“El Gobierno rectifica y permite a los despedidos jubilarse a los 61 años” (El País, 4 de septiembre)

Tras una reunión, el miércoles, entre el Ministerio de Empleo, patronal y sindicatos, se llegó a un acuerdo para rectificar la orden de la Seguridad Social que amenazaba con impedir a 30.000 trabajadores despedidos jubilarse a los 61 años, pese a que estaban en vías de consolidar este derecho. Estos trabajadores, despedidos individualmente antes del 1 de abril de 2013, y que actualmente cotizaban individualmente pagando las cuotas de su bolsillo, podrán acceder a la pensión de jubilación parcial hasta el 1 de enero de 2019, en las condiciones previas a la reforma de pensiones de 2011. Esto es, con 61 años y 30 años cotizados, tal y como explicaba el diario Cinco Días, ayer jueves.

Por su parte, El País informaba de que la Seguridad Social se pondrá en contacto durante los próximos días con el millar y medio de trabajadores que han sufrido en primera persona las restricciones en su pensión, para informarles del mantenimiento de su derecho a la jubilación anticipada a los 61 años y en los términos previstos.

“Los ingresos del Estado suben un 8,2%, pese a que ‘pincha’ Sociedades” (El Economista, 2 de septiembre)

Esta semana, el diario “El Economista” reflejaba los últimos datos relativos a recaudación fiscal. En concreto, el Estado consiguió elevar sus ingresos hasta julio en un 8,2% en relación al año anterior (73.279 millones de euros.). Sin embargo, si se desglosan los distintos impuestos, destaca el aumento en recaudaciones como la del IVA, que se ha incrementado un 10,2%, en contraste con el pronunciado descenso de lo recaudado por Sociedades, que cae un 49,6%.

Por otra parte, los ingresos del impuesto sobre la renta se elevan un 5,3%, hasta los 45.936 millones, debido principalmente al incremento de las retenciones del trabajo tanto por la mejora del empleo, como por la del tipo de retención, pero también por el efecto de la paga extra de los funcionarios públicos.

“La UE obliga a cambiar el Impuesto de Sucesiones por discriminatorio” (Expansión, 4 de septiembre)

Otro impuesto es el de Sucesiones y Donaciones, el cual, según la sentencia que dictó el miércoles el Tribunal de Justicia europeo, discrimina a los no residentes en España, así como a los españoles que transmiten o reciben bienes en el extranjero. Según el diario “Expansión”, los no residentes están pagando por encima de 30 puntos más que los residentes.

“Ametic arremete contra la presión fiscal que sufre el sector tecnológico” (El Economista, 2 de septiembre)

Otra crítica al tratamiento fiscal español ha venido esta semana por parte del presidente de Ametic (patronal de las empresas TIC), José Manuel de la Riva, que denunció el lunes una “presión fiscal muy alta, en un entorno de ingresos a la baja y de fuertes inversiones”. Éste, en declaraciones recogidas por “El Economista”, advirtió de que el sector tecnológico español ha desplomado sus ingresos el 18% en los seis últimos años hasta finales de 2013.

“Ser autónomo y cobrar el paro, ahora más fácil” (Cinco Días, 1 de septiembre)

Desde noviembre de 2010, los trabajadores por cuenta propia cotizan para recibir una prestación por cese de actividad (equivalente al paro de los trabajadores por cuenta ajena), si su empresa va mal, y pueden cobrarla desde ese mismo mes de 2011. Sin embargo, “hasta la fecha, de los 600.000 autónomos que cotizan por esta contingencia, tan solo el 1% ha solicitado la prestación, es decir unos 6.000 autónomos”.

En cambio, y tal como revelaba, el pasado lunes, el diario “Cinco Días”, para mejorar la protección de este colectivo, el Gobierno ha suavizado este verano las exigencias para el cobro de esta ayuda en la nueva Ley de Mutuas, y detalla algunos de los requisitos necesarios para percibir la prestación, como el de hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. “Si no fuese así, el trabajador tendría 30 días naturales para abonar la cantidad adeudada con la Administración. Así, un trabajador autónomo tendrá la posibilidad de poner fin a su actividad y acceder a la ayuda si su causa se corresponde a una serie que se indica en la nueva Ley de Mutuas”, como la de entrar en pérdidas económicas.

También hay novedades respecto a la cotización a pagar para cobrar la ayuda. A partir de ahora, la Ley de Presupuestos Generales del Estado fijará cada año el tipo de cotización aplicable a la base (promedio de las bases por las que se cotizó en los últimos 12 meses). El tipo no podrá ser inferior al 2,2% ni superar el 4%.

“Sube el plazo de pago a proveedores de 27 a 36,5 días” (El Economista, 2 de septiembre)

El pasado martes, el diario “El Economista” se hacía eco de los datos dados a conocer por el Ministerio de Hacienda que demuestran cómo el Estado elevó, en el segundo trimestre del año, los días que tarda de media en pagar a sus proveedores, subiendo de los 27 días a los 36,5 días. Esto contrastaría, además, con la Ley de Morosidad, que obliga a las Administraciones a pagar en un plazo máximo de 30 días.