Una vez que se apruebe, tras su trámite parlamentario, los productores tendrán que pedir una sola licencia, en una Comunidad Autónoma, y podrán comercializar sus productos en todo el país. Los prestadores de servicios tendrán también que pedir una única licencia de actividad y tendrán que atender, al igual que ocurre en Europa, a los requisitos de destino para ejercer esa actividad. El establecimiento de este principio de licencia única elimina en la práctica el coste de tener que someterse hasta a diecisiete regulaciones distintas para operar en España.

El mismo viernes, CEOE remitió un comunicado en el que consideró un paso positivo el Anteproyecto, y recordó que la patronal siempre ha impulsado y defendido la necesidad de contar con un mercado interior cohesionado que facilite el desarrollo de la actividad empresarial.

Por este motivo, CEOE confía en que la iniciativa legislativa sirva de marco para abordar medidas concretas tendentes a evitar la profusión y dispersión legislativas que afectan al normal desarrollo de la actividad empresarial. España genera más de 3.000 leyes, órdenes, decretos, etc. Al año, así como 700.000 páginas de BOE central y autonómicos, lo que sin duda entorpece el mercado y resta competitividad.

Europa, asegura la patronal, tiene un problema de exceso de gastos generales provocado por una sobrerregulación lo que supone un lastre para la competitividad y una importante restricción para el aumento de la productividad de las empresas. Sólo en el caso de las cargas administrativas, la reducción necesaria se estimó en un 25%. Por ello, es de esperar que la futura Ley contribuya a la reducción de dichos costes, cuestión prioritaria tanto en España como en el resto de la Unión Europea, para encauzar la salida de la crisis.

CEOE ha trasladado sus posicionamientos durante el proceso de elaboración del Anteproyecto de Ley, considerando imprescindible la participación de las organizaciones empresariales en los instrumentos de detección, supervisión y resolución de las distorsiones a la unidad de mercado.

Impacto económico

El departamento de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía y Competitividad estima que la aprobación de esta Ley va a suponer un aumento total del PIB del 1,52% en un periodo de diez años. El aumento sería aproximadamente del 0,15% del PIB anual los primeros diez años, en torno a 1.500 millones de euros cada año.

La sobreabundancia normativa supone un claro desincentivo a la inversión extranjera, aumenta la inseguridad jurídica e impide a las empresas beneficiarse de las economías de escala, lo que perjudica la competitividad de nuestra economía y se traduce en destrucción de empleo.

La Ley atiende a una reclamación generalizada de los operadores económicos, de las patronales empresariales y de los inversores, tanto nacionales como extranjeros. Son numerosos los organismos que han destacado la necesidad de introducir una mayor simplificación administrativa en España. El Consejo Europeo, en sus Recomendaciones a España en el procedimiento del semestre europeo, establecía la necesidad de “eliminar los múltiples obstáculos al ejercicio de la actividad resultantes de la existencia de normas múltiples y superpuestas establecidas por los distintos niveles de Gobierno”.

La medida, que está incluida en el Plan Nacional de Reformas, permitirá a España mejorar los rankings internacionales de competitividad, tal y como aseguran desde el propio Gobierno.

Cooperación administrativa

Esta Ley, según el Ejecutivo popular, está basada en la confianza y el reconocimiento mutuo y en la responsabilidad de todas las Administraciones. Se basa así en la colaboración ex ante y ex post para el control y la supervisión. La patronal ya recomendaba este procedimiento en su informe de diciembre de “Propuestas para la Ley de Garantía de Unidad de Mercado”, en el que señalaba que son necesarios estos objetivos:

- Evitar “ex ante” la incorporación de nuevas distorsiones mediante la tramitación de disposiciones legislativas de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que entrañen un riesgo potencial para generar fracturas de mercado adicionales. A estos efectos, la patronal propuso que se podría imponer la obligación de realizar un informe específico de su impacto regulatorio y sobre la unidad de mercado que incluyera el coste a que dará lugar, no sólo para las Administraciones sino también para los administradores.

- Eliminar “ex post” las distorsiones ya existentes.

Por su parte, el Gobierno, tras la presentación del Anteproyecto sostiene en este sentido, se regularán los mecanismos de cooperación entre Administraciones Públicas para la elaboración de proyectos normativos con objeto de preservar la coherencia de los mismos. Para ello, las memorias de impacto normativo de leyes nuevas de todas las administraciones tendrán en consideración su impacto en la unidad de mercado.

También se establece un procedimiento de intercambio de información especial y abreviado entre Administraciones y entre autoridades de origen y destino para el ejercicio de las funciones de supervisión. Asimismo, se establece la integración de una base de datos común de los diferentes registros sectoriales de Administraciones Públicas. También, las Conferencias Sectoriales, aseguran, van a servir de instrumentos para impulsar la buena regulación y solucionar problemas de unidad de mercado que afecten a ciudadanos, empresarios y profesionales.

Consejo para la Unidad de Mercado

Además, se crea el Consejo para la Unidad de Mercado, un órgano de cooperación administrativa para velar por el cumplimiento de la ley. El Consejo estará presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y contará con la participación de los consejeros del ramo de las Comunidades Autónomas. También formarán parte del Consejo la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que ocupará la Secretaría, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Subsecretaría de Presidencia.

