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Sin embargo, tal y como reconoce el propio acuerdo firmado ayer, “los efectos de la terrible crisis que azota a la economía mundial desde hace ya varios años, así como algunas de las medidas que han tomado los gobiernos para combatirla, han deteriorado al diálogo social, conduciéndolo a una deriva que no favorece el desarrollo de nuestra comunidad”.

Pero CEN, UGT y CCOO entienden que “las dificultades de la empresa y su efecto demoledor sobre el empleo no pueden dejarnos indiferentes” y, por ello, asumen “el reto de hacer frente a la situación, conscientes de que somos los agentes protagonistas del cambio de modelo productivo necesario para poder competir y afrontar la fuerte dinámica del mercado global y de la economía en general”.

Así, y con la convicción de unir fuerzas para hacer frente a la crisis, los firmantes retoman el diálogo social “con el fin de buscar acuerdos que, a través de la colaboración y el esfuerzo común, contribuyan a paliar y a revertir, en la medida de lo posible, las consecuencias más dañinas de una situación de crisis que está poniendo en tela de juicio nuestro devenir como comunidad”.

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Según CEN, UGT y CCOO, “nuevos tiempos, nuevos problemas, nos obligan a readaptar procedimientos adecuándolos a las nuevas necesidades a las nuevas demandas de las empresas, de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Por ello, consideramos que es un objetivo prioritario centrar todos los esfuerzos en fortalecer el marco de diálogo social tras el periodo de fragilidad por el que ha atravesado en estos últimos años, condicionado por la grave situación económica y social, también por las políticas de los gobiernos”.

Propuestas en el marco laboral

En este sentido, las tres entidades se consideran “obligadas ante la sociedad navarra a hacer frente a la situación desde el compromiso de todas las partes y la búsqueda del consenso que rompa la inercia de conflicto que está asentándose en nuestras relaciones sociales y laborales”. Por ejemplo, y aunque admiten “importantes discrepancias” en relación con las últimas reformas laborales aprobadas en los últimos año, CEN, UGT y CCOO han acordado tres aspectos que deberían rectificarse:

- El papel mediador de la Autoridad laboral: se considera importante la función mediadora que la autoridad laboral venía desarrollando con anterioridad a la reforma laboral tanto en lo relativo al despido colectivo como en los supuestos de suspensión y reducción de jornada. Los firmantes recuerdan que, en el pasado, este papel consiguió evitar en Navarra la judicialización de muchos conflictos, a la vez que favoreció, en muchas ocasiones, el mantenimiento del empleo.

- Formación para el Empleo: se resalta el hecho de que la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en la planificación, diseño y ejecución de las acciones de formación para el empleo, en colaboración con la Administración, ha contribuido al incremento de la cualificación de los trabajadores, a la evidente mejora en la calidad de la formación y al hecho cierto de que los parados navarros cuentan con los ratios de empleabilidad más altos del país. Y reivindican su protagonismo en la materia frente a las campañas de descrédito llevadas a cabo en los últimos años, presentando a organizaciones empresariales y sindicales como receptoras de subvenciones públicas cuando, en realidad, la dotación económica para esta finalidad procede de las cuotas que empresas y trabajadores pagan mensualmente para ello, y no de los impuestos de los ciudadanos.

- Negociación colectiva: los firmantes valoran y califican como muy importantes y positivos los acuerdos firmados a nivel nacional, como el AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva). Además, consideran necesario que la regulación laboral respete el ámbito competencial de las partes negociadoras y tenga muy en cuenta la línea marcada por estos acuerdos. Las partes también se comprometen a hacer cuantos esfuerzos sean necesarios para desbloquear los convenios colectivos pendientes de firma, cuestión en la que se ha producido un importantísimo avance en el último año, desde que se suscribiera por las mismas organizaciones el “Acuerdo sobre Modelo de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva” el pasado mes de junio de 2012.

