Navarra.

El acuerdo también manifiesta la necesidad de actualizar y adaptar el Tribunal Laboral de Navarra con la profundidad necesaria para alinearlo con los cambios legislativos de los últimos años. En concreto, se propone que el funcionamiento del Tribunal se estructure con las siguientes premisas:

- Eficacia general y directa, con posibilidad de sistemas propios de solución de conflictos en el ámbito del sector, de empresa o de grupos de empresas.

- Arbitraje de carácter voluntario en el caso de bloqueo de la negociación colectiva.

- Prever el procedimiento para la resolución de las discrepancias en caso de inaplicación de convenios colectivos.

- Cualesquiera otras materias que le puedan ser encomendadas por la legislación vigente.

3. Empleo: crecimiento, políticas activas y formación.

Según se señala en el documento, “la creación de empleo debe estar en el centro de la política para lo que es necesario adoptar las medidas oportunas dirigidas a estimular la economía”. Sin embargo, “la política de ajustes aplicada en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y 2013, ha tenido un efecto demoledor sobre las políticas activas de empleo, al reducir de forma drástica las partidas económicas transferidas a tal fin a las distintas comunidades autónomas, por ser éstas quienes tienen encomendada  la gestión de las mismas, ya que se encuentran más próximas a la realidad de unos mercados de trabajo que presentan notables diferencias en función de los distintos territorios”. Así, CEN, UGT y CCOO consideran fundamental el “mantenimiento con carácter general de estas políticas activas en nuestra comunidad”.

Respecto al subsistema de Formación Continua, los agentes firmantes mantienen que “se ha desvirtuado el carácter finalista de las cuotas abonadas por empresas y trabajadores, de forma que tan sólo una parte de lo recaudado por este concepto retorna al sistema, a la par que se ha tratado de desvincular la formación del diálogo social y de la negociación colectiva sectorial, minimizando al protagonismo de las organizaciones empresariales y sindicales en su gestión”.

Además, denuncian que “se ha propiciado la generación de un cierto clima social contrario a la intervención de los agentes económicos y sociales más representativos en la formación continua y al papel de los mismos en aquella, tratando de desvirtuar al máximo su intervención en la gestión de la misma, negando para ello su naturaleza laboral”.

Sin embargo, CEN, UGT y CCOO recuerdan que hasta cuatro sentencias recientes del Tribunal Constitucional “han fijado con nitidez los principios en los que se asienta nuestro modelo de Formación Continua, entre los que destacan su incardinación en la materia laboral, su financiación exclusiva con cargo a las cuotas ad hoc abonadas por empresas y trabajadores (no con fondos provenientes de los presupuestos generales o de los impuestos que pagan los ciudadanos) o su carácter finalista con orientación exclusiva a la formación y no a la financiación de otras actividades”.

Así, las tres entidades firmantes reivindican su papel en la Formación Profesional en el Empleo y de modo especial en la Formación Continua, y argumentan que, gracias al trabajo que durante años han venido haciendo en este sentido patronal y los sindicatos más representativos, Navarra cuenta hoy con los mayores índices de empleabilidad de España. Estos también proponen una serie de medidas en el ámbito laboral:

- Un plan urgente de estímulos para el crecimiento y el empleo. “Adoptar las medidas oportunas dirigidas a estimular la economía desde el sector público, desde la inversión pública y, por supuesto, orientar políticas que estimulen la inversión privada y el consumo, es una línea de intervención que puede impulsar el crecimiento económico y, como consecuencia, el empleo”, según reza el documento firmado ayer.

- El impulso de la empleabilidad y la cohesión en el acceso al empleo. “Las políticas activas de empleo no generan empleo directamente, pero son un instrumento fundamental para mejorar las condiciones de acceso al empleo, la igualdad entre colectivos para ese acceso y la mejora de la competitividad necesaria para la reactivación económica”.

- La mejora de las competencias del conjunto de nuestra población activa. “La lucha contra el fracaso y abandono escolar, la excelencia en la Formación Profesional Reglada, el desarrollo de la formación dual y el despliegue en todos sus aspectos de la Ley de Cualificaciones son vertientes de trabajo inexcusables si queremos una economía en términos de calidad en un entorno cada vez más exigente”.

4. Competitividad regional y cambio de modelo productivo.

El acuerdo de los agentes sociales defiende un “marco endógeno propio que sea un elemento diferenciador con relación a otras economías, generador de actividad y competitividad regional, que ponga en valor nuestras capacidades, facilitando a la vez la creación de alternativas y el remedio a nuestras carencias”. Esto, a su vez, requiere “el apoyo constante a la inversión en I+D+i, a la creación de infraestructuras de todo tipo adecuadas a las necesidades de las personas y las empresas, al impulso de la internacionalización de las mismas y a la búsqueda de alternativas energéticas que suplan las carencias existentes, se revelan como imprescindibles para el desarrollo de un sector productivo de calidad.

“Los agentes económicos y sociales que firmamos este documento compartimos la necesidad de establecer las bases para un cambio de modelo de crecimiento como objetivo prioritario si queremos que, una vez superada la crisis, el crecimiento económico subsiguiente se construya sobre bases más solidas y equilibradas y, por tanto, menos vulnerables a los cambios de ciclo”. Ésta es otra de las manifestaciones de CEN, UGT y CCOO, que, en consonancia, también llaman a un despliegue del Plan Moderna, “consensuado por una gran parte de la sociedad navarra”, y que “se configura como el eje vertebrador y dinamizador de las estrategias de futuro”.
 
