“El Constitucional justifica el contrato con un año de despido gratis por la grave coyuntura” (El País, 22 de julio)

El Tribunal Constitucional hizo pública esta semana su última sentencia sobre la Ley 3/2012, en la que avaló tres peculiaridades de la reforma laboral que vienen siendo objeto de debate desde que se aprobara la Ley 3/2012: el periodo de prueba de un año del contrato para emprendedores (para empresas de menos de 50 trabajadores), el arbitraje en el “descuelgue” y la prioridad del convenio de empresa.

Respecto al primer punto, el diario El Economista señalaba que, conforme a la sentencia, el periodo de prueba de un año es una “excepción”, constitucional en cuanto sirve para crear empleo. “En concreto, tal medida resulta ‘razonable’ y ‘supera la regla adecuada de proporcionalidad entre el sacrificio que supone para la estabilidad en el trabajo (…) y los beneficios que puede representar para el interés individual y colectivo del fomento y creación de empleo estable’”.

Este diario económico también recoge la postura del Constitucional acerca de la posibilidad de someter a un arbitraje público tripartito la decisión sobre el llamado “descuelgue” del convenio colectivo cuando las partes no alcancen un acuerdo. Según el Tribunal, nuevamente, “la coyuntura económica se convierte en el razonamiento que justifica este arbitraje obligatorio, que se basa en la necesidad de mantener la estabilidad de la empresa y, con ello, del empleo. Por último, “la sentencia también valida la atribución al convenio colectivo de empresa de ‘una prioridad aplicativa absoluta’, por encima del sectorial y ello basándose nuevamente en “la defensa de la productividad y viabilidad de la empresa”. Tal y como también informaba el diario El País, este texto contó con el voto particular del magistrado Fernando Valdés, que expuso, sin embargo, que “el carácter coyuntural no constituye en modo alguno un parámetro de constitucionalidad”.

Siguiendo en el campo de la doctrina judicial derivada de la reforma laboral, y tal y como informó el jueves el diario ABC, el Instituto Internacional Cuatrecasas aseguró que la discordia en las sentencias de ERE “crea inseguridad jurídica”. El director de esta entidad, Salvador del Rey, pidió a la sala de lo Social del Tribunal Supremo “incrementar esfuerzos” para establecer y unificar criterios en asuntos esenciales y subrayó que “no es razonable” que varias sentencias del Supremo cuenten con muchos votos particulares, que en algunos casos han llegado a sumar casi la mitad de los mismos.

“Empleo vuelve a abrir la ‘hucha’ de las pensiones” (El Economista, 22 de julio)

Si el mes pasado el Gobierno ya tuvo que recurrir a la conocida como “hucha” de las pensiones para hacer frente a la paga extraordinaria de los pensionistas, esta semana se conocía que “la Seguridad Social sacará otros 500 millones de euros del Fondo de Reserva para garantizar el pago puntual de las pensiones contributivas del sistema público en el mes de julio”. Tal y como apuntaba, el pasado martes, el diario El Economista, con esta disposición, la “hucha” asciende a un importe de 48.722,14 millones de euros, cantidad que representa el 4,76% del Producto Interior Bruto del año 2013.

“Empleo de por vida, sólo en las administraciones” (El Mundo, 19 de julio)

La crisis pasa factura a la antigüedad laboral. Así lo remarcaba una información publicada en el diario El Mundo, que recogía datos de que sólo el 52% de los asalariados privados conserva un trabajo con más de seis años de antigüedad. Por el contrario, la cifra de empleados con un puesto de larga duración se dispara al 81% en el sector público.

Si se analizan las cifras por sectores, se pone de relieve que, desde 2008, ha disminuido el número de personas con seis o más años de antigüedad en la construcción en un 36% menos, unos 300.000 trabajadores. Sin embargo, ha crecido el número de los empleados más veteranos en las administraciones (22% más), sanidad (42%), educación (11%), así como la energía (39%) y actividades administrativas (53%).

“La jubilación inicial en 2025 será un 3% inferior a la actual” (La Razón, 24 de julio)

El pasado miércoles, el Banco de España advirtió de que “las generaciones futuras de jubilados disfrutarán de una pensión inicial menor, pero la recibirán durante más tiempo, al gozar de una esperanza de vida mayor”. Así lo reflejaba el diario La Razón, en referencia a la aplicación del factor de sostenibilidad, que viene relacionado con “los elementos que determinan el equilibrio financiero del sistema y el incremento de la esperanza de vida, respectivamente”.

“Las pymes suspenden en innovación” (Suplemento Mercados, de El Mundo, 20 de julio)

Así lo advertía el suplemento económico del diario El Mundo, el pasado domingo, recogiendo datos de encuestados por el Instituto Nacional de Estadística, que revelan que, “en el año 2010, el último con datos disponibles, 23.060 pymes españolas realizaron actividades innovadoras, un 33% menos que en 2008”. Además, “algo parecido ocurre con las empresas que realizan actividades de I+D interna: en 2010 eran 7.771 pequeñas y medianas empresas, un 34% menos que dos años antes, lo que pone de manifiesto la incidencia de la crisis también en este ámbito. Según las encuestas, para el 45% de las empresas, el coste es lo que más dificulta la inversión en I+D.