El Consejo tendrá las funciones de racionalizar la normativa e impulsar cambios para la eliminación de obstáculos a la unidad de mercado. También hará seguimiento de los mecanismos de cooperación y en particular velará por la efectiva integración de los registros sectoriales. Coordinará igualmente la actividad desarrollada por las conferencias sectoriales en materia de unidad de mercado. La Secretaría del Consejo, entre otras funciones, elaborará un informe semestral de análisis y evaluación de la situación regulatoria del mercado.

CEOE considera, a su vez, que la instauración del “Consejo para la Unidad de Mercado” es oportuna, así como los mecanismos de cooperación entre administración. No obstante, recuerdan que aún cabe destacar la ausencia de mecanismos de colaboración con las organizaciones empresariales.

Solución ágil y económica a conflictos

Este Anteproyecto habilita, por primera vez, a los operadores a acudir a la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en caso de que entiendan que actos o sanciones de las Administraciones Públicas vulneran la unidad de mercado y por tanto obstaculizan la libre circulación de sus productos o servicios.

Dicha Comisión Nacional deberá decidir en un plazo de cinco días sobre la procedencia de la solicitud. Si la admite a trámite, el organismo interpondrá recurso ante autoridad judicial, lo que podrá significar la suspensión automática del acto recurrido. De esta forma, se evitan los costes de tiempo y dinero que suponen a las empresas y profesionales esperar a una resolución judicial para ejercer sus actividades económicas.

Por otro lado, para garantizar la igualdad de condiciones de las empresas y profesionales en todo el territorio nacional, esta Ley incluye el principio de no discriminación. Esto evita, por ejemplo, que sea requisito necesario para dar una autorización a una empresa que los empleados de ésta hayan recibido cursos de formación en esa Comunidad Autónoma.

Este Anteproyecto implica, además, novedades como la de la prohibición de “una práctica hoy habitual, por la cual ayuntamientos y comunidades autónomas condicionan la participación de una empresa en un concurso público –la adjudicación de una obra, por ejemplo- a que esa sociedad se instale o tenga su sede social en esa localidad o región”, tal y como informaba, el pasado sábado el diario ABC.

Un mercado cohesionado y competitivo

Con todo, este Anteproyecto recoge varios aspectos de la propuesta que ya trasladó CEOE en su informe del mes pasado, y en el que insistía en que “un mercado cohesionado y competitivo depende, fundamentalmente, de su unidad y del establecimiento de un conjunto de normas coherente y efectivo capaz de impedir y, en su caso, eliminar aquellos elementos jurídicos que socaven principios básicos para la libertad de empresa y la economía de mercado”.

Para ello, “es necesario contar con instrumentas legislativos y ejecutivos, más ágiles y vinculantes. En este sentido, se habría de contemplar la creación de órganos de control y cooperación, cuyo ámbito de actuación sería tanto el nivel interministerial como el interterritorial. Asimismo, es clave articular mecanismos operativos de resolución de conflictos”.

Afrontando este aspecto, el Gobierno “ataca un gran obstáculo” para la competitividad de España, tal y como reconoció la semana pasada el diario británico “The Financial Times”, que calificó de “ambiciosa” la reforma del mercado interno en nuestro país. Esto demuestra cómo las trabas de nuestro mercado interno tienen su eco en la Unión Europea, donde “también miran con malos ojos los problemas con los que se topa el Estado español para aplicar en todas las autonomías las reformas”, tal y como señaló el editorial de “Expansión”, el pasado 26 de enero.

Este diario económico calificó de “urgencia económica” esta garantía de la unidad de mercado, y advirtió de que “varias comunidades autónomas, como Andalucía o Cataluña, ya han puesto el grito en el cielo. Y es un error por su parte”. De hecho, el editorial considera que “las comunidades autónomas no deben ver esta ley como afrenta sino como responsabilidad compartida”. Sin embargo, en declaraciones recogidas por ABC, el presidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ya señaló que la norma “invade competencias de la comunidad y es un auténtico atentado a la protección de usuarios y consumidores”.

Fabricar diecisiete versiones de un mismo producto o solicitar diecisiete licencias

“El Periódico” de Cataluña también aportó su enfoque crítico al considerar que “la nueva ley de unidad de mercado amenaza con convertirse en foco de conflictividad”. Sin embargo, el también periódico catalán “La Vanguardia”, reconoce que “el desbarajuste legal que regula actualmente la actividad empresarial en España es tal que hay empresas que están obligadas a fabricar hasta diecisiete versiones de un mismo producto o pedir hasta diecisiete licencias para ofrecer un mismo servicios”.

Por su parte, el editorial de “El País” se refirió a la nueva propuesta del Gobierno como “un mercado racional”, y señala que “la licencia única bajará costes de producción, pero el cálculo del Gobierno es demasiado optimista”. Sin embargo, también advierte de algunos riesgos como, por ejemplo, “el hecho de que una norma autonómica pueda ser objeto de sanciones administrativas porque otra comunidad la considera lesiva para sus intereses puede provocar una carrera para entorpecer las legislaciones de territorios competidores”. Por otra parte, también señala que no se aborda la cuestión lingüística, ya que “la ausencia de cualquier mención al etiquetado indica que el problema de los extracostes de este tipo ha quedado cuidadosamente orillado por razones de coyuntura política”.

También es favorable a la nueva norma el diario “La Razón”, que asegura que “es la respuesta sensata al delirio normativo autónomico”, y señala: “la ley, inspirada en el principio de no discriminación y de acuerdo a la norma europea, se basa en la confianza, el reconocimiento mutuo y la responsabilidad de las comunidades autónomas”.