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Revista de prensa - 06 de mar.
"Los agentes sociales muestran sensatez" (El Economista, 3 de marzo)
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“Formación: partido con prórroga” (Suplemento económico de El País, 8 de marzo de 2015)

El pasado lunes, se celebró un encuentro de una delegación de CEOE y CEPYME con la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, en el que los representantes empresariales reclamaron al Gobierno que no limite su capacidad de gestionar la formación, además de mostrar su desacuerdo con determinados aspectos técnicos del borrador de Real Decreto. En el transcurso de la reunión, la Secretaria de Estado aseguró que estaba dispuesta a llevar a cabo algunas modificaciones del real decreto que prepara el Gobierno con las líneas maestras del nuevo modelo, y según el cual empresarios y sindicatos dejarán de participar en la gestión de los fondos que las empresas aportan para la formación de sus empleados. No obstante esta aparente disposición, el Gobierno dejó claro que en ningún caso reconsiderará el sometimiento de los fondos destinados a formación a concurrencia competitiva entre entidades acreditadas, así como la exclusión expresa de la gestión de dichos fondos y de la impartición de cursos a los agentes económicos y sociales.

Según la agencia EFE, los representantes de la patronal recordaron al Ministerio que “no tiene potestad” para decidir sobre los fondos y que deberían ser los agentes sociales quienes los gestionen, al ser ellos quienes aportan el dinero con el que se nutre el sistema. En concreto, a formación se destina el 0,7%  de las cotizaciones de cada nómina de los asalariados. El 0,6% procede de las cuotas empresariales y el 0,1% lo aportan los trabajadores.

Además, la patronal remarcó que la cuota con la que se financia la formación profesional es finalista, para ser destinada a formar trabajadores en activo y, en ningún caso, debería ser utilizada para financiar otras políticas activas de empleo ni a nivel nacional ni autonómico, cuya financiación debe corresponder a los presupuestos generales. En total, ese 0,7% de cuota de cotización que llega a las arcas de la Seguridad Social para formación, suma un total de 1.800 millones de euros al año.

Tal y como informamos, la semana pasada, en nuestro CEN7días, la cuota por formación profesional nació de un acuerdo (1er. Acuerdo para la Formación) alcanzado en 1992 entre CEOE y los sindicatos UGT y CCOO, quienes comprometieron voluntariamente  la aportación de esta cuota de forma permanente por empresas y trabajadores con empleo para destinarlas a su formación continua. Ante las dificultades que representaba establecer un sistema eficaz de recaudación de la cuota así acordada entre patronal y sindicatos, solicitaron al gobierno que su recaudación se hiciera de forma conjunta con las cuotas de Seguridad Social por la mayor facilidad que ello representaba. Sin embargo, contra la creencia generalizada, la cuota para formación profesional no forma parte de las cuotas a la seguridad Social, pese a ser recaudada conjuntamente con estas,  como así lo declaran expresamente numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, especialmente varias emitidas entre los años 2013 y 2014.

En su análisis de cómo han transcurrido las negociaciones, el corresponsal económico de El País, Miguel Ángel Noceda, aseguró en la rueda de prensa que convocaron la semana pasada que, aunque los presidente de CEOE y CEPYME, Juan Rosell y Antonio Garamendi, “evitaron utilizar palabras fuertes, quedó muy claro que su intervención tenía el marchamo de ultimátum”. De hecho, asegura este, “lograron que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, retirara de la agenda del Consejo de Ministros del viernes pasado el proyecto de real decreto-ley. Parece, por tanto, que está preparada para jugar la prórroga. Las prórrogas se juegan para desempatar y hay que ver quién desempata, aunque sea en los penaltis”.

Sin embargo, Noceda añade que, “en estos casos suele ocurrir que los partidos acaban en un empate pactado del que todos salgan más o menos contentos. Otra posibilidad es que se suspenda antes de terminar y los jugadores se retiren de la cancha, por mucho que Rosell se mostrara optimista en cuanto al tiempo de juego que queda por jugar”.

“La subida salarial pactada alcanza el 0,67% en febrero” (Cinco Días, 12 de marzo)

Aun negociándose el acuerdo para la negociación colectiva, Cinco Días ponía de manifiesto, ayer jueves, que los convenios suscritos a 28 de febrero, siguen las indicaciones de moderación salarial recogidas en el II AENC. En concreto, hasta finales del mes pasado, “se habían registrado en total 449 convenios colectivos, un 23,5% más que en los dos primeros meses de 2014, con efectos sobre 1,63 millones de trabajadores, cifra un 3,9% inferior a la del mismo periodo del año pasado. La subida salarial media fue del 0,67%, por encima del dato de enero (0,63%) y del contabilizado un año antes (0,60%).