Diálogo social y concertación

CEN, UGT y CCOO también reclaman que los poderes públicos otorguen el reconocimiento formal a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y les doten de los espacios institucionales necesarios, “a fin de que puedan cumplir con la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, poniendo al tiempo a su disposición los medios e instrumentos necesarios para el logro de los altos fines constitucionalmente atribuidos”. Así, se propone la creación de una Mesa Permanente del Diálogo y Concertación Social en Navarra, como “marco de mayor nivel en la regulación de la participación institucional” de estas organizaciones sociales. 

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Dicho todo esto, y en la nueva coyuntura, las partes firmantes han acordado actualizar las siguientes materias:

1. Modelo de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva.

Las tres organizaciones sociales consideran que “la mejora de las relaciones laborales en el marco de la empresa pasa inexorablemente por una visión compartida de la misma, y por unas reglas de juego conocidas y respetadas por todos. Debemos concebir la empresa como el lugar común que a todos nos interesa mejorar, y para ello es necesario respeto mutuo y un diálogo continuo que permitan compartir información, con objeto de tener una visión clara y consensuada de la realidad presente, así como de los planes y retos de futuro”.

Por lo tanto, “los firmantes consideramos que en el mundo globalizado y competitivo que vivimos, el mejor medio para mejorar la productividad, y en consecuencia la competitividad, consiste en buscar en el espacio común de la empresa colaboración y entendimiento entre el conjunto de las partes, de forma que se vaya en la misma dirección”.

También se pretende poner en valor la negociación colectiva, como una herramienta que “direcciona, regula y da garantía a las relaciones laborales en el marco de las empresas y los sectores”. A su vez, por su carácter autónomo, “corresponde a las partes escenificar los espacios de negociación y acordar las reglas de juego que vertebrarán el desarrollo laboral y las relaciones capital-trabajo”.

Además, los firmantes del documento subrayan la importancia del convenio sectorial como “elemento generador de reglas colectivas que garantizan tanto la igualdad de oportunidades para la población trabajadora, como la transparencia en los procesos de competencia entre empresas”, y añaden: “difuminar en un mapa masivo de pymes y microempresas las reglas de juego, acaba por construir un escenario de conflicto”. Por todo ello, se recomienda que las partes, independientemente de las necesidades específicas del momento, prioricen el convenio sectorial, “dando prevalencia al mismo como herramienta fundamental tanto de las relaciones laborales como de la competitividad”.

Por otra parte, y tras el límite a la ultraactividad que ha introducido la reforma laboral, se recuerda que “la vigencia de los convenios es materia disponible mediante negociación colectiva y, por tanto, las partes legitimadas para la misma en cualquiera de sus ámbitos pueden abordar y acordar cual ha de ser la vigencia de los convenios”. Del mismo modo, CEN, UGT y CCOO llaman a que se establezcan “mecanismo pactados” de descuelgue si concurren ciertas causas, con el fin de preservar el empleo y la viabilidad de la empresa.

2. Acuerdo Interprofesional de Solución Autónoma de Conflictos Laborales. Tribunal Laboral de Navarra.

El acuerdo también manifiesta la necesidad de actualizar y adaptar el Tribunal Laboral de Navarra con la profundidad necesaria para alinearlo con los cambios legislativos de los últimos años. En concreto, se propone que el funcionamiento del Tribunal se estructure con las siguientes premisas:

- Eficacia general y directa, con posibilidad de sistemas propios de solución de conflictos en el ámbito del sector, de empresa o de grupos de empresas.

- Arbitraje de carácter voluntario en el caso de bloqueo de la negociación colectiva.

- Prever el procedimiento para la resolución de las discrepancias en caso de inaplicación de convenios colectivos.

- Cualesquiera otras materias que le puedan ser encomendadas por la legislación vigente.

