Se refiere a los nuevos conceptos incluidos en la disposición final tercera del Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre (para descargarse el Real Decreto, pulse aquí), que introdujo nuevos elementos susceptibles de cotizar a la Seguridad Social y elevó las cargas sobre otros (para descargarse la nota de la Seguridad Social, con las nuevas cotizaciones, pulse aquí).

Por ejemplo, la nueva normativa ha pasado a incluir las aportaciones que algunas empresas hacen a planes de pensiones en nombre de sus trabajadores. Así como, hasta el Real Decreto 16/2013, las mejoras de las prestaciones de la Seguridad Social distintas a la Incapacidad Temporal (que incluyen las contribuciones por planes de pensiones y sistemas alternativos) estaban exentas de computar en la base de cotización, ahora estas aportaciones tendrán un recargo adicional del 23,60% para la empresa, y del 4,70% para el trabajador. Por otra parte, los pluses de transporte y de distancia, que hasta ahora sólo computaban en aquella cantidad que excediera sobre el 20% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), pasarán ahora a cotizar por su importe íntegro. Esta medida, combinada con el aumento del tope de la tarifa máxima en un 5%, encarecerá notablemente esta medida complementaria de la acción protectora de la Seguridad Social, obligando a su cotización cuando, precisamente, desde el propio Gobierno se viene recomendando el establecimiento de estos planeas ante el incierto futuro del importe de las pensiones. En muchos casos se dará la paradoja de que el exceso de cotización ahora establecido, además de encarecer las aportaciones para la empresa y el trabajador, no tenga efecto alguno sobre la futura pensión de los ciudadanos, por estar limitada por unos topes que hacen inútil la sobrecotización.

Asimismo, pasarán a cotizar por su importe íntegro la entrega gratuita o a precio inferior al de mercado de acciones o participaciones de la empresa o empresas del grupo (hasta ahora, sólo cotizaba por la cantidad que excediera de 12.000 euros anuales), así como las entregas de productos a precios rebajados que se realicen en comedores de empresa (ahora la cotización era por la cantidad que excediera de nueve euros al día). También pasan a cotizar las asignaciones en forma de primas de contrato de seguro por accidente de trabajo o la prestación del servicio de guarderías.

Postura de CEOE

En este sentido, CEOE ha mostrado su rechazo a causa de estas nuevas imposiciones de la política recaudatoria del Gobierno. El mes pasado, tras la sesión de su Junta Directiva, se trasladó por unanimidad un mensaje contundente al Gobierno: que retire el Real Decreto Ley 16/2013, que incrementó las cotizaciones sociales sobre retribuciones en especie e incluyó otras por conceptos que hasta ahora estaban excluidos como las aportaciones a planes de pensiones, seguros médicos o incluso vales de guardería. Los empresarios también reclaman que se constituya una comisión con los agentes sociales para "analizar el impacto económico y social y las consecuencias legales de integrar en el salario los conceptos que no lo son".

Y es que, según CEOE, las medidas que se incluyeron, casi de tapadillo, en el BOE del pasado 21 de diciembre, conllevan un “castigo recaudatorio con el que no estamos de acuerdo”, según fuentes recogidas por el diario Cinco Días, y suponen un grave perjuicio tanto para empresarios como para trabajadores y, por tanto, al conjunto de la actividad económica. Además, la patronal advierte de que esta iniciativa “debería haber estado precedida de la preceptiva consulta como es habitual en este ámbito, y no de forma precipitada como ha sucedido en este caso, especialmente cuando el coste puede representar, como mínimo, un punto de cotización de Seguridad Social”.

Impacto económico de la medida: 3.600 millones de euros

Concretamente, según este cálculo, el impacto que tendría esta subida de cotizaciones estaría en 3.600 millones de euros, una estimación muy alejada de los 900 millones que barajó el Ministerio de Empleo. Las nuevas cotizaciones suponen, además, una “puntilla adicional” al incremento en cinco puntos de las bases máximas de cotización que aprobó el Gobierno por segundo año consecutivo y que, de por sí, representa un impacto de 750 millones al año.

Además, algunos sectores, como el de la Federación Estatal de Hostelería y Restauración (que será muy perjudicada por el incremento de retribuciones sobre los vales de comida), han denunciado los efectos que la medida va a tener para su sector: en este caso, podría suponer la pérdida de 275.400 clientes, además de una reducción de facturación en 498 millones de euros y, en consecuencia, una destrucción de 10.000 empleos en bares y restaurantes, según las fuentes de Cinco Días.

“Indignación y hartazgo contra la política impositiva del Gobierno”, así describió el clima en CEOE el pasado jueves 16 de enero, en portada, el diario El Economista, que en su editorial señala que “el plante de CEOE, que piensa expresar al Gobierno por carta su malestar, es el mejor termómetro para señalar el profundo desacuerdo de la patronal con la política fiscal y de cotizaciones del Ejecutivo. Las empresas, que han hecho un gran esfuerzo para superar las vicisitudes de la crisis, se sienten defraudadas por el incumplimiento sistemático de las promesas electorales”, y añade: “el Ejecutivo debe rectificar y, por lo menos, no subir más las cotizaciones”.