CEOE reclama un Pacto por la Sanidad que evite la toma de decisiones por motivos políticos o electorales sin tener en cuenta las necesidades reales autonómicas ni su influencia en el conjunto del Estado. Así se refleja en el Libro Blanco de la Sanidad y de lo Sociosanitario, elaborado por CEOE, y que cuenta con la colaboración, entre otras entidades, de la Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Navarra (EFAN).
Resulta preciso, por tanto, un marco de actuación estable y flexible que garantice la sostenibilidad del sistema sanitario público a través de fórmulas de interacción entre los ámbitos público y privado.
En el documento (descargar íntegro), se indica que las organizaciones empresariales apoyan un sistema sanitario público, universal y equitativo. Y piden que cuente con financiación pública y con planificación, control y evaluación que sean competencia de las administraciones públicas.
En este sentido, CEOE destaca que el Sistema Nacional de Salud es un sistema eficaz en la gestión asistencial y que goza de muy buena valoración tanto en España como internacionalmente. Igualmente destaca su alto grado de profesionalidad y la alta tecnología innovadora.
Otra de las propuestas empresariales estriba en que se promueva la cohesión y la equidad del sistema a través de medidas, tanto sanitarias como de política farmacéutica, adoptadas por las Comunidades Autónomas que sean conformes a la normativa estatal y comunitaria vigente. Con ello se trata de evitar desigualdades interterritoriales y amenazas a la unidad de mercado, así como contribuir a la suficiencia y sostenibilidad del SNS.
Igualmente, entre las propuestas se encuentra la necesidad de revisión de los Presupuestos y de la inversión sanitaria para evitar la morosidad e impagos de las administraciones con las empresas.
Además, el libro Blanco de la Sanidad y de lo Sociosanitario elaborado por CEOE subraya la apuesta decidida por las fórmulas de colaboración Público-Privada, cuyos modelos “representan oportunidades de sinergias y eficiencias que deben ser aprovechadas con una adecuada coordinación y control públicos”. Los modelos de colaboración público-privada no significan “una privatización” de la sanidad ni disminuyen los derechos de los ciudadanos, ya que la titularidad de los centros hospitalarios sigue siendo pública.
Se recogen también prioridades como la puesta en valor del medicamento, la tecnología sanitaria y la prestación farmacéutica; la finalización del proceso de transformación digital del Sistema; garantizar el acceso de los pacientes a las mejores y más eficaces tecnologías sanitarias disponibles o apoyos al desarrollo del turismo de salud o la internacionalización del sector, entre otras.
Por otro lado, nos enfrentamos a una población cada vez más envejecida y a un número creciente de pacientes crónicos y pluripatológicos, lo que demanda una coordinación socio sanitaria, especialmente en el área de la dependencia, que aborde esta cuestión y articule medidas y recursos que permitan actualizar los métodos ya conocidos de provisión de salud. Todo ello contando con el sector privado.