3. Empleo: crecimiento, políticas activas y formación.

Según se señala en el documento, “la creación de empleo debe estar en el centro de la política para lo que es necesario adoptar las medidas oportunas dirigidas a estimular la economía”. Sin embargo, “la política de ajustes aplicada en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y 2013, ha tenido un efecto demoledor sobre las políticas activas de empleo, al reducir de forma drástica las partidas económicas transferidas a tal fin a las distintas comunidades autónomas, por ser éstas quienes tienen encomendada  la gestión de las mismas, ya que se encuentran más próximas a la realidad de unos mercados de trabajo que presentan notables diferencias en función de los distintos territorios”. Así, CEN, UGT y CCOO consideran fundamental el “mantenimiento con carácter general de estas políticas activas en nuestra comunidad”.

Respecto al subsistema de Formación Continua, los agentes firmantes mantienen que “se ha desvirtuado el carácter finalista de las cuotas abonadas por empresas y trabajadores, de forma que tan sólo una parte de lo recaudado por este concepto retorna al sistema, a la par que se ha tratado de desvincular la formación del diálogo social y de la negociación colectiva sectorial, minimizando al protagonismo de las organizaciones empresariales y sindicales en su gestión”.

Además, denuncian que “se ha propiciado la generación de un cierto clima social contrario a la intervención de los agentes económicos y sociales más representativos en la formación continua y al papel de los mismos en aquella, tratando de desvirtuar al máximo su intervención en la gestión de la misma, negando para ello su naturaleza laboral”.

Sin embargo, CEN, UGT y CCOO recuerdan que hasta cuatro sentencias recientes del Tribunal Constitucional “han fijado con nitidez los principios en los que se asienta nuestro modelo de Formación Continua, entre los que destacan su incardinación en la materia laboral, su financiación exclusiva con cargo a las cuotas ad hoc abonadas por empresas y trabajadores (no con fondos provenientes de los presupuestos generales o de los impuestos que pagan los ciudadanos) o su carácter finalista con orientación exclusiva a la formación y no a la financiación de otras actividades”.

Así, las tres entidades firmantes reivindican su papel en la Formación Profesional en el Empleo y de modo especial en la Formación Continua, y argumentan que, gracias al trabajo que durante años han venido haciendo en este sentido patronal y los sindicatos más representativos, Navarra cuenta hoy con los mayores índices de empleabilidad de España. Estos también proponen una serie de medidas en el ámbito laboral:

- Un plan urgente de estímulos para el crecimiento y el empleo. “Adoptar las medidas oportunas dirigidas a estimular la economía desde el sector público, desde la inversión pública y, por supuesto, orientar políticas que estimulen la inversión privada y el consumo, es una línea de intervención que puede impulsar el crecimiento económico y, como consecuencia, el empleo”, según reza el documento firmado ayer.

- El impulso de la empleabilidad y la cohesión en el acceso al empleo. “Las políticas activas de empleo no generan empleo directamente, pero son un instrumento fundamental para mejorar las condiciones de acceso al empleo, la igualdad entre colectivos para ese acceso y la mejora de la competitividad necesaria para la reactivación económica”.

- La mejora de las competencias del conjunto de nuestra población activa. “La lucha contra el fracaso y abandono escolar, la excelencia en la Formación Profesional Reglada, el desarrollo de la formación dual y el despliegue en todos sus aspectos de la Ley de Cualificaciones son vertientes de trabajo inexcusables si queremos una economía en términos de calidad en un entorno cada vez más exigente”.

4. Competitividad regional y cambio de modelo productivo.

El acuerdo de los agentes sociales defiende un “marco endógeno propio que sea un elemento diferenciador con relación a otras economías, generador de actividad y competitividad regional, que ponga en valor nuestras capacidades, facilitando a la vez la creación de alternativas y el remedio a nuestras carencias”. Esto, a su vez, requiere “el apoyo constante a la inversión en I+D+i, a la creación de infraestructuras de todo tipo adecuadas a las necesidades de las personas y las empresas, al impulso de la internacionalización de las mismas y a la búsqueda de alternativas energéticas que suplan las carencias existentes, se revelan como imprescindibles para el desarrollo de un sector productivo de calidad.