5. Cohesión social

La patronal navarra y los sindicatos más representativos también advierten del efecto que ha tenido la “dramática destrucción de empleo” en el aumento de hogares con pérdida o disminución de ingresos. De hecho, Navarra contabilizaba a finales de 2012 un total de 15.700 hogares donde ningún miembro se encontraba ocupado a pesar de estar en condiciones para ellos. De ellos, 6.100 hogares además de no trabajar nadie no tenían ningún tipo de ingreso normalizada. Por otra parte, la Renta de Inclusión Social se ha incrementado un 227% en los últimos cinco años.

Por ello, CEN, UGT y CCOO manifiestan que “resulta imprescindible aliviar la situación de las personas y familias afectadas por el desempleo y aprovechar el momento para abrirles nuevas oportunidades. La Renta de Inclusión Social y sus condicionantes, el Empleo Social Protegido, la Atención a la Dependencia, y otros mecanismos de intervención en política social deben redefinirse en una visión global que permita evitar procesos de exclusión social, pero que sirvan también como palancas de cambio en las esperanzas de la gente”.

6. Políticas de igualdad.

El documento también sostiene que “avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, es una tarea colectiva que debemos desarrollar entre todos y debe ser impulsada por los poderes públicos y principalmente por los gobiernos, a quienes corresponde adoptar medidas que aseguren avances sustantivos en esta dirección”.

Sin embargo, también gracias a la negociación colectiva, “hemos podido articular medidas de acción positiva y planes de igualdad, viendo incrementado el número de empresas tanto desde el sector privado como del público, de áreas de actividad bien diversas y de diferentes dimensiones, las que han tomado conciencia de la necesidad de apostar por el fomento y el impulso de políticas que consigan una verdadera igualdad de oportunidades de entre mujeres y hombres”. Además, el documento también llama a incorporar en los convenios medidas que propicien la protección de las mujeres víctimas de la violencia y la elaboración de protocolos de prevención del acoso sexual y el acoso por razón de género.

7. Salud laboral.

El acuerdo también incide en que “es imprescindible incidir en la prevención de riesgos laborales como medio de tener empleo de calidad y más competitividad en las empresas”. Por lo tanto, CEN, UGT y CCOO consideran que “debe darse continuidad a la labor que realiza el área de salud laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (antiguo INSL), así como a los médicos centinelas desde atención primaria.

8. Medio Ambiente y sostenibilidad

Los agentes también aseguran que “se hace necesaria la implantación de políticas encaminadas a potenciar la eficiencia, tanto en los procesos como en los productos fabricados (eco-innovación), así como la minimización de los impactos ambientales generados en los mismos, teniendo en cuenta que el modelo existente hasta ahora, basado en un crecimiento desmedido, ha generado un importante impacto ambiental”. Por ello, y para que las empresas sigan implantando sistemas de gestión ambiental, CEN, UGT y CCOO consideran que se debe seguir potenciando la figura del Delegado de la Comunidad Foral para el Medio Ambiente, “que dé impulso y difusión a un cambio de cultura ambiental industrial basado en la adopción de medidas de gestión que aseguren la sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo de nuestro tejido empresarial”.

9. Responsabilidad Social Empresarial

“La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) puede ser un buen instrumento para avanzar en la mejora de la relación y la corresponsabilidad de las empresas con su entorno económico, social y medioambiental”, tal y como sostiene el documento suscrito ayer, que señala que “es necesario impulsar un nuevo pacto de las empresas con sus trabajadores, la sociedad y el territorio mediante la adopción de planes y programas de RSE, el fomento de la inversión socialmente responsable y la participación de la plantilla en la elaboración de estrategias y el seguimiento y resultados, más allá del cumplimiento de la legislación en materia social y medioambiental”.

10. Empleo no declarado y economía sumergida.

Los firmantes también se hacen eco del hecho de que la economía sumergida puede superar el 20% del PIB de nuestro país (más de 200.000 millones de euros), “cifra que nos sitúa en la dimensión real de un problema que, en un contexto de crisis económica y recesión como el actual, resulta especialmente injusto e insolidario”.

De hecho, recuerdan el “Acuerdo Interinstitucional para un Plan de Lucha contra la Economía Sumergida y el Empleo no Declarado en Navarra”, suscrito el año pasado entre CEN, UGT, CCOO, el Gobierno de Navarra, la Delegación del Gobierno en Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, donde, entre otras propuestas, se prevé la constitución de un grupo de estudio que analice y elabore propuestas de actuación concretas tales como el establecimiento selectivo de periodo de regularización voluntaria y campañas de inspección. CEN, UGT y CCOO proponen ampliar el ámbito de actuación de este grupo, designando los agentes económicos y sociales y las administraciones firmantes un representante estable en el mismo.

11. Mesa Permanente del Diálogo Social

Como se ha indicado anteriormente, se propone al Gobierno de Navarra la creación de una Mesa Permanente del Diálogo Social, un espacio de negociación con el fin de “impulsar la concertación social en Navarra y cristalizarla en un marco estable y regulado donde abordar con el Gobierno todos los temas que atañen al diálogo social es un paso fundamental”. Esta Mesa sería capaz de “articular las propuestas, estructurar la negociación, así como dar continuidad a los proceso de diálogo iniciados hace casi 20 años”.