“IRPF y Sociedades seguirán por encima de la media europea con la reforma fiscal” (Cinco Días, 21 de julio)

A pesar de la reforma fiscal planteada por el Gobierno de Mariano Rajoy, España seguirá teniendo unos impuestos más altos que la media europea, a pesar de que su recaudación es menor. Así lo puso de manifiesto el diario Cinco Días, en un reportaje publicado el pasado lunes, en el que muestra cómo España pasará de tener el quinto tipo marginal máximo del IRPF más elevado de Europa (52%), a pasar a la posición dieciséis (con un tipo al 45%), dos puestos por encima de la media europea (en el 39,4%).

Menor es el descenso de posiciones en el tipo nominal de sociedades, que pasa de la séptima posición (con un tipo del 30%) a la once (con un tipo del 25%), también dos puestos por encima de la media europea (del 22,9%), y muy por encima de, por ejemplo, Reino Unido (tipo del 21% en Sociedades). Por el contrario, según este diario económico, “el IVA es el único gran tributo que en España se encuentra por debajo del promedio de la UE”. En concreto, con un tipo general del 21%, ocupa el puesto 18, mientras que la media europea de los 28 está en el 21,53%  (seis puestos por debajo de la media comunitaria). Países como Francia (20%), Reino Unido (20%) y Alemania (19%) mantienen tipos de IVA todavía inferiores.

Como se ha mencionado, a pesar de los tipos elevados, “España es el duodécimo país que más ingresa por el impuesto sobre la renta, según los datos recopilados por la Unión Europea y que corresponden a 2012”. Por ejemplo, el IRPF aporta recurso equivalentes al 7,7% del PIB, un porcentaje que se encuentra por debajo de la media de la UE (9,4%).

El diario Cinco Días también detalla en este reportaje cómo se ha generalizado en Europa una “ola de rebajas impositivas para atraer a empresas”. En concreto, son 23 los países que han llevado a cabo, en el último año, reducciones en el impuesto de sociedades. La fuente que cita el diario en esta información es un estudio publicado por KPMG, que evalúa las tendencias tributarias globales tras analizar 130 Estados.

Asimismo, esta fuente es a la que se refiere el diario Expansión, que, en un artículo también relativo a la fiscalidad comunitaria, apunta que “podría decirse que las subidas de los tipos de impuestos indirectos en los últimos años son prueba de que se están convirtiendo en los ‘impuestos preferidos’ por los Gobiernos de todo el mundo, que intentan recaudar los fondos que tanto necesitan”. “Los impuestos indirectos constituyen una fuente de ingresos a la que muy pocas administraciones pueden resistirse. La recaudación no depende de beneficios empresariales; ofrecen un flujo de ingresos, generalmente más estable y continuo, en lugar de sumas más o menos importantes de efectivo recibidas en periodos dilatados de tiempo, y se recaudan con mucha más rapidez que los impuestos sobre sociedades”, señala a este periódico el socio responsable del área de Tributación Indirecta de KPMG Abogados, Celso García Granda.

“Hacienda negocia subir el límite exento por despido a 180.000 euros” (El Economista, 22 de julio)

Siguiendo en el plano de la reforma fiscal, El Economista señaló el martes que el Ministerio de Hacienda ultima un texto que no goce del rechazo de patronal, sindicatos y expertos, en el que uno de los pocos puntos en común sería el de poner un tope a la tributación de la indemnización por despido de 180.000 euros. Precisamente, ésta es la cantidad fijada también en la fiscalidad foral tanto de País Vasco como de Navarra.

Por otra parte, según los cálculos del propio ministerio, el año que viene se espera ingresar por estos efectos unos 130 millones de euros, cantidad que podría descender a 70 porque el Ejecutivo espera que el número de despidos caiga por la recuperación de la economía. El diario económico también recoge unas declaraciones del presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, en las que no ve razonable tributar por una indemnización por despido porque “no es un salario, sino una compensación a una pérdida de empleo”.

“Cepyme avisa que la morosidad afecta al 60% de las pymes” (Cinco Días, 23 de julio)

El pasado miércoles, el diario Cinco Días se hacía eco de los datos revelados por el secretario general de Cepyme, José González-Ruiz, durante la presentación del Boletín de morosidad y financiación empresarial, que advierte de que “el 60% de las pymes se ve afectada por la morosidad comercial. Además, el 22% de estas entidades tiene, desde junio, facturas pendientes de cobro por valor del más del 10% del total de sus ventas”. Según González-Ruiz, “este porcentaje para muchas empresas es el margen; los únicos beneficios que sacan”.

“Rosell pide a los trabajadores mayores que cedan sus derechos a los jóvenes” (Expansión, 23 de julio)

Esta semana, el presidente de CEOE, Juan Rosell intervino en la asamblea general de la patronal tecnológica Ametic, y, tal y como recogió Europa Press, aseguró que “lo que ‘se tiene que hacer’ en España es contratos indefinidos distintos de lso que hay actualmente, con ‘menos derechos’, y compensar a su vez los contratos temporales para contar con ‘las mismas reglas de juego’. A su vez, recordó que “se está logrando con un crecimiento previsto del 1,2%, crear empleo, mientras que antes generar ocupación costaba crecimientos de entre el 2% y 3%”. Por su parte, Expansión se hizo también eco de las declaraciones en las que el presidente de la patronal pidió al Gobierno que siga “apretando el acelerador” de las reformas porque aún “queda mucho por hacer”.