“Los agentes económicos y sociales que firmamos este documento compartimos la necesidad de establecer las bases para un cambio de modelo de crecimiento como objetivo prioritario si queremos que, una vez superada la crisis, el crecimiento económico subsiguiente se construya sobre bases más solidas y equilibradas y, por tanto, menos vulnerables a los cambios de ciclo”. Ésta es otra de las manifestaciones de CEN, UGT y CCOO, que, en consonancia, también llaman a un despliegue del Plan Moderna, “consensuado por una gran parte de la sociedad navarra”, y que “se configura como el eje vertebrador y dinamizador de las estrategias de futuro”.

5. Cohesión social

La patronal navarra y los sindicatos más representativos también advierten del efecto que ha tenido la “dramática destrucción de empleo” en el aumento de hogares con pérdida o disminución de ingresos. De hecho, Navarra contabilizaba a finales de 2012 un total de 15.700 hogares donde ningún miembro se encontraba ocupado a pesar de estar en condiciones para ellos. De ellos, 6.100 hogares además de no trabajar nadie no tenían ningún tipo de ingreso normalizada. Por otra parte, la Renta de Inclusión Social se ha incrementado un 227% en los últimos cinco años.

Por ello, CEN, UGT y CCOO manifiestan que “resulta imprescindible aliviar la situación de las personas y familias afectadas por el desempleo y aprovechar el momento para abrirles nuevas oportunidades. La Renta de Inclusión Social y sus condicionantes, el Empleo Social Protegido, la Atención a la Dependencia, y otros mecanismos de intervención en política social deben redefinirse en una visión global que permita evitar procesos de exclusión social, pero que sirvan también como palancas de cambio en las esperanzas de la gente”.

6. Políticas de igualdad.

El documento también sostiene que “avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, es una tarea colectiva que debemos desarrollar entre todos y debe ser impulsada por los poderes públicos y principalmente por los gobiernos, a quienes corresponde adoptar medidas que aseguren avances sustantivos en esta dirección”.

Sin embargo, también gracias a la negociación colectiva, “hemos podido articular medidas de acción positiva y planes de igualdad, viendo incrementado el número de empresas tanto desde el sector privado como del público, de áreas de actividad bien diversas y de diferentes dimensiones, las que han tomado conciencia de la necesidad de apostar por el fomento y el impulso de políticas que consigan una verdadera igualdad de oportunidades de entre mujeres y hombres”. Además, el documento también llama a incorporar en los convenios medidas que propicien la protección de las mujeres víctimas de la violencia y la elaboración de protocolos de prevención del acoso sexual y el acoso por razón de género.

7. Salud laboral.

El acuerdo también incide en que “es imprescindible incidir en la prevención de riesgos laborales como medio de tener empleo de calidad y más competitividad en las empresas”. Por lo tanto, CEN, UGT y CCOO consideran que “debe darse continuidad a la labor que realiza el área de salud laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (antiguo INSL), así como a los médicos centinelas desde atención primaria.

8. Medio Ambiente y sostenibilidad

Los agentes también aseguran que “se hace necesaria la implantación de políticas encaminadas a potenciar la eficiencia, tanto en los procesos como en los productos fabricados (eco-innovación), así como la minimización de los impactos ambientales generados en los mismos, teniendo en cuenta que el modelo existente hasta ahora, basado en un crecimiento desmedido, ha generado un importante impacto ambiental”. Por ello, y para que las empresas sigan implantando sistemas de gestión ambiental, CEN, UGT y CCOO consideran que se debe seguir potenciando la figura del Delegado de la Comunidad Foral para el Medio Ambiente, “que dé impulso y difusión a un cambio de cultura ambiental industrial basado en la adopción de medidas de gestión que aseguren la sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo de nuestro tejido empresarial”.

