“Empleo espera ingresar casi 1.000 millones por los salarios en especie” (El Economista, 14 de julio)

Ésta es la cantidad que, según las fuentes consultadas por El Economista, prevé ingresar el Ejecutivo a raíz de las cotizaciones por retribuciones en especie, que se introdujeron en el Real Decreto-ley 16/2013, y cuyo plazo para abonarlas concluirá el próximo 31 de julio. Además, el diario se hace eco de nuevas críticas a estas cargas, ya que los representantes de trabajadores y empresarios acusan al Ejecutivo de encallar la negociación colectiva.

“Desde la CEOE, aseguran que estaban estudiando incrementos salariales que ahora van a paralizar”, señala El Economista. Por su parte, los sindicatos “reconocen que este paso unilateral del Gobierno se inmiscuye en aspectos de la negociación que ya estaban encaminados”. De hecho, según este medio, el propio Gobierno sí sostiene que “se metió en medio”, pero con el fin de “garantizar que los trabajadores siguieran cobrando prestaciones dignas en caso de paro o baja”. Estas fuentes señalan que “queríamos erradicar una tendencia que se estaba extendiendo con la crisis de bajos sueldos y, en paralelo, pagar hasta un 40% de la nómina en tiquets comida”.

Dicho todo esto, el artículo concluye que “queda aún por saber qué efectos reales tendrá este paso en el escenario laboral, es decir, si además de suponer una inyección para el estado, esta nueva protección a los trabajadores se convierte en un escudo real o si, en línea con el espíritu de las advertencias de Bruselas, aumentar las cotizaciones se convierte en un repulsivo para el empleo”.

“Menos y cada vez más mayores” (suplemento Mercados, de El Mundo, 13 de julio)

En su suplemento económico, el diario El Mundo se hizo eco, el pasado domingo, de los últimos datos relativos a la demografía y de cómo ésta se ve afectada por el fenómeno del envejecimiento de la población.  Tal y como pone de relieve el rotativo, “España ha perdido en dos años 310.456 habitantes y ganado 313.849 mayores de 65 años”. Según los expertos, “el sistema no puede soportar esta tendencia a largo plazo”.

Los datos del INE ponen de manifiesto que el número de personas mayores de 100 años se duplicará en los diez próximos años, según las proyecciones de población realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este colectivo pasará de 12.033 personas en 2013 a 23.428 en 2023. Tal y como explica el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Mahía, “en 1975 la edad mediana era de 30 años y hoy es de 41: cada año que pasa, la población, en promedio, ha envejecido 100 días”.

Con todos estos datos, “una de las amenazas a largo plazo más preocupantes para los expertos consultados pende sobre el sistema de pensiones”, reza el artículo, ya que, por ejemplo, “la salida de extranjeros ha ido emparejada a una fuerte reducción del número de afiliados a la Seguridad Social. Esta cifra se ha reducido un 16% entre los años 2009 y 2013, equivalente a 309.001 personas”. Frente a estas magnitudes, el responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG, Cándido Pérez, advierte de que “el envejecimiento de la población va a tensar la sostenibilidad de las cuentas públicas”. Por su parte, Mahía señala que “retrasar la edad de jubilación es obviamente una solución rápida y sencilla, aunque hay otras tantas medidas que deberán ir aplicándose progresivamente sin alternativa alguna”. En este sentido, “las medidas de estímulo para prolongar voluntariamente la edad de jubilación son las más adecuadas”.

Un reflejo de este fenómeno está en el mayor gasto que requieren las pensiones. De hecho, el diario Expansión advirtió, el pasado sábado, de que la hucha de las pensiones baja ya de los 50.000 millones. En concreto, su cantidad actual es de 49.239 millones de euros, el 4,5% del Producto Interior Bruto. “Así ha quedado, tras la última decisión del Gobierno de retirar en junio 5.500 millones de euros para hacer frente a la paga extraordinaria de verano a los pensionistas”.

Juan Rosell, presidente de CEOE: “Hay un margen brutal para recortar en la Administración” (La Nueva España, 13 de julio)

Estas declaraciones eran recogidas, el pasado domingo, en una entrevista publicada por el diario asturiano La Nueva España, en la que el presidente de la patronal reconoce que, “en los sectores que empiezan a funcionar mejor es momento de poner encima de la mesa un crecimiento de los salarios más normal”, aunque añade que han de introducirse nuevos conceptos de los que dependan los incrementos salariales, como la productividad o la competitividad. Preguntado por la reforma fiscal planteada por el Gobierno nacional, Rosell asegura que “lo que queremos los empresarios es ganar mucho dinero y pagar muchos impuestos”.

Montoro rectifica y no impedirá a las empresas deducirse los despidos (Expansión, 15 de julio)

El pasado martes, el diario Expansión se hacía eco así de cómo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió retractarse del anuncio que realizó la semana pasada, acerca de que las empresas no se podrían deducir los despidos en el Impuesto sobre Sociedades. Según el diario económico, “la oposición que exhibieron patronal y sindicatos a la medida fue total, con lo que Hacienda tuvo que rendirse a la evidencia”.

Y es que, según los fiscalistas, “la no deducibilidad del despido puede vulnerar el principio constitucional de capacidad económica y supone doble imposición”. Sobre todo, la iniciativa encarecería los despidos, reduciría la contratación y complicaría la contratación de empleados fijos, porque los temporales apenas tienen indemnización. Por otra parte, además, “el Fisco insistió en que elevará la cantidad exenta de tributar en el IRPF”. Según el diario ABC, “Montoro sopesa elevar a 180.000 euros la exención por los despidos”, que, por cierto, es la misma cantidad que ya existe en el País Vasco y Navarra.

Por otra parte, el miércoles, Expansión también anunciaba que Montoro planea “suavizar el golpe en las deducciones de Sociedad”. Por ejemplo, “el Fisco está dispuesto a modular la medida que limita la deducción de gastos financieros o la compensación de bases negativas”. Además, y según reconoció el propio director general de Tributos, Diego Martín-Abril, se podría modificar el límite para la exención por doble imposición, que en la reforma se fija para participaciones valoradas en más de 50 millones, “porque los empresarios han mostrado preocupación”.

El Tribunal Constitucional avala el despido gratis en el primer año de contrato (El País, 16 de julio)

Fue el martes cuando este Tribunal emitió un fallo (con nueve votos favorables y tres en contra) que, junto con otra resolución del pasado mes de febrero, “vacían de contenido el recurso presentado por el conjunto de la oposición de izquierdas, sobre el que el Constitucional todavía no se ha pronunciado”. Según cita el diario El País, “ha quedado avalado por el tribunal de garantías constitucionales el contrato de emprendedores, que fue una de las grandes apuestas del Gobierno para estimular la contratación indefinida”, y que contempla el despido gratis durante el primer año de prueba. Sin embargo, también apunta que “todavía queda por aclarar si se ajusta a la Constitución las nuevas facilidades que dio el Gobierno a la hora de despedir o la vía que dejaba el camino libre para la aplicación de expedientes de regulación de empleo en el sector público”.

Báñez pide a los agentes sociales que renueven el pacto salarial (El Economista, 16 de julio)

Esta semana, también fue noticia la reanudación del diálogo social entre Gobierno, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO. Según fuentes próximas a la negociación (El Economista cita, a su vez, las de Europa Press), “la reunión se centró en el empleo, sobre todo en el paro juvenil y de larga duración”. La ministra de Empleo, Fátima Báñez también solicitó a los agentes sociales que renueven el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva.