Descargar vídeo José Luis Tortuero

En la sesión, que se centró en el régimen de la jubilación ordinaria, Tortuero incidió en la importancia de este aspecto, en el que “hay que ser muy cauteloso”, ya que “afecta a toda la población activa”. Sin embargo, el experto denunció que “se está generando alarma social” con todas las reformas que se están llevando a cabo, tanto desde la de la Ley 27/2011 hasta la que proyecta el Gobierno con la aplicación del “factor de sostenibilidad”.

De hecho, Tortuero fue uno de los miembros del Comité de Expertos que convocó el Gobierno respecto a este factor que desvinculará las pensiones del IPC y las actualizará conforme a la situación financiera del sistema de Seguridad Social. Concretamente, él fue el único que se abstuvo en la votación. “Una de las alternativas al factor de sostenibilidad que propuse fue el de recortar los plazos que marca la Ley 27/2011 para llegar a la edad legal de jubilación ordinaria a los 67 años en 2027” (actualmente, en 65 años y un mes).

Sin embargo, el docente explicó que, “al establecer periodos progresivos muy largos, la incidencia anual de la reforma es más pequeña”. Éste también subrayó que, al margen de la edad general para jubilarse, existe otra jubilación ordinaria a la edad tradicional de 65 años para los trabajadores que tengan un periodo mínimo de años cotizados. Periodo que, a su vez, también dispone de un periodo transitorio que será en 2027 de 38 años y seis meses. Tortuero explicó, además, que “esa lógica de que el periodo transitorio concluya en 2027 se debe a que se calcula que las generaciones más abundantes del baby boom lleguen a su jubilación en 2026”.

“La reforma de las pensiones está generando alarma social”

Un reflejo de esa “alarma social” de la que advirtió Tortuero, estaría, según él, en que “se están precipitando las jubilaciones anticipadas de una forma desmesurada”, lo cual “pone a las cuentas del sistema en una situación delicadísima”. Desde que entró en vigor la 27/2011, “si pensábamos que, cada año, se iban a jubilar 100.000 personas y se están jubilando 500.000, el impacto para la Seguridad social es tremendo, pero también para los individuos que se jubilan anticipadamente”, ya que perciben pensiones reducidas.

Por otra parte, “la segunda alarma social la estamos creando a los propios pensionistas”, aseguró Tortuero. “No vayamos a creer que los nueve millones de pensionistas son todos licenciados en Derecho”, por lo que, mayoritariamente, “no tienen ni capacidad de reacción ni otra fuente de ingresos, y les estamos trasladando unos planteamientos extraordinariamente agresivos sin darles la información real de qué va a ocurrir con sus pensiones”.

Una complejidad “extrema” en su regulación

El catedrático señaló que “la regulación de la jubilación tiene una complejidad extrema”, porque “sólo contamos con un texto refundido que no hacemos más que rectificar”, y, con cada nueva reforma, “lo complicamos más”. Otro aspecto de la normativa, que criticó Tortuero, fue el de “los larguísimos periodos de aplicación progresiva”, tanto para llevar la edad legal de jubilación a los 67 años, como para alcanzar una base reguladora basada en los últimos 25 años cotizados (que llegará en 2022, y actualmente está en 16 años). “Cada una de estas materias tiene periodos de vigencia distintos” y, cada año, “tenemos que replantearnos las reglas de juego”.

Otro “elemento de complejidad”, según Tortuero, es que, “en una materia tan importante como ésta, hemos estado haciendo trampas al solitario”. De esta forma, el experto se refirió a disposiciones que determinados “grupos de presión” han añadido al ordenamiento. De hecho, se refirió a la disposición final 12 de la Ley 27/2011, que “fue generosa a la hora de identificar los grupos que quedarían fuera de la reforma”.

Por ejemplo, se dejó fuera de la nueva regulación a colectivos como las personas cuya relación laboral se hubiera extinguido antes de la publicación de la Ley 27/2011 o a aquellas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, suscritos con anterioridad a la fecha de publicación.

Además, posteriormente se aprobó el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, que “sobrepasó todos los límites” y también estableció excepciones para colectivos como “quienes hubieran accedido a la pensión de jubilación con anterioridad a 1 de abril de este año, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se hubiera producido con anterioridad o posterioridad al 1 de abril”. Tal y como señaló Tortuero, “el Real Decreto se publicó el 16 de marzo en el BOE y se dio de plazo hasta el 1 de abril para que se realizaran pactos de todo tipo, lo cual inundó las delegaciones del INSS”.

Dicho esto, el catedrático concluyó que “esta importantísima reforma del sistema de pensiones ha sido a la carta, de forma que los más listos se han quedado fuera de su aplicación”. Por lo tanto, Tortuero apuntó que, aunque “se preveía que el impacto de la Ley 27/2011 iba a ser de tres puntos del PIB para la sostenibilidad del sistema de pensiones, ya veremos cómo queda, porque ni siquiera se han contabilizado el número de sujetos que se han quedado fuera de la aplicación”. En definitiva, y en detrimento de la simplicidad de la legislación, “vamos a tener conviviendo dos regímenes jurídicos de jubilación distintos: el nuevo y el anterior”, denunció el académico.

En cuanto a los requisitos para acceder a la pensión, Tortuero se refirió a algunos como el de acreditar un periodo mínimo de cotización de quince años, que es “razonablemente corto”, señaló éste. Sin embargo, apuntó que “ese periodo de cotización tiene una distribución interna que no tiene ni pies ni cabeza: hay un carencia general (trece años de los quince, que se pueden calcular computando toda la vida laboral) y otra específica (dos de los quince, que sólo pueden computar con dos de los últimos quince años cotizados). Por lo tanto, “la norma rompe con el criterio de validez universal de las cotizaciones”, ya que “no se puede imponer que unos años de cotización tengan validez en un periodo concreto”.

José Miguel Montes

Responsable de Comunicación de CEN