9. Responsabilidad Social Empresarial

“La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) puede ser un buen instrumento para avanzar en la mejora de la relación y la corresponsabilidad de las empresas con su entorno económico, social y medioambiental”, tal y como sostiene el documento suscrito ayer, que señala que “es necesario impulsar un nuevo pacto de las empresas con sus trabajadores, la sociedad y el territorio mediante la adopción de planes y programas de RSE, el fomento de la inversión socialmente responsable y la participación de la plantilla en la elaboración de estrategias y el seguimiento y resultados, más allá del cumplimiento de la legislación en materia social y medioambiental”.

10. Empleo no declarado y economía sumergida.

Los firmantes también se hacen eco del hecho de que la economía sumergida puede superar el 20% del PIB de nuestro país (más de 200.000 millones de euros), “cifra que nos sitúa en la dimensión real de un problema que, en un contexto de crisis económica y recesión como el actual, resulta especialmente injusto e insolidario”.

De hecho, recuerdan el “Acuerdo Interinstitucional para un Plan de Lucha contra la Economía Sumergida y el Empleo no Declarado en Navarra”, suscrito el año pasado entre CEN, UGT, CCOO, el Gobierno de Navarra, la Delegación del Gobierno en Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, donde, entre otras propuestas, se prevé la constitución de un grupo de estudio que analice y elabore propuestas de actuación concretas tales como el establecimiento selectivo de periodo de regularización voluntaria y campañas de inspección. CEN, UGT y CCOO proponen ampliar el ámbito de actuación de este grupo, designando los agentes económicos y sociales y las administraciones firmantes un representante estable en el mismo.

11. Mesa Permanente del Diálogo Social

Como se ha indicado anteriormente, se propone al Gobierno de Navarra la creación de una Mesa Permanente del Diálogo Social, un espacio de negociación con el fin de “impulsar la concertación social en Navarra y cristalizarla en un marco estable y regulado donde abordar con el Gobierno todos los temas que atañen al diálogo social es un paso fundamental”. Esta Mesa sería capaz de “articular las propuestas, estructurar la negociación, así como dar continuidad a los proceso de diálogo iniciados hace casi 20 años”.

Firma del acuerdo y rueda de prensa

La firma del acuerdo, y posterior rueda de prensa, que tuvo lugar en el Tribunal Laboral de Navarra, corrió a cargo del presidente de CEN, José Antonio Sarría, el secretario general de UGT Navarra, Juan Goyén, y el secretario general de CCOO Navarra, Raúl Villar. Sarría explicó los motivos de esta revisión, ya que “la situación de Navarra ha cambiado sensiblemente”. El presidente de la patronal defendió el valor de “la negociación colectiva como elemento vertebrador de las relaciones laborales en la empresa”. Además, subrayó el “gran esfuerzo” de los firmantes por llegar a acuerdos en los convenios.

En esto coincidió con Juan Goyén, que explicó cómo, de los convenios colectivos que podrían haber decaído, tras acabar el plazo de ultractividad propuesto por la reforma laboral, se han llegado a acuerdos en la mayoría de ellos, bien para sustituirlos por nuevos convenios colectivos o para prorrogar, también de forma pactada, la ultractividad de los mismos mientras se continúa con su negociación. En concreto, los convenios que estarían en riesgo de desaparecer el próximo 8 de julio serían cinco, que afectarían a 1.945 trabajadores (un 1,83% del total). La proporción es mucho más alta en España, donde un total de 1.609.100 trabajadores (el 45,40% del total) corren el riesgo de perder la vigencia de su convenio el próximo 8 de julio (se adjunta el anexo del acuerdo en el que se refleja la situación, a fecha de 4 julio, de los convenios colectivos en Navarra).

Por su parte, Raúl Villar puso de relieve que, “a pesar de nuestras diferencias, hemos sido capaces de llegar a un acuerdo para revertir la situación de crisis que estamos atravesando”, donde “el mayor problema que tenemos es el desempleo”. Éste aseguró que el acuerdo suscrito ayer trata de “reestablecer los desequilibrios que ha causado la reforma laboral”, por ejemplo, “apostando por el convenio sectorial”.