“Uno de los objetivos que tenemos como país es que las pymes sean más grandes” (Antonio Garamendi, en el suplemento económico de La Razón, 8 de marzo)

“Todo lo que sea crecimiento fortalece a las empresas, por ejemplo, en su internacionalización”. Estas son algunas de las declaraciones del presidente de CEPYME que se publicaron en el suplemento económico de La Razón, el pasado domingo. En la entrevista, Garamendi reclama apoyo a las pymes, por ejemplo, de cara a su mejora tecnológica. El representante de las pymes sostiene que “España necesita una mayor industrialización. La clave está en la tecnología, el diseño y la innovación… Estamos muy lejos del 20% del PIB en industria que establece la UE. Tenemos actualmente un 13% frente al 17% que tuvimos”.

“Presente y futuro de los planes de pensiones: queda camino por andar” (Expansión, 11 de marzo)

“La suficiencia del sistema público como único sostén de las pensiones está en entredicho. Una demografía tendente al envejecimiento acelerado de la población y la grave crisis de los últimos años han alimentado las dudas. Pero a la vez, la misma adversidad económica ha mermado la capacidad de ahorro de los españoles a través de instrumentos de previsión privados y ha entorpecido el desarrollo del segundo pilar, constituido por los planes de empleo”. Este debate se puso de relieve en el foro sobre Planes de pensiones organizado por Expansión y Santa Lucía Seguros, en el que también se habló de la reforma del Reglamento que rige los planes y fondos de pensiones y la del régimen del IRPF.

“Un balón de oxígeno para empresas en crisis” (Suplemento económico de La Razón, 8 de marzo)

“Oxígeno para compañías moribundas, aire para respirar tras una asfixia en números rojos. Si los gatos tienen siete vidas, las empresas también pueden resucitar”. Así se refirió, el domingo, el diario La Razón a la reciente Ley de Segunda Oportunidad. El reportaje incluye declaraciones como la del presidente de la Confederación Española de los Jóvenes Empresarios (Ceaje), Juan Merino, que sostiene: “las empresas resucitan. La pedagogía con los empresarios es muy importante, así como que acreedores y proveedores lleguen a un acuerdo en la quita”. Sin embargo, también cabe destacar que, tal y como informamos en el anterior CEN7días, la referida ley también tiene letra pequeña.

El artículo también aporta datos de mortandad empresarial. Según el informe sobre segunda oportunidad, elaborado por el Consejo General de Economistas, el registro de bajas de empresas en España, ha superado de media anual las 300.000 unidades. Entre 2008 y 2013, 2.664.056 empresas cesaron su actividad. Se trata de la desaparición de un 11-13% de las empresas registradas en los diversos ejercicios.

“El mapa de los impuestos autonómicos en 2015” (Expansión, 11 de marzo)

El diario económico se hacía eco, el pasado miércoles, del Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2015, publicado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales, según el cual, “la brecha fiscal entre comunidades se acrecienta y el mapa de los impuestos autonómicos se complica en el año de la reforma fiscal. Trece autonomías han realizado cambios en la tarifa del IRPF de 2015 para adaptarse a la bajada estatal. Andalucía y Cataluña no lo han hecho, y se sitúan como las regiones con la fiscalidad más elevada de España, también  en Patrimonio y Sucesiones frente a Madrid, que vuelve a posicionarse como la que menos impuestos grava, a una distancia aún mayor que en años pasados”. Otro detalle de este informe es que, en Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), “solo en Madrid y Navarra (6%) y Canarias (6,5%) se aplica un tipo inferior al 7% que es el que tiene los territorios forales”.

“Las autonomías mejoran 7 días el pago a sus proveedores, pero aún incumplen” (El Economista, 11 de marzo)

En concreto, según los datos de Hacienda, las regiones tardan 50,83 días en hacer frente a sus facturas. El diario El Economista recoge que esto supone que las administraciones autonómicas “han mejorado su periodo medio de pago en 7,32 días en relación a noviembre, es decir, en un solo mes, pero implica, al mismo tiempo, que siguen incumpliendo la ley. Esta establece un plazo máximo de 30 días para saldar esas deudas”. Del mismo modo, si las CCAA han reducido su periodo medio de pago, las entidades locales han mejorado en 5,62% ese plazo en septiembre (último mes del que se disponen datos) y ahora tardan 19, 22 días en abonar las facturas por los servicios que les han prestado o los bienes que han adquirido a sus proveedores.

“El contrato de emprendedores registra su mejor año tras aumentar en un 17% (El Economista, 10 de marzo)

Así lo registra Randstad en su último informe sobre el contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores, medida estrella de la reforma laboral de 2012. Estos contratos han crecido más de un 17% entre febrero de 2014 y el mismo mes de 2015, con un total de 98.755 contratos en dicho periodo. En el caso de Navarra, se han suscrito 2.835 contratos de este tipo (un 1% del total nacional).

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