Las decisiones sobre la vigencia de determinadas ventajas fiscales temporales y de los programas de gasto público destinados a paliar el impacto de la crisis económica habían convertido al pasado 31 de diciembre en una fecha crítica para las finanzas de los Estados Unidos. Muchas de las medidas fiscales temporales adoptadas en los últimos años tenían como fecha de expiración el último día del año pasado, resultado, en parte, de los acuerdos alcanzados entre los demócratas y los republicanos para elevar el techo de deuda pública en el verano de 2011.

En concreto, la ausencia de un acuerdo el pasado 31 de diciembre hubiera dado lugar a una reducción automática y drástica del déficit público, que alcanzaría los 607.000 millones de dólares (un 4% del PIB), según las estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso. La magnitud del impacto presupuestario hubiera generado un efecto muy significativo en la evolución del PIB, por lo que dicho ajuste se denominó como  “el precipicio fiscal”.

Acuerdo para evitar el precipicio fiscal

En líneas generales, la Ley que desarrolla el acuerdo bipartito supone una enmienda presupuestaria con importantes efectos sobre los futuros ingresos y gastos federales. Según las estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso y del Comité Conjunto del Congreso sobre imposición, la citada Ley prevé una reducción de los ingresos de 280.000 millones de dólares y un aumento del gasto alrededor de 50.000 millones de dólares para 2013. En términos netos, elevará el déficit público, en 2013, en 330.000 millones de dólares (en torno al 2,2% del PIB), respecto de una situación (muy poco probable) en la que expiraran todas las deducciones fiscales y las reducciones de gasto público previstas. Las medidas presupuestarias con mayor impacto presupuestario son las siguientes:

• Restablecer los tipos máximos en el impuesto sobre la renta en un 39,6%, desde un 35%, para aquellas personas que tengan unos ingresos superiores a 400.000 dólares anuales (o 450.000 si se tienen en cuentan los ingresos de la pareja).

• Incrementar la imposición sobre ganancias de capital y dividendos superiores a 400.000 dólares anuales (450.000 si tributan conjuntamente), que pasará de tributar a un tipo del 15% a uno del 20%.

• Elevar el impuesto federal de sucesiones para las herencias cuyo valor supere los 5.000.000 de dólares (indexado a la inflación) por persona, desde un 35% hasta un 40%.

• Eliminar determinadas deducciones específicas para personas con ingresos superiores a 250.000 dólares (300.000 por parejas).

• Mantener, de manera indefinida, las rebajas fiscales aplicables sobre los tipos marginales en el impuesto sobre la renta de las personas que tengan unos ingresos inferiores a 400.000 dólares anuales (450.000 si tributan en pareja).

• Elevar el mínimo exento del impuesto mínimo alternativo desde 48.450 hasta 50.600 dólares (de 74.445 a 78.750 dólares si la tributación es conjunta).

• Ampliar un año más la prestación por desempleo de emergencia, que se creó en 2008 para las personas que ya habían agotado las prestaciones estatales ordinarias.

• Prolongar durante 5 años algunas medidas fiscales, adoptadas en 2009, relativas a las deducciones fiscales por gastos en educación superior, por hijos y por familias numerosas.

• Aplazar, hasta finales de 2013, la expiración de 31 deducciones fiscales de empresas, en general, y 12 deducciones adicionales en el ámbito energético. Entre otros gastos sujetos, destacan los relativos a la investigación y desarrollo; las energías renovables; o la depreciación en un 50% de los nuevos equipos e inversiones.

• Retrasar un año, hasta finales de 2013, la rebaja de las cuotas de pago del programa “Medicare”, que evita una reducción en un 27% del reembolso por la visita al médico en 2013.

• Posponer dos meses la supresión de los recortes de gastos automáticos (divididos a partes iguales gastos militares y civiles) que se estableció en 2011 como contrapartida al acuerdo para elevar el techo de deuda en aquel entonces. De esta manera, el Congreso tendrá dos meses adicionales para alcanzar un acuerdo que defina las posibles subidas de impuestos y recortes de gastos que se van a realizar.

El impacto fiscal del conjunto de medidas para la próxima década 2013-2022 reduciría los ingresos fiscales en 3,6 billones de dólares y elevaría los gastos federales en unos 330.000 millones. Es decir, el incremento neto en el déficit público rozaría los 4 billones de dólares, respecto del escenario en el que las deducciones fiscales expiraran y la reducción de gasto prevista se llevara a cabo.

Hay que tener en cuenta que el cálculo de las estimaciones se realiza a través de la comparación con un escenario casi imposible, en el que expiran todas estas medidas. Por ello, la Casa Blanca considera que el acuerdo alcanzado implica una reducción del déficit público de 737.000 millones de dólares en los próximos 10 años, frente a un escenario en el que se mantuvieran las disposiciones fiscales existentes. Dicha reducción se consigue, principalmente, con unos 618.000 millones procedentes del incremento impositivo sobre el segmento de la población (2% de las familias y un 3% de las empresas) con mayores ingresos
y unos 104.000 millones derivados del menor desembolso por intereses de la deuda.

Un acuerdo parcial

El acuerdo alcanzado en el último momento evitó una situación crítica que hubiera llevado a los Estados Unidos a una nueva recesión económica y, en consecuencia, hubiera afectado de manera muy negativa al resto de economías del mundo. El impacto positivo del acuerdo tuvo un claro reflejo también en el sistema financiero europeo, incluido el español. En concreto, la prima de riesgo de la deuda española se ha reducido en unos 50 puntos básicos en los primeros días del año.

Sin embargo, se trata de un acuerdo parcial, que deberá ser completado en los próximos meses por uno más amplio que abarque dos cuestiones fundamentales. Una, los ámbitos donde habrá que realizar la reducción automática del gasto público prevista inicialmente para el 31 de diciembre y pospuesta dos meses.

Dos, un acuerdo para elevar nuevamente el techo máximo de deuda pública (establecido en los 16,34 billones de dólares), que fue superado el pasado 31 de diciembre. Por ello, el Departamento del Tesoro ha puesto en marcha medidas extraordinarias y temporales para contar con un margen de maniobra adicional de 200.000 millones de dólares, que evite la suspensión de pagos del país mientras se aprueba el citado aumento del umbral de endeudamiento.

La falta de consenso entre los dos principales partidos, que obligó retrasar un acuerdo hasta el último momento, hace prever unas negociaciones, en los dos próximos meses, muy tensas con implicaciones para la estabilidad económica de los Estados Unidos y bastante probables repercusiones para el resto de la economía mundial.

Además, el mencionado acuerdo supone el primer aumento impositivo en 20 años. Este incremento de impuestos fue apoyado parcialmente por el Partido Republicano, lo que supone una importante cesión frente al Partido Demócrata del Presidente Obama. Por ello, es muy probable que en las negociaciones para elevar el techo de deuda (necesario para evitar la suspensión de pagos de los Estados Unidos en unos meses) el Partido Republicano (mayoritario en la Cámara de Representantes) mantenga unas posiciones más exigentes que dificulten un acuerdo con el Partido Demócrata (mayoritario en